El equipo jurídico de parte de Kim, la menor que fue presuntamente abusada en un jardín de niños, denuncia filtración de pruebas de la Fiscalía General del Estado (FGE) a quien señalan como responsable del hecho.

Mariana Cervantes, coordinadora de la colectiva Abogadas Violeta BC, señaló que la fiscalía permitió a la parte acusada allegarse de unos videos del jardín de niños donde presuntamente sucedieron los hechos, y están editados, por lo que no pueden considerarse como un elemento de prueba.

Por esa y otras situaciones, dijo que la defensa incorporó un nuevo escrito donde hacían esos señalamientos y pidieron copia de todo lo que había en la carpeta de investigación. Este es un procedimiento tardado, por lo que la fiscal María Elena Andrade dijo que debido al documento recientemente incorporado al expediente ya no podían tomar una decisión sobre el caso en el corto plazo, como había mencionado antes.

Recordó que la FGE decía hace poco que estaba a punto de tomar una determinación, pero el equipo jurídico de la madre de Kim, consideró que había elementos suficientes dentro de la carpeta para considerar que las maestras también habían tenido responsabilidad penal.

Técnicamente la carpeta está muy sustentable y hay demasiada evidencia, externó. La fiscalía no se encarga de determinar si son culpables o no los presuntos imputados, eso es tarea del juez de control.

“Eso es algo que le he señalado con mucho respeto a la titular de la Fiscalía de Género. Ellos nos han judicializado un sinfín de carpetas con el mínimo probatorio, y por estas circunstancias nosotros los litigantes hemos tenido conflictos ante el juez de control, porque van tan sencillas las capetas que a la hora de llegar con él, nos tumba los casos. Por eso nos preocupa y nos ocupa que la carpeta vaya debidamente firme, con abundancia de pruebas, porque si no lo hacemos nosotros como consejería jurídica va a llegar un buen abogado por parte del presunto implicado y nos va a tumbar el caso”, precisó.

Cervantes agregó que el presunto implicado ha intentado más de tres veces pedir copia de la carpeta para conocer las pruebas que han incorporado. “El que no esté señalado todavía como imputado, no le da derechos, por lo tanto no puede conocer de la carpeta. Se ha ido armando en secrecía. Tendrá su tiempo para conocerlas y refutarlas, pero ahorita se hubieran contaminado las pruebas, y él contaminó los videos, porque de hecho él publicó los videos y cuando quiera presentarlos van a ser una prueba no válida para él, porque se puede demostrar que los filtró, cuando ya estaban en custodia de la fiscalía”, remarcó.

Por otra parte, criticó las declaraciones que salen a dar los titulares de fiscalía, porque ellos no conocen la carpeta. Añadió que la fiscal no se ha sentado y hojeado la carpeta, “eso es una falacia, ni el fiscal central ni el regional se sientan a leer las carpetas. Ellos piden un resumen de cómo van los casos y se los pasan una tarjetita; ven como está la temperatura social y salen a dar declaraciones que hasta el día de hoy han sido lamentables porque se trata del caso de una menor, y se olvidan que la familia ha sido pulverizada ante los medios”.

Recordó que el caso está tanto por el lado penal con la denuncia ante la FGE, como por el lado administrativo-laboral, con una denuncia ante el órgano de control interno de la Secretaría de Educación.

Ante ese órgano hay una queja en contra del acusado y como está adjuntada la prueba de la denuncia penal por un tema sexual, cualquier servidor público que esté denunciado por ese tema debe de ser puesto de inmediato a disposición.

Cuando esto pasa, el empleado cobra su sueldo y trabaja cuatro horas diarias en el área especial a la que haya sido canalizado a través del órgano interno, por recomendación que le haga la Dirección de Administración de Personal (DAP), quien procede a la asignación.

El órgano interno tiene de uno a cinco años para resolver la queja, como indica la ley orgánica. Cuando son temas sexuales, el órgano interno se pronuncia que no va a resolver la puesta a disposición hasta que se resuelva el tema penal, explicó.

En el tema de las maestras, ellas no están puestas a disposición por el tema sexual, sino por abuso de autoridad y por negligencia ante el caso de la menor, subrayó la abogada. Les puso la queja la mamá de la víctima, con la evidencia de que cuando pidió hablar se portaron muy prepotentes. Le permitieron al acusado sacar los videos del servidor de la escuela cuando la directora sabe que no es el procedimiento, dijo.

La directora acusó a la mamá de que señalaba a un inocente y que la niña así había llegado a la escuela. Protegió al acusado diciendo que consideraba que en el entorno familiar de la niña le había sucedido el abuso y fomentaron escarnio público en contra de la madre de la niña, mandando mensajes a los grupos de padres de familia para que rechazaran a la mamá y a la niña. Eso es lo que está en evaluación de las docentes, no es la carpeta judicial, aclaró.

“Nos llenan de coraje las declaraciones del secretario de Educación porque tiene pleno desconocimiento del proceso; no se está acusando a las maestras en la parte penal, porque si nos fuéramos por ahí, peor para él, porque no las podría regresar sus actividades hasta que no se resuelva la carpeta penal”, opinó.

Si nos vamos por lo administrativo, el órgano interno no ha resuelto la queja. Si resulta no grave, tienen un catálogo de sanciones internas, y si es grave se va al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, donde resolverían la calidad del servidor público y la duración de la inhabilitación, declaró.

“Qué mal que el secretario haya salido a decir estas declaraciones porque no es él quien decide regresarlas; sería una recomendación emitida por el órgano interno a la DAP. Esta dirección depende de la subsecretaria Jáuregui, y ella ha manifestado su apoyo al caso de la niña en el sentido de que a todos nos interesa que este caso se resuelva”, aseguró.

Hay una madre destrozada, hay una familia con amenazas de muerte, un hijo que no puede ir a la prepa por haber sido señalado de tocar a su hermana, daño psicológico, y un negocio en picada por el desprestigio del que ha sido objeto la madre de la niña, concluyó.