Corrupción
Cobran hasta 5 mil pesos por cita en el SAT BC
Empresarios denunciaron que llevan meses de espera en la fila virtual del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Baja California, y que les ofrecen fechas disponibles por montos que alcanzan hasta los 5 mil pesos.
Diversas personas confirmaron que les han sido ofrecidas citas a cambio de diversos montos e incluso han comentado en redes sociales que también es posible conseguir citas de forma rápida mediante pago en la Secretaría de Relaciones Exteriores para la expedición del pasaporte, y en el trámite para la regularización de vehículos de procedencia extranjera.
Al ser consultado el superdelegado, Alejandro Ruiz Uribe, sobre esta situación pidió pruebas o testimonios para pasar la queja a México. Tras enseñarle las capturas de pantalla con los comentarios de usuarios afectados, dijo que reportaría esta situación.
Cabe destacar que esta forma de corrupción solo es posible con la colaboración y complicidad de los empleados de esas instituciones, y va en perjuicio de empresas, personas y el propio estado.
Corrupción
No aprueban cuenta pública de Armando Ayala del 2022; piden regidores que se revise y sancione
La cuenta pública del Ayuntamiento de Ensenada correspondiente al 2022, cuando el ahora senador Armando Ayala era alcalde, no se aprobó ayer en la comisión de fiscalización y gasto público en el Congreso del Estado.
Entre las irregularidades que encontró la Auditoría Superior del Estado, se observaron cobros de más en la determinación del impuesto debido a la aplicación incorrecta de la tarifa, incumplimiento de cláusulas del contrato por parte del concesionario del servicio de arrastre y almacenaje de vehículos, y falta de soporte documental de los amparos recibidos por el aumento del impuesto predial.
Otras observaciones fueron el timbrado de facturas de forma extemporánea, inconsistencias en el complimiento de requisitos y plazos en derechos cobrados por el departamento de alcoholes, comercio y espectáculos públicos, irregularidades en derechos cobrados por salones sociales, y falta de documentación que sustente pagos de liquidaciones de personal.
El pago a prestadores de servicio social, y la falta de expedición y entrega de los Comprobantes Fiscales (CFDI) fueron otras de los muchos señalamientos de la cuenta pública de la administración de Armando Ayala.
El informe consta de 43 páginas y contiene 50 observaciones, de las cuales 32 son recurrentes. Dado que el entonces alcalde, ahora es senador de la república, podría pasar lo mismo que con la cuenta pública de la CESPM del 2022, entonces a cargo del ahora diputado federal Armando Fernández Samaniego, que fue rechazada en comisión, pero una vez en el pleno, sí fue aprobada.
Los regidores de oposición del Ayuntamiento de Ensenada, Ana Daniela Salgado García, Isaías Bertín Sandoval, Armando Diaz Hoeflich y Adrián García García, pidieron hoy a Sindicatura que revise y sancione la cuenta pública de Ayala.
Corrupción
Aparece exsíndico como defensor de diputada involucrada en la desaparición de 3 millones de pesos
El exsíndico Israel Ceseña y el director jurídico, Salvador Martín Liera Gómez, ambos parte del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, son los dos abogados nombrados por la diputada Alejandra Ang para llevar el caso del robo de los 3 millones de pesos cuando era titular de Desarrollo Social Municipal, en la administración de la hoy gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.
Los nombres de los funcionarios del primer mandato de la alcaldesa Norma Bustamante, aparecen en el documento de amparo entregado por Ang el pasado 4 de noviembre.
Abogados consultados sobre este hecho, mencionaron que Ceseña, al ser el síndico procurador desde el XXIII Ayuntamiento cuando sucedió el hecho, conocía del asunto al estar dentro de sus atribuciones como funcionario público, y ya que debió existir una investigación de responsabilidades en paralelo a la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, pudiera tratarse de un conflicto de interés aunque ya no esté dentro de la administración pública.
Al tener información de primera mano sobre el caso durante seis años, puede beneficiar a la servidora pública y afectar al otro trabajador involucrado, al usar información que obtuvo como síndico, para defender a la ahora diputada, agregaron.
Es importante recordar que en abril de 2023, Ceseña rechazó haber intervenido en el “acuerdo reparatorio” que obligaba a un trabajador al que culparon del robo a dar 36 abonos de 83 mil pesos mensuales.
Sin embargo, hay un documento con la firma del entonces síndico que confirma su intervención y autorización para llevar a cabo dicho acuerdo, el cual fue muy criticado por la oposición y la sociedad civil al conocerse los detalles y de cómo presionaron al trabajador para que aceptara el trato, del cual su situación económica solo le permitió dar un primer abono.
Según Ceseña, fueron los abogados de Bienestar Social Municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, quienes impulsaron el acuerdo que fue avalado por un juez de Control, pero él como síndico tuvo que estar informado de los detalles.
Ahora, es cuestionable que quien debió investigar imparcialmente el paradero de los tres millones ocurrido en el XXIII Ayuntamiento, sea el defensor de la funcionaria, junto con otro exservidor público de la pasada administración.
Corrupción
Nombran a Tenorio Andújar Consejero de la Judicatura
Francisco Javier Tenorio Andújar fue nombrado hoy Consejero de la Judicatura, pese a que los requisitos hacen cuestionable la elección del brazo derecho del diputado Juan Manuel Molina.
Tenorio Andújar fue suplente de Molina en la diputación de 2021 a 2024 y alternó con él en el Instituto Estatal Electoral como representante de Morena.
El artículo 60 de la Constitución Política de Baja California dice “No haber ocupado cargo de elección popular , ni haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido político, ni haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal o consejero de la judicatura durante el año previo a la fecha en que deba ser nombrado”.
Además el último cargo del hoy consejero, fue ser Director de Consultoría Legislativa en el Congreso del Estado, lo cual es un cargo en la administración pública, lo que debería haberlo dejado sin la posibilidad de su actual cargo.
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