El caso de violencia física ejercida por el Oficial Mayor de San Felipe, Carlos Alberto Quijada Grijalva, en contra de Odette Guereña, representante del Sindicato de Burócratas, no ha tenido avance.

Guereña lo denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el día de los hechos, el 20 de enero de 2025, por haberla agredido físicamente al impedirle el acceso a su oficina, propinándole un fuerte empujón.

La víctima refirió que acudió a San Felipe a ver el avance de su caso, ya que notó que el agente Gustavo Bernal, quien le había dado su teléfono para estar contacto con ella en el seguimiento de su caso, la había bloqueado.

Ayer viernes se presentó a las 8 de la mañana en las oficinas de la FGE del puerto para hablar con Bernal, quien al verla se puso nervioso y le contestaba con evasivas. Habló con el ministerio público Francisco Javier Estupiñán, a quien le reclamó que no hubieran judicializado la carpeta y que hubieran llamado a declarar a dos testigos antes de eso, pues por temor declararon que no vieron nada.

A pesar de que quedaron en que no llamarían a más testigos, cuando estaba en carretera de regreso a Mexicali, le llamó otra testigo para decirle que la acababan de citar, cuando Estupiñán quedó con ella que no citaría a nadie hasta que judicializaran el caso.

Por otro lado, la Sindicatura Municipal de aquel puerto, que encabeza Esperanza Valverde Zamorano, dirigió un oficio a la jefa del Departamento de Responsabilidades, Raquel Barrera Rico, con fecha del 21 de enero de 2025 para que investigara la presunta agresión, la cual fue consignada en el escrito como ocurrida el 20 de febrero de 2025.

También acudió la víctima a verificar el estado de la queja que ella interpuso en Sindicatura el 28 de enero pasado, y se encontró que David Alejandro González, quien firma como Jefe del Departamento de Investigación de Responsabilidades Administrativas de Sindicatura, dio cinco días a Recursos Humanos para que le otorgue información del Oficial Mayor, lo cual no fue complido. Finalmente, Guereña comenta que el único juez de San Felipe, de nombre Anselmo López Angulo, es compadre del presidente municipal, José Luis Dagnino. La víctima sospecha que están protegiendo a Quijada Grijalva y acudirá la semana entrante a las oficinas centrales de la FGE para hablar sobre la falta de acciones en su denuncia.

Por Jaime Delgado/Periodismo Negro

Península Doce es una empresa que ha logrado obtener numerosos contratos en un periodo de 4 años, entre los gobiernos de Jaime Bonilla y Marina del Pilar Avila, y que sobresale tanto por el número de obras hechas en el sector educativo, como por su indisciplina en la ejecución de las mismas, y que a pesar de eso sigue siendo favorecida por autoridades emanadas de Morena.

La más reciente sin duda fueron los baños del estado de beisbol Nido de Los Águilas, una obra que fue una erogación de 13 millones de pesos, pero de igual forma el gobierno estatal contrató a la empresas para construir módulos de venta de mercancías y comida dentro del inmueble que alberga la Serie del Caribe 2025.

Un empresario hizo llegar los primeros documentos para denunciar que en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE), a través de Javier Urbalejo Cinco -ex alcalde priista de Tecate y hoy flamante subsecretario de Inversión del gobierno del Marina del Pilar- se está favoreciendo a esa empresa.

Península Doce es una Sociedad de Responsabilidad Limitada en modalidad de Capital Variable. Es propiedad Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, quien ha utilizado la estrategia de licitar bajo otros nombres: el de su cuñada Mónica León Meza y el de su esposa Kenya León Meza.

“Tal pareciera que ser licitante es la mejor opción para poder hacerse millonario, siempre y cuando uno se moche con la autoridad, en esta ocasión el INIFE BC ha sido múltiples veces denunciado por casos contundentes de corrupción sin que a la fecha haya habido alguna consecuencia, soy licitante y estoy plenamente consciente de las dificultades que una persona de a pie sufre para poder ingresar a licitar a una institución de estas”, indicó el denunciante.

Sin embargo, los procesos están sumamente amañados y distan de ser transparentes. En este caso el INIFE es fiel partícipe de estos incidentes, otorgando licitaciones millonarias a familias que se han enriquecido gracias al erario y al uso de empresas fantasmas, comentó.

En este caso sus dueños son esposo, esposa y cuñada; esta triada participa en los mismos procesos donde se supone debería de haber participación de muchas empresas, no obstante han optado por hacer adjudicaciones directas e invitaciones para saltarse los procesos de licitación ya que estos sí son públicos, dijo.

Los nombres de los licitantes son Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, la esposo de Kenya León Meza, quien lícita como Península Doce, hermana de Mónica León Meza, quien a su vez es su contadora, todos con el mismo domicilio fiscal; existen procesos en los cuales los 3 participan generando ganancias millonarias, y claro dando su respectivo diezmo a las autoridades presentes en dichos eventos, señaló.

Cómo funciona la empresa

La relación que existe entre los participantes a las convocatorias de obra de infraestructura educativa, así como las licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas que han ejecutado, les han dado los recursos para echar a andar más negocios. Por ejemplo, usan la misma maquinaria para licitar los tres, registran el mismo domicilio fiscal en los procesos, y a veces para evitar que sea demasiado evidente, participan unos por otros, por ejemplo ha participado la esposa como Península Doce, quien hace tiempo tuvo de representante legal a Salvador Díaz Gutiérrez, y ha participado como proveedora y contratista la hermana y cuñada Mónica León.

La empresa como tal surge el 24 de noviembre de 2011 en la ciudad de Mexicali, está registrada en el padrón de contratistas en el Gobierno del Estado bajo el número PC-BC-MXL-M-15-3433, sin que se le haya aplicado algunas de las causas para cancelación de acuerdo con la Ley de Obras de Baja California.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la empresa fue registrada hasta el 2019, con Notario Público, y con el objeto de hacer obras y diseños de proyectos, entre otras actividades.

Los dueños son Kenya León Meza con la posición mayoritaria por el número de acciones sobre el socio Jesús Francisco Rodríguez Rodríguez, quien funge como gerente de la empresa.

Las licitaciones por invitación

La empresa Península Doce y Mónica León, quienes comparten la misma dirección , que aparece como ubicada en la colonia Maestros Federales -aunque en realidad está en la Ex-ejido Coahuila-, recibieron 16 invitaciones para obtener contratos de obras, además de participar en 6 adjudicaciones directas y en 9 licitaciones públicas.

En total se habla de al menos 31 contratos localizados desde 2020 a 2024, sumando más de 70 millones de pesos, desde el 2020 hasta el 12 de agosto de 2024.

Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron.

Esta empresa maneja prácticamente un 10 por ciento del presupuesto anual del Instituto encargado de construir infraestructura educativa en Baja California. Cabe destacar que el INIFE es un organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) que encabeza Arturo Espinoza Jaramillo, y esto es importante porque Javier Urbalejo Cinco, quien fue director del INIFE al inicio de la presente administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, a pesar de una serie de observaciones de la Auditoría Superior del Estado, no lo despiden; le dan una subsecretaría en SIDURT.

Acoso a Abogada

Una abogada que prefiere conservar el anonimato, relató que Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez la acosa a raíz de una petición de información que hiciera vía transparencia, y desde donde hubo una fuga de información a través del Instituto de Infraestructura Física y Educativa (INIFE) , que enteró a Díaz Gutiérrez de dicha petición.

Refiere que se dedicaba a ser contacto de licitaciones, por lo que hizo una única petición de información que involucraba al constructor y su empresa en 2022. Díaz Gutiérrez obtuvo una captura de pantalla con los datos personales de la abogada, mostrándosela, y desde entonces cada que alguien solicita información sobre él o Península Doce, le llama a ella para amenazarla, o a alguno de sus familiares.

La abogada ha reclamado al INIFE esta fuga de información institucional. Le informaron que se reunió el Comité de Transparencia para tratar sobre su caso y que el resultado fue que “nadie fue”.

También acudió ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) para contarles sobre lo sucedido con su solicitud. Llenó un formato de queja a mano, pero le manifestaron que no podían hacer nada.

Las observaciones de la ASE al INIFE sobre las obras de la empresa

En el contrato CP-INIFE-BC-MXL-FAM-20-07, de Salvador Alejandro Diaz Gutiérrez, se observó que durante el proceso de auditoría, las propuestas presentadas por los concursantes excedieron el techo financiero, por lo que la obra fue contratada por un monto de 8 millones 991 mil 750 y el mismo día de la firma del contrato se redujeron las metas de la obra mediante convenio modificatorio por 1 millón 491 mil 750 para quedar en 7 millones y medio, por lo que se observa una mala planeación y presupuestación de los alcances reales  de la obra.

En el contrato CP-INIFE-MXL-FAM-22-12, “Rehabilitación de cubiertas de aulas y fosa séptica para la escuela Justo Sierra, sustitución de cubierta en módulo de 3 aulas y módulo sanitario para la escuela Saltillo, construcción de módulo sanitario para la E.S.T. #4 construcción de pozo de absorción y by pass para la escuela Melchor Ocampo, en el municipio de Mexicali”, la auditoría señala que falta todo el documento de bitácora de obra.

Además se observó la falta de boquilla de remate en acceso a baño de hombres y que las losetas en acceso están despegadas y quebradas, en la Escuela Secundaria Técnica 4. En la primaria Melchor Ocampo  se observó una filtración pluvial en cubierta, en área de comedor y cooperativa, así como el plafón y pintura dañados por filtraciones de humedad.

Arturo Espinosa Jaramillo, titular de SIDURT, declaró en entrevista que todas las empresas se deben boletinar y aplicar las sanciones correspondientes si algún funcionario no está siguiendo las observaciones del Orfis o de la propia transparencia interna. No comentó nada sobre la colocación de Urbalejo Cinco en una subsecretaría a su cargo.

El 9 de enero pasado publicamos una investigación sobre los contratos por “asesorías” firmados el 2024 entre el gobierno municipal de Mexicali y diferentes empresas que tienen un común denominador: en ellas participa quien fuera el jefe de la hija de la alcaldesa en la empresa IDEA Consultores, Jorge Mario Soto Romero.

En los contratos, las empresas se comprometen a dar al final de la prestación de sus servicios un “entregable”, que es un informe final donde se pueden ver las conclusiones de su trabajo en forma de recomendaciones, análisis, etc. En resumen, es la comprobación de que hicieron algo, porque no hay algo físico que compruebe la prestación del servicio. Bueno si, estos documentos “entregables”.

Como de entrada se presta a “sospechosismo” que Soto Romero tenga distintas empresas con un mismo fin (Lúmina, IDEA Consultores y Nube Electrónica), la manera de saber si efectivamente se llevaron a cabo las asesorías era pedir esos “entregables”, así que los solicité vía la Plataforma de Transparencia.

Junto con esos documentos, también pedí el “entregable” del críptico y extraño contrato otorgado por el ayuntamiento en pleno periodo electoral el año pasado intitulado: “Contratación de los servicios profesionales para realizar el estudio de la pertinencia y efectividad de las campañas de difusión de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento de Mexicali (del Doctor Chunga y Yun Lee)” por 810 mil pesos, otorgado a Mario Palacios directamente por Pedro Ariel Mendívil, brincándose al director de Comunicación del Ayuntamiento, Edgar Covarrubias.

Pues bien, resulta que no me darán los documentos solicitados porque estarían atentando contra la “propiedad intelectual”.

Por ejemplo, el contrato 01-AYTOMXL-OM-AD-29-24 de Nube Electrónica, es “Contratación de los servicios de consultoría especializado para el diagnóstico y propuesta de atención al manejo de parques, jardines, áreas verdes y espacios públicos del 24 Ayuntamiento de Mexicali”.

Si me dan el entregable y vienen propuestas de creación, mantenimiento y/o administración de los espacios públicos mencionados, y las hago públicas, ¿va a venir una constructora y se pondrá a hacer áreas verdes antes de que le gane el ayuntamiento? ¿Construirá rápidamente una concha acústica en algún espacio público (propiedad de la ciudad, por tanto) robándose esa y otras ideas así nomás como si eso no requiriera dinero y permisos del ayuntamiento? ¿Qué malvado ser sacaría ventaja tomando las ideas expuestas para la creación o mejora de parques, jardines, áreas verdes y espacios públicos, afectando así la propiedad intelectual de las pobrecitas empresas de asesorías?

Por supuesto apelamos esa determinación y ya enviamos el recurso correspondiente.

En otro tema, esta mañana se registró un incendio en la colonia Pueblo Nuevo en Mexicali que cobró la vida de dos adultos mayores. Fue en la calle Michoacán, y la estación de bomberos más cercana (y que no tiene máquina) está en la calle Querétaro, a solo 8 calles de distancia.

“Sigue la estación #2 sin unidad y esta mañana se registró un incendio a solo 8 cuadras de la estación y donde lamentablemente hubo 2 perdidas humanas y como no había estación cerca llego al apoyo estación de Baja California. La estación del Sol de Niño y la Estación Central de Lázaro Cárdenas con un tiempo de respuesta fatal”, nos cuentan nuestros amigos bomberos.

Tampoco la estación #24 (zona noreste) tiene máquina, donde últimamente se han registrado incendios de casas y comercios. La máquina más cercana está en la calzada Independencia. La estación #3, de la colonia Robledo y la principal en Blvd. Lázaro Cárdenas tienen unidades “yonkeadas”.

Mientras tanto las bomberas que pretendía comprar el ayuntamiento están de paseo por la ciudad, pues las han visto en diferentes ubicaciones, no sabemos si ya se les acabó el permiso de esconderlas en el parque industrial Nicoya.

Y en la parte de las tranzas, me dicen que a una chatarrera al poniente de la ciudad el inspector Covarrubias les pidió 50 mil pesos y amenazó con clausura si no cooperaban. Al final salieron baratos porque se dieron con 5 mil pesos y una venta de extintores para la compañía de Victor Rodríguez.

Terminamos con unas fotos del renovado Nido de los Águilas.