COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La gobernadora de Baja California anunció que la asistencia a clases sería opcional durante la inauguración del Mundial de futbol. Surge de inmediato la pregunta: ¿bajo qué dictamen técnico se tomó esa decisión? El artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación establecen que la educación básica es obligatoria y que el calendario escolar debe garantizar entre 185 y 200 días efectivos de clase. Ese calendario solo puede modificarse por causas extraordinarias o de fuerza mayor, y siempre con dictamen técnico y consulta a los Consejos de Participación Social. Un evento deportivo no cumple con esos criterios.

Hace unos días, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció que no podía modificar unilateralmente el calendario escolar y que debía consultar a las comunidades educativas, atendiendo las características de la Nueva Escuela Mexicana. Esa rectificación fue un paso hacia la legitimidad que la Constitución y la Ley mandatan. Entonces, ¿qué parte de esta lección no se entendió en Baja California?

Si no se consulta a los Consejos de Participación Social, a los sindicatos, a los padres de familia, a las comisiones ciudadanas y empresariales en educación, a las escuelas particulares, a las organizaciones y expertos de la sociedad civil, ¿para qué existen esas estructuras? Además, sería discriminatorio privilegiar únicamente el futbol, cuando para otros sectores de la sociedad son igual de importantes el básquetbol, el futbol americano, el béisbol o el box. La educación no puede ser rehén de ninguna coyuntura deportiva.

El problema, sin embargo, va más allá de una decisión sin sustento técnico. En Baja California las escuelas enfrentan carencias que ponen en riesgo el derecho a la educación. Las aulas deterioradas, la falta de ventilación y los espacios inseguros son parte de la realidad cotidiana. El déficit de maestros se refleja en grupos sin docentes titulares y en interinos que no reciben pago oportuno, lo que deja a los planteles funcionando con personal incompleto. La ausencia de protocolos integrales de riesgos escolares es otra deuda: cada escuela debería contar con personal capacitado en primeros auxilios, brigadas de protección civil y recursos para atender emergencias. A ello se suma la reivindicación pendiente de los docentes, quienes necesitan reconocimiento, capacitación continua y salarios dignos.

En un estado donde las comunidades enfrentan hospitales sin medicamentos y familias que buscan a sus desaparecidos, hablar de celebrar unidos el Mundial resulta un contrasentido. La verdadera unidad debería convocarnos a causas urgentes: ayudar a las familias que buscan justicia, apoyar a las escuelas que carecen de infraestructura, respaldar a los maestros interinos que siguen sin recibir pago, sostener a las micro y pequeñas empresas que están a punto de cerrar y defender a los pensionados a quienes se pretende reducir sus pensiones de manera arbitraria y retroactiva. Esa es la unión que necesitamos: la que se construye en torno a las necesidades reales de la sociedad, no la que se disfraza con un espectáculo deportivo.

La legitimidad de la educación se juega en la consulta, en la planeación y en el respeto a los actores sociales. Gobernar es escuchar. Y en materia educativa, escuchar es obligatorio. Es momento de que la gobernadora, la Secretaría de Educación y los Consejos de Participación Social respeten la voz de maestros, padres, sindicatos, empresarios y sociedad civil. Solo así la educación en Baja California podrá ser democrática, equitativa e inclusiva, como lo mandata la Nueva Escuela Mexicana.

Un partido de futbol se puede ver en repetición, las veces que sea. La educación, en cambio, no se repite. Cada día perdido en el aula es un día que no regresa. Cada niño que se queda sin maestro es un futuro que se debilita. Cada escuela sin infraestructura es un derecho vulnerado.

Ya estuvo. Padres, maestros y sindicatos: es momento de defender la educación. No se trata de un partido de futbol, se trata del futuro de nuestras niñas y niños. La verdadera legitimidad no se juega en un estadio. Se construye en las aulas, con consulta, con democracia y con respeto a quienes sostienen la educación día a día. Viva México en serio significa respetar la educación y a quienes la defienden.

*Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

Así nos cuentan que están en el gabinete de Marina del Pilar; que las patadas por abajo de la mesa están buenas. Los funcionarios de primer nivel no confían unos en otros, y se saludan por cortesía, no porque tengan ganas de dirigirse la palabra.

Las mañaneras son motivo de tensión, y es curioso que siga una absurda instrucción tolerada y obedecida por Jesús López Romandía y ahora por Nicolle de León, que dejó Alfredo Álvarez, de no dejar entrar a los enlaces de comunicación a esos “ejercicios de rendición de cuentas”, donde tienen que pelearse con el staff de la entrada para estar presente en las entrevistas post-mañanera de sus secretarios, la fiscal o los directores.

Tampoco están invitados para mañana al mediodía, a la celebración del Gobierno del Estado con motivo del Día de la Libertad de Expresión, que caerá en domingo. El plan es sentar a un secretario en cada mesa, y que quien les resuelve -y a veces entorpece- sus asuntos de comunicación, pues que se queden en su casa, nada de trabajar en las relaciones públicas y platicar con los medios.

De las decenas de minions que aparecían en las mañaneras tomando videos desde todos los ángulos posibles, ya solo quedan un par. Han empezado a acomodarlos en diferentes secretarías en la esperanza de que aguanten y sobrevivan el cambio de sexenio.

Y hablando de comunicación y relaciones públicas, la hija del secretario de Salud, Mónica Medina, fue al informe de la senadora Julieta Ramírez. No sabemos si su privilegiado lugar en el público fue por 1: ser hija de Adrián Medina Amarillas, 2: porque iba con su cachucha de influencer porque grabó un video echándole porras a Julieta “Simpatías” Ramírez; 3: porque es la de relaciones públicas (?) de Issstecali; o 4: porque es suplente del diputado Jaime Cantón, quien por cierto lleva dos semanas alejado del ojo público.

Todos los funcionarios están analizando a quién entregan su lealtad con miras al 2027 y ver qué les toca. ¿Julieta, Burgueño, Castro Trenti, Evangelina o Ruiz Uribe? Hay que apostar bien si quieren seguir viviendo del presupuesto. Medina Amarillas parece que quiere ser diputado. Los tiradores a la alcaldía también son varios: Michel Sánchez, Michelle Tejeda, Armando Samaniego, Jaime Cantón.

Otros tienen que hacer favores en espera de una candidatura, como Juan Enrique Villanueva, secretario general de la Sección 2 del SNTE, quien elabora en la imprenta del sindicato cuanto volante de propaganda le pida la gobernadora, porque aspira a una diputación.

Acarreo Fest del 31 de mayo

Aquí vemos al personal del Cobach acudiendo uniformados y en bloque a rendir pleitesía al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo pasado.

El delegado del Centro Histórico de Mexicali, Rubén Chen, no se quiso “engentar” y se consiguió un palco en el acarreo fest del domingo.

El diputado federal Armando Samaniego no alcanzó lugar en el corralito VIP del pasado domingo, y publicó unas fotos desde más atrás.

Aquí el pentadiputado Juan Manuel Molina posando con uno de los dos invitados VIP que no se descubrieron la cabeza durante el Himno Nacional, al finalizar el evento. El otro fue Netza Jáuregui.

La lista

El nuevo oráculo de nuestros tiempos, la inteligencia artificial -ante la pregunta específica-, definió los siguientes personajes como quienes probablemente integrarían la lista de políticos bajacalifornianos en la mira de Estados Unidos: Marina del Pilar, Carlos Torres, Pedro Ariel Mendívil, Armando Ayala, Luis Alfonso Torres, Armando Carrasco, Araceli Brown, Gustavo Santos Hernández, David Cervantes y David Pérez Tejada Padilla.

El tiempo dirá.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Llegó agosto antes de tiempo. No en el calendario, sino en la política mexicana. Comenzó oficialmente la temporada del acarreo, esa vieja tradición nacional que durante décadas fue exhibida como símbolo del autoritarismo, del clientelismo y de la simulación democrática.

Curiosamente, quienes más la condenaban hace apenas ocho años son hoy quienes la practican con mayor entusiasmo, mayores recursos y menor pudor.

Bastó que se acercaran los llamados informes, concentraciones políticas y actos de exaltación gubernamental para que cientos de autobuses, camiones, vans y toda clase de vehículos comunitarios reaparecieran y se multiplicaran en las carreteras de Baja California.

El sábado por la tarde, las calles de Mexicali ofrecieron una postal conocida: caravanas completas con destino al Auditorio del Estado para el informe de la senadora Julieta Ramírez Padilla.

Al mismo tiempo, desde distintos municipios se organizaban contingentes para viajar hacia Tijuana para llenar la Avenida Revolución y celebrar los supuestos logros de la presidenta Claudia Sheinbaum y la llamada Cuarta Transformación.

Nada nuevo bajo el sol. La diferencia es que ahora quienes organizan estos espectáculos juraban ser distintos.

Resulta difícil no recordar aquellos tiempos en que Morena denunciaba con indignación cada autobús contratado por los gobiernos priistas y panistas. Entonces el acarreo era corrupción. Era manipulación. Era una ofensa a la democracia. Era una prueba irrefutable de que el pueblo no acudía por convicción sino por obligación.

Hoy, sin embargo, parece que el acarreo cambió milagrosamente de naturaleza. Ya no es acarreo; ahora le llaman “movilización”. Ya no son operadores políticos; son “promotores de la transformación”. Ya no son beneficiarios presionados; son “ciudadanos comprometidos”. Y ya no son recursos públicos; son, según la narrativa oficial, simples gastos logísticos para acercar al pueblo con sus gobernantes.

No importa que sigan faltando médicos y medicinas, que la inflación siga su curso y que la inseguridad avance por más que se maquillen las cifras oficiales.

La realidad es menos poética.

Miles de beneficiarios de programas sociales son convocados una y otra vez para servir de escenografía humana en eventos diseñados para alimentar proyectos personales. A ellos se suman los burócratas que entienden perfectamente que la invitación de sus superiores tiene mucho de obligatoria y poco de voluntaria.

El mensaje es sencillo: hay que llenar plazas, auditorios y avenidas para que las fotografías luzcan espectaculares y los videos transmitan una fuerza política que muchas veces no existe de manera espontánea.

Porque de eso se trata. No de rendir cuentas. No de informar. No de escuchar a la ciudadanía.
Se trata de producir imágenes.

Imágenes para redes sociales. Imágenes para los noticieros. Imágenes para las futuras campañas.
En teoría, los informes de actividades deberían ser ejercicios de transparencia. En la práctica, se han convertido en actos anticipados de promoción política disfrazados de rendición de cuentas.

Algunos ni siquiera esperan los tiempos establecidos y adelantan sus informes porque las aspiraciones electorales tienen prisa.

Lo verdaderamente indignante es el costo. Cada autobús contratado, cada litro de combustible consumido, cada estructura de movilización desplegada representa dinero que sale directa o indirectamente del bolsillo de los contribuyentes. Recursos públicos utilizados para satisfacer el ego de funcionarios que necesitan auditorios llenos para convencerse de su propia relevancia.

La ironía es brutal.

Los mismos que prometieron acabar con las viejas prácticas del régimen terminaron perfeccionándolas. Los mismos que denunciaban el corporativismo ahora dependen de él. Los mismos que aseguraban que el pueblo acudía libremente a respaldarlos son incapaces de arriesgarse a convocar sin garantizar previamente el transporte, la logística y la presión política necesaria para asegurar el lleno.

El acarreo sigue siendo acarreo, aunque le cambien el nombre. Sigue siendo una deformación de la vida democrática, aunque se envuelva en discursos de transformación. Y sigue siendo una falta de respeto para los ciudadanos, aunque los organizadores se empeñen en presentar cada autobús repleto como una muestra genuina de entusiasmo popular.

La temporada apenas comienza. Y todo indica que veremos muchos más camiones, muchas más plazas llenas y muchas más fotografías cuidadosamente encuadradas. Lo que sigue ausente es precisamente aquello que prometieron traer: una nueva forma de hacer política.

El barril sin fondo del ISSSTECALI

Hay una máxima en las finanzas públicas que la clase política de Baja California insiste en ignorar: no se puede sanar un cuerpo enfermo inyectándole sangre si la hemorragia interna sigue abierta.

El ISSSTECALI se desangra. Con un déficit actuarial que supera la escalofriante cifra de 312 mil millones de pesos, la institución de seguridad social del estado camina directo al abismo, arrastrando consigo la viabilidad financiera de municipios enteros y del propio presupuesto educativo. Pero mientras el barco se hunde, la tripulación en el puente de mando sigue acomodando los sillones.

El reciente e implacable informe del Observatorio Ciudadano de Baja California (OBSERBC) no es un frío legajo de números; es la radiografía de una indolencia burocrática institucionalizada. Es inadmisible que, durante once años consecutivos, bajo el mando de cuatro directores distintos, la introducción de las Cuentas Públicas haya sido copiada y pegada textualmente, cambiando solo la fecha.

Esa inercia del copy-paste no es un simple descuido administrativo; es el reflejo de una apatía profunda, una simulación donde lo importante es cumplir con el trámite burocrático en el Congreso mientras el fondo de pensiones colapsa.

Es aquí donde la mirada se posa, inevitablemente, sobre su actual director, Luis Gilberto Gallego. Al asumir el timón de una institución en quiebra técnica, las prioridades tendrían que ser de una disciplina quirúrgica. Sin embargo, en plena tempestad, el instituto se dio el lujo de diseñar cuatro nuevos departamentos administrativos —Coordinación de Cuenta Pública, Emisiones, Revisiones Administrativas y Sub-recaudación— a un costo de 700 mil pesos anuales cada uno.

Lo grave no es solo el gasto; lo verdaderamente ácido es que estas “jefaturas” se crearon violando la propia norma orgánica, pues no cuentan con personal operativo a su cargo. Son estructuras vacías, jefes sin batallón, creados aparentemente para engordar el aparato estatal o saldar compromisos de escritorio.

Si Luis Gilberto Gallego quiere demostrar un interés genuino y una preocupación real por salvar al ISSSTECALI, tiene que pasar de los lamentos públicos a las cirugías mayores. El verdadero saneamiento financiero no comenzará pidiendo más ampliaciones presupuestales al Gobierno del Estado para tapar el bache del mes; comenzará limpiando la casa por dentro. Urge una reingeniería burocrática que extirpe la grasa administrativa y la opacidad.

¿Dónde está la preocupación del director cuando vemos que los servicios financieros y bancarios se dispararon de un presupuesto de 9.9 millones a 781 millones de pesos ejercidos en un año? ¿Cómo se justifica que más del 70% de las compras de medicamentos ocurran fuera de licitaciones públicas transparentes?

Si hay voluntad política, el director debe ordenar hoy mismo una auditoría de puestos, congelar de manera absoluta las plazas administrativas vacantes y revisar con lupa las Condiciones Generales de Trabajo.

No es justo que los ciudadanos y los trabajadores que sí cotizan subsidien rifas millonarias y bonos discrecionales para una cúpula burocrática atrincherada.

Entrarle en serio al ISSSTECALI exige humanizar el problema. Detrás de las frías gráficas del déficit hay maestros jubilados con nombres y apellidos esperando medicamentos que no llegan y hospitales saturados. Cada peso que se gasta en una jefatura fantasma o en comisiones bancarias opacas es un peso que se le roba a la salud de los derechohabientes.

La moneda está en el aire para Luis Gilberto Gallego. O pasa a la historia como el director que se atrevió a desmantelar los feudos burocráticos y negociar las duras verdades con el sindicato, o se convertirá en un nombre más de la lista de aquellos que prefirieron la comodidad de aplicar el copy-paste mientras el instituto terminaba de quebrar.

Para salvar al ISSSTECALI ya no quedan parches contables; solo queda la valentía de la reingeniería estructural. La burocracia ya no puede seguir devorándose el futuro de Baja California.