La Justicia Federal concedió la protección a favor del periodista y ex senador Marco Antonio Blásquez Salinas, dejando sin efectos una de las medidas cautelares impuesta en agosto de 2024, que le prohibía realizar expresiones públicas relacionadas con la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
 
“La resolución judicial determinó que la medida impuesta durante el proceso vulneraba derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por diversos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, específicamente la libertad de expresión de las ideas y la libertad de imprenta”, dice el comunicado del comunicador.
 
La revocación de la medida cautelar impuesta por la entonces jueza de control María Elizabeth Castro Rodríguez, hoy convertida en magistrada, exhibe el fracaso de un intento judicial por silenciar la crítica política, agrega el documento.
 
Resulta igualmente alarmante que la Gobernadora haya enfrentado este litigio respaldada por recursos públicos y que su representación legal recaiga en un integrante del propio Tribunal Superior de Justicia, Julio Díaz Meza, una combinación que refleja la utilización del poder del Estado para perseguir a un crítico y erosionar las garantías básicas de imparcialidad y libertad de expresión, considera el exlegislador.
 
El Tribunal Federal ordenó reponer el procedimiento correspondiente, al concluir que la juez de control María Elizabeth Castro Rodríguez dictó una medida no existente en la ley y sin que la fiscalía se lo hubiera solicitado expresamente en esos términos.
 
La decisión no implica una resolución definitiva sobre el fondo del proceso penal, pero sí constituye un reconocimiento judicial de que durante el procedimiento se produjeron graves afectaciones que debían ser corregidas y que, merced a la oportuna intervención de la Justicia Federal, ya se corrigieron, aclara el comunicado.
 
Marco Antonio Blásquez Salinas dijo que esta determinación representa una victoria en la defensa de principios democráticos esenciales, particularmente la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a debatir y cuestionar el ejercicio del poder público sin restricciones incompatibles con el orden constitucional.
 
El caso ha generado atención en diversos sectores debido a que la medida revocada impedía cualquier referencia pública a la titular del Poder Ejecutivo estatal, situación que especialistas en libertad de expresión consideran excepcional y particularmente sensible dentro de un sistema democrático, concluye el documento.
 

La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, informó que dos personas resultaron lesionadas tras el percance de un helicóptero vinculado a un equipo participante de la Baja 500, registrado en el Ejido Héroes de la Independencia.

De acuerdo con la presidenta municipal, los afectados fueron atendidos oportunamente por cuerpos de emergencia y serán trasladados por avión a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.

Señaló que el Gobierno de Ensenada mantiene coordinación con las autoridades competentes y con SCORE International para dar seguimiento a la situación, al tiempo que reiteró el llamado a participantes y espectadores a respetar las medidas de seguridad durante el desarrollo de la competencia. Información proporcionada por la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La gobernadora de Baja California anunció que la asistencia a clases sería opcional durante la inauguración del Mundial de futbol. Surge de inmediato la pregunta: ¿bajo qué dictamen técnico se tomó esa decisión? El artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación establecen que la educación básica es obligatoria y que el calendario escolar debe garantizar entre 185 y 200 días efectivos de clase. Ese calendario solo puede modificarse por causas extraordinarias o de fuerza mayor, y siempre con dictamen técnico y consulta a los Consejos de Participación Social. Un evento deportivo no cumple con esos criterios.

Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció que no podía modificar unilateralmente el calendario escolar y que debía consultar a las comunidades educativas, atendiendo las características de la Nueva Escuela Mexicana. Esa rectificación fue un paso hacia la legitimidad que la Constitución y la Ley mandatan. Entonces, ¿qué parte de esta lección no se entendió en Baja California?

Si no se consulta a los Consejos de Participación Social, a los sindicatos, a los padres de familia, a las comisiones ciudadanas y empresariales en educación, a las escuelas particulares, a las organizaciones y expertos de la sociedad civil, ¿para qué existen esas estructuras? Además, sería discriminatorio privilegiar únicamente el futbol, cuando para otros sectores de la sociedad son igual de importantes el básquetbol, el futbol americano, el béisbol o el box. La educación no puede ser rehén de ninguna coyuntura deportiva.

El problema, sin embargo, va más allá de una decisión sin sustento técnico. En Baja California las escuelas enfrentan carencias que ponen en riesgo el derecho a la educación. Las aulas deterioradas, la falta de ventilación y los espacios inseguros son parte de la realidad cotidiana. El déficit de maestros se refleja en grupos sin docentes titulares y en interinos que no reciben pago oportuno, lo que deja a los planteles funcionando con personal incompleto. La ausencia de protocolos integrales de riesgos escolares es otra deuda: cada escuela debería contar con personal capacitado en primeros auxilios, brigadas de protección civil y recursos para atender emergencias. A ello se suma la reivindicación pendiente de los docentes, quienes necesitan reconocimiento, capacitación continua y salarios dignos.

En un estado donde las comunidades enfrentan hospitales sin medicamentos y familias que buscan a sus desaparecidos, hablar de celebrar unidos el Mundial resulta un contrasentido. La verdadera unidad debería convocarnos a causas urgentes: ayudar a las familias que buscan justicia, apoyar a las escuelas que carecen de infraestructura, respaldar a los maestros interinos que siguen sin recibir pago, sostener a las micro y pequeñas empresas que están a punto de cerrar y defender a los pensionados a quienes se pretende reducir sus pensiones de manera arbitraria y retroactiva. Esa es la unión que necesitamos: la que se construye en torno a las necesidades reales de la sociedad, no la que se disfraza con un espectáculo deportivo.

La legitimidad de la educación se juega en la consulta, en la planeación y en el respeto a los actores sociales. Gobernar es escuchar. Y en materia educativa, escuchar es obligatorio. Es momento de que la gobernadora, la Secretaría de Educación y los Consejos de Participación Social respeten la voz de maestros, padres, sindicatos, empresarios y sociedad civil. Solo así la educación en Baja California podrá ser democrática, equitativa e inclusiva, como lo mandata la Nueva Escuela Mexicana.

Un partido de futbol se puede ver en repetición, las veces que sea. La educación, en cambio, no se repite. Cada día perdido en el aula es un día que no regresa. Cada niño que se queda sin maestro es un futuro que se debilita. Cada escuela sin infraestructura es un derecho vulnerado.

Ya estuvo. Padres, maestros y sindicatos: es momento de defender la educación. No se trata de un partido de futbol, se trata del futuro de nuestras niñas y niños. La verdadera legitimidad no se juega en un estadio. Se construye en las aulas, con consulta, con democracia y con respeto a quienes sostienen la educación día a día. Viva México en serio significa respetar la educación y a quienes la defienden.

*Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.