Corrupción
El “carrusel” del dinero del secretario de AMLO
MEXICANOS UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los operadores de un “carrusel” de presunto financiamiento ilegal de Morena en 2017.
Esquer, junto con Denis Zaharula Vasto Dobarganes, actual encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República, participaron en diciembre de 2017 en una serie de depósitos “hormiga” a un fideicomiso con el que Morena dijo reunir dinero para los damnificados del sismo de aquel año, aunque ese dinero fue a dar parcialmente a candidatos, legisladores y operadores electorales de ese partido político.
En videos en poder de MCCI y Latinus consta que el 28 de diciembre de 2017, Esquer y Denis Zaharula, junto con otras cuatro personas, realizaron 28 depósitos por un monto idéntico de 50 mil pesos en un lapso de apenas 20 minutos en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, hasta sumar un millón 400 mil pesos en efectivo. Se formaban en la fila, hacían un depósito y casi de inmediato se volvían a formar.
Esta maniobra se replicó en otras sucursales bancarias por un monto de 44.4 millones de pesos.
Los depósitos “hormiga” eran al fideicomiso “Por los demás”, que Morena creó para los damnificados, aunque una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) –de la cual se dio vista a la entonces Procuraduría General de la República- identificó que una porción del dinero fue sacado para ser repartido a operadores de Morena, quienes supuestamente entregarían la ayuda personalmente a los afectados por el sismo.
Las imágenes de este carrusel de depósitos fueron difundidas en julio de 2018 en el Periódico Reforma. Pero lo que no se sabía, hasta ahora, es que entre los partícipes de aquella operación estaban Alejandro Esquer y Denis Zarahula, como muestran los videos tomados en los cajeros del Banco Afirme de las sucursales Insurgentes y San Ángel.
El INE determinó que el fideicomiso operó de manera ilegal, ante lo cual multó a Morena con 197 millones de pesos por este mecanismo que catalogó de financiamiento paralelo del partido, y dio vista de su investigación a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Aunque la multa fue revocada en octubre de 2018 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todavía está pendiente de resolución la investigación en la Fepade, la Fiscalía, el SAT y la CNBV.
Alejandro Esquer se desempeñaba como Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena cuando participó en esta maniobra financiera.
En noviembre de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que Esquer Verdugo también contrató a dos empresas fantasma para realizar eventos y colocar espectaculares en la campaña de López Obrador en 2018.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE inició en abril de 2018 una investigación sobre el fideicomiso “Por los demás”.
Este fideicomiso fue creado en Banco Afirme ocho días después del terremoto del 19 de septiembre del 2017, supuestamente para que Morena reuniera recursos que serían destinados a los damnificados.
El 18 de julio de 2018, diez de los once consejeros del INE aprobaron el dictamen que determinó que, de 78.8 millones de pesos que ingresaron al fideicomiso, 44.4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido, como las realizadas por Esquer y Denis Zarahula.
Lo anterio, a pesar de que el propio contrato del fideicomiso establecía que solo estarían permitidas las aportaciones a través de transferencias electrónicas y cheques.
La unidad de fiscalización del INE detectó que hubo un modus operandi donde un grupo de personas realizó depósitos de millones de pesos en efectivo en lapsos de pocos minutos.
“Detrás de las operaciones existió un esquema de organización que obedeció a instrucciones previamente concebidas”, señala el proyecto del INE de julio de 2018.
“Los depósitos obedecen a cantidades en su mayoría idénticas, se trata de la misma sucursal bancaria, el mismo día y, entre cada operación, no se da una diferencia significativa de tiempo, lo que permite lógicamente afirmar que se trata de un grupo orquestado para ello”.
Parte de los recursos investigados fueron depositados el 28 de diciembre de 2017 por seis personas en 28 operaciones de 50 mil pesos cada una en la sucursal San Ángel de Banco Afirme, en la Ciudad de México, que en conjunto sumaron un millón 400 mil pesos en efectivo. Los depósitos se realizaron en 20 minutos, entre las 16:26 y las 16:47 horas de aquel día.
El INE solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los videos de seguridad de las cámaras de las sucursales involucradas e identificó en el caso de San Ángel a las seis personas que realizaron los depósitos.
En estos videos, que se hicieron públicos en 2018, MCCI y Latinus identificaron a Alejandro Esquer como una de las seis personas que realiza depósitos en efectivo.
En dos tomas distintas, se puede observar al entonces secretario de finanzas de Morena formarse en la fila del banco hasta llegar a la caja del lado izquierdo, donde entrega un papel al cajero y posteriormente saca un fajo de billetes de un bolsillo interno de su chamarra, le quita una liga y lo entrega.
De lentes, camisa rayada y chamarra negra, Esquer espera con los brazos recargados frente a la ventanilla mientras el personal del banco revisa el dinero y lo inserta en una contadora de billetes.
Posteriormente, el cajero del banco sella un recibo que entrega a Esquer, quien se retira de la sucursal.
“Esta actuación implica la ejecución de un esquema sistemático y organizado que cobra relevancia ya que se trata de un millón cuatrocientos mil pesos depositados en una misma sucursal, por montos exactamente iguales”, se lee en la investigación del INE.
En el documento no se menciona a Esquer por su nombre o cargo en el partido, sino sólo como “Depositante 6”.
El dinero fue a dar a operadores de Morena
El INE señaló también que el comité técnico del fideicomiso, encabezado por políticos de morena, infló las aportaciones registradas por estas personalidades.
La Unidad del INE obtuvo actas del comité técnico que refieren que 64 personas vinculadas a Morena donaron 105.2 millones de pesos, pero sólo hicieron aportaciones por 15.8 millones de pesos.
Alejandro Esquer nunca formó parte de los fideicomitentes reconocidos por el comité técnico que realizaron las donaciones.
Además, el INE detectó que de 70 personas que retiraron 64.4 millones de pesos del fideicomiso, al menos 56 de ellas eran candidatos, legisladores u operadores políticos de Morena.
Entre los políticos de Morena que recibieron dinero del fideicomiso estuvo Rodrigo Abdala, ex diputado federal y sobrino del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett y de su esposa.
“Aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate cuando se cobró dinero en efectivo, no sabemos en qué se usó ni por quién, por eso no hay conclusiones sobre gasto de campaña”, dijo el consejero electoral Ciro Murayama en la sesión del 18 de julio de 2018, cuando se aprobó la multa de 197 millones de pesos.
La consejera Pamela San Martín consideró en la misma sesión que el fideicomiso funcionó como un esquema de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado.
Lee el reportaje completo en https://contralacorrupcion.mx/el-carrusel-de-dinero-del-secretario-de-lopez-obrador/
La alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante, comentó ayer que ya recibieron la respuesta del banco sobre las transferencias hechas desde Bienestar Social Municipal por una supuesta extorsión telefónica y no hay ninguna posibilidad de que les regresen el dinero, ya que fue una transacción legal y voluntaria.
Tras darse a conocer el caso, tanto el administrativo que realizó las transferencias, como el titular de Bisom, José Ramón López, renunciaron a sus cargos.
Sobre la respuesta negativa del banco, el síndico, Óscar Vega Marín, opinó que “es evidente que no pusieron los candados suficientes. Terminaremos nuestra investigación y vamos a deslindar responsabilidades, aplicando las sanciones que correspondan”.
Sobre una denuncia penal, expresó que podrían presentar algunas adicionales a las que ya presentó el extitular del área, dependiendo del resultado de las investigaciones.
El jurídico del PRI, Joel Blas Ramos, quien ya interpuso una denuncia penal contra José Ramón López por el asunto de la entrega de apoyos sociales a sus colaboradores, externó que era lógica la respuesta del banco, pues ya tenían experiencia con el primer robo de 3 millones de pesos.
“Las transferencias fueron hechas deliberadamente y lo que hay es un delito. Los responsables son los que tenían a su cargo los Token. Independientemente que José Ramón hubiera interpuesto la denuncia eso no lo exime de responsabilidad”, aseguró.
Hay que seguir la ruta del dinero y eso lo puede hacer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a petición de la Fiscalia y por desgracia aquí esta el tema; la fiscalia no ha dicho nada, añadió.
El regidor panista Manuel Rude García, señaló que la respuesta del banco era predecible; que la petición solo era parte de la narrativa y estaban ganando tiempo. Remarcó que el hecho es que se robaron el dinero y que juegan con la inteligencia de los ciudadanos; “el dinero ya se perdió, ya no se va a recuperar y lo que sigue es que se castigue de forma ejemplar”.
Por su parte, el edil Gustavo Magallanes, manifestó que el ayuntamiento tiene que presentar una denuncia penal y solicitar una auditoria a Bisom con un despacho externo calificado, tanto para revisar los protocolos de transferencias como para descartar los rumores sobre el manejo de los recursos en esa dependencia.
La presidenta estatal del PAN en Baja California, Liz Mata, acompañada de los diputados panista en el congreso local, presentó hoy una solicitud de juicio político contra los exalcaldes de Ensenada y Tecate, Armando Ayala Robles y Darío Benitez, respectivamente por el caso de las cuotas retenidas y no entregadas a Issstecali.
Mata declaró que en el caso del senador Ayala Robles no es solo del orden administrativo, sino del orden penal, pues aunque diga que ha pagado la realidad es otra, Ensenada es el municipio que más tiene adeudo con Issstecali y eso es un robo a todos los trabajadores del estado.
Sobre la mayoría morenista del congreso, pidió responsabilidad y congruencia, pues las cuentas públicas del senador no están aprobadas y en ese sentido que sean valientes y acepten la procedencia de este juicio.
Pidió que el congreso local lo cite, y advirtió que si no avanza el caso aquí, acudirán a la Cámara de Diputados federal, al Congreso de la Unión, para pedir que se le quite el fuero.
El diputado panista Diego Echevarría, manifestó que quieren que Ayala Robles sea inhabilitado y que la Comisión de Reforma de Estado determine la procedencia del juicio político y citen al senador para que explique el adeudo de 3 mil 600 millones de pesos. Darío Benitez dejó una deuda de 1 mil 500 millones de pesos, agregó.
La dirigente estatal del blanquiazul apuntó que la peor crisis de salud del estado también se deriva de estos actos de corrupción, además que todas las instituciones de salud del estado están en crisis.
“Es increíble que la propia presidenta Claudia Sheinbaum vaya y visite un nuevo hospital en Ensenada cuando el resto está devastado, porque esa es la palabra y además corren a los directivos que señalan las ausencias como fue el caso del Hospital General de Ensenada”, indicó.
José Ramón López, exdirector de Bisom, de donde se transfirieron 390 mil pesos argumentando un fraude telefónico, tiene comprobado el delito de falsedad de declaraciones y la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene congelado el caso, informó Joel Blas Ramos, jurídico del PRI en Baja California.
La Sindicatura determinó que se presume una falta administrativa grave que se le atribuye al presunto responsable por abuso de funciones, y esto tumba los comentarios del síndico procurador, quien dice que muchos funcionarios tienen investigaciones, pero José Ramón tiene ya una resolución y de su propio órgano, explicó.
Óscar Vega, titular de sindicatura, tiene incluso facultades para remitir a la Fiscalía General del Estado el caso de José Ramón López. La pena de falsedad de declaraciones tiene una pena de hasta 10 años de prisión, comentó.
El abogado del tricolor recordó que a la fiscalía se le entregó una carpeta con toda la información, y el exdirector de Bisom cometió el delito de falsedad de declaraciones de la autoridad cuando era regidor, porque mintió sobre la relación de los beneficiados con apoyos sociales y mintió sobre sus percepciones mensuales. López entregó apoyos sociales a dos de sus colaboradores cercanos, quienes ya percibían sueldos de 40 mil y 45 mil pesos al mes como sus asesores.
Fiscalía se niega a dejarles ver la carpeta de investigación alegando que Blas Ramos no es el directamente afectado, que solo hizo valer su derecho constitucional de presentar la denuncia. Por ese motivo presentarán un amparo, pues esta carpeta tiene ya dos años y el tema está congelado, subrayó.
Álvaro Aldrete, presidente estatal del PRI, comentó que es imposible que el tema de José Ramón no se politice, como partido político de oposición tienen la obligación de denunciar las irregularidades y buscan que la carpeta se judicialice. El tricolor fue de los primeros que denunció las corruptelas de este joven desde que fue regidor, dijo.
“En esta renuncia no debe acabar el tema, si creen que porque ya no está vamos a quitar el dedo del renglón están muy equivocados.. Para nada fue un acto generoso ni responsable. Lo responsable sería que regresaran el dinero”, externó.
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