Corrupción
Denuncian corrupción, tráfico de armas y drogas en penales de BC
Empleados del Sistema Estatal Penitenciario denunciaron a José Gabriel Gálvez Beltrán, Comisionado del Sistema Estatal Penitenciario por corrupción, tráfico de drogas y armas de fuego al interior de los penales (CERESOS) en Baja California.
Entre los sucesos que los trabajadores comentan ser testigos, están los hechos recientes del ingreso de 3 kilos de Fentanilo y 120 celulares de alta gama al CERESO de El Hongo; y dos armas 9 milímetros al CERESO de Tijuana y al de El Hongo, respectivamente.
El grupo que hace la denuncia anónima se nombra “Ciudadanos por la Dignificación del Sistema Estatal Penitenciario”, y subrayan que han sido diversas las ocasiones en las que se han denunciado actos de corrupción, pero los casos no avanzan porque seguramente las autoridades son cómplices de las acciones ilegales que se han denunciado.
Gálvez Beltrán asiste pocas veces a su puesto de trabajo, y en Mexicali muy pocos funcionarios lo conocen porque son contadas las veces que se presenta a su oficina, mencionan.

Señalan que el principal operador de Gálvez Beltrán es el Comisario Julián Lara Ceja, quien en su ausencia ha tomado el control de los negocios ilícitos dentro de los penales.
“De buena fuente y sin tener que investigar tanto podemos confirmar que el Comisionado es quien ha visto muy beneficiado económicamente desde que asumió el cargo, al igual que otros funcionarios que ingresaron durante su administración, es por eso que nosotros como trabajadores del sistema penitenciario nos sentimos en peligro al realizar nuestro trabajo, porque el Comisionado José Gabriel Gálvez Beltrán ha hecho negociaciones con el crimen organizado y ha brindado un respaldo total a Lara para llevar a cabo todas las acciones ilegales que denunciamos, lo cual nos representa un riesgo al tratar de cumplir con nuestra función ya que cuando lo hemos hecho, han existido represalias hacia la corporación por afectar los intereses del Comisionado”, comentaron a esta redacción.

Piden a la gobernadora y a las autoridades competentes investigar los hechos denunciados en el Sistema Penitenciario y de los cuales hasta el día de hoy no se ha hecho nada al respecto.
Entre los hechos que señalan están:
– Introducción de celulares, droga, licor, cigarros y hasta Viagra para mujer, reportado el 23 octubre 2023
– La muerte de más de 40 internos, reportado el 22 agosto 2023
– Tortura y violación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, reportada el 29 enero 2023
– Ingreso de bebidas alcohólicas al CERESO del hongo, reportada el 13 enero 2023
– Narcomantas para la Gobernadora y amenaza al Comisario del Sistema Penitenciario Julián Lara Ceja el 13 febrero 2023
– Declaración de un privado de la libertad que fue sustraída de manera ilegal del CERESO del hongo, reportado el 24 agosto 2024
Los “Ciudadanos por la Dignificación del Sistema Estatal Penitenciario”, precisan que en semanas recientes se dio un decomiso de 3 kilos de fentanilo y 120 celulares de alta gama en el CERESO de El Hongo, y al tener conocimiento los mandos le informan a Gálvez Beltrán, quien dio la orden de regresarla y además como consecuencia, el personal que llevo a cabo el decomiso fue levantado a las afueras del penal, golpeado y amenazado por un grupo de hombres fuertemente armados quienes eran los dueños de la droga decomisada y manifestaron ya estar arreglados con Gálvez Beltrán.
A esos empleados les dieron la instrucción de renunciar al penal y al no hacerlo su vehículo fue atacado a balazos en el poblado de El Hongo y posteriormente reasignado a Mexicali para no obstruir los negocios de Gálvez Beltrán.
De este hecho no existen denuncias ante la fiscalía ni ante ninguna otra autoridad federal porque el hecho fue silenciado por el comisionado y su equipo, manifiestan.
“Solicitamos se investigue el ingreso de armas de fuego al interior del penal del hongo y Tijuana ya que se reportó el ingreso de armas de 9 milímetros por las cuales le hicieron llegar alrededor de 100 mil dólares a Gálvez Beltrán, lo cual es de alto riego ya que los oficiales de custodia penitenciaria utilizan balas de goma lo cual los pone en desventaja. Solicitamos que las autoridades competentes y usted gobernadora tomen cartas en el asunto antes de que suceda una tragedia en el sistema penitenciario”, denuncian.
Los empleados del Sistema Penitenciario piden que la institución vuelva a ser “el motivo de orgullo del gobierno que en un tiempo fue y no se siga convirtiendo en un negocio ilegal para unos cuantos que sin importar la vida los internos y custodios”, destacan.
Cabe destacar que fuentes consultadas señalan que el Sistema Penitenciario Estatal está adquiriendo el medicamento Naloxona, que se utiliza para revertir sobredosis y evitar muertes por opioides, como la heroína, el fentanilo, la oxicodona, la hidrocodona, la codeína y la morfina.
Corrupción
Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón
La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.
Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.
Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.
Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.
Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.
El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.
Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.
El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

Corrupción
Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres
Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.
Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.
El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.
Vínculos familiares y empresariales
Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.
Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.
Contexto político
El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.
Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.
El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.
Corrupción
Pide el PAN que gobernadora deje el cargo y critica doble moral de Morena
La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda pida licencia al cargo y deje de coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Además criticó la postura de Morena, que habla de soberanía nacional y tiene una mandataria ofreciendo información de las mesas de seguridad.
Tras la filtración de un segundo audio donde la mandataria acepta que ha dado información a las autoridades estadounidenses y que estaría dispuesta a compartir la información de las mesas de seguridad con ellos, la líder del blanquiazul comentó que esto pudiera constituir un delito en México, además de los que parecen ya estar firmes en Estados Unidos.
“El Partido Acción Nacional ha hecho una serie de exigencias, expresiones; ha levantado la voz en relación a la crisis de estado que tenemos en Baja California. Una crisis gravísima que hoy se ve reflejada en audio filtrados de la gobernadora Marina del Pilar”, opinó.
Mata Lozando recordó que cuando le quitaron la visa a la gobernadora, manifestaron que la gobernadora debía dejar de participar en las mesas de seguridad, pues es preocupante que ella tenga información de esas reuniones de coordinación cuando posiblemente esté involucrada en temas de lavado de dinero y de crimen organizado.
“Hoy lo vemos reflejado en el segundo audio filtrado, lo más relevante de ese audio es que está dispuesta a colaborar con información de las mesas de seguridad a diferentes instancias, autoridades de Estados Unidos para efectos de que le quiten cargos. Además, se confirma que es un diálogo con el FBI y con diferentes autoridades de Estados Unidos… También se confirma que hay cargos establecidos (contra la gobernadora).
La líder del blanquiazul manifestó que otro dato relevante de este segundo audio, es que confirma que la mandataria estatal tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cuando hasta la presidenta de la república manifestó que la gobernadora decía no tener cuentas bancarias, agregó.
El planteamiento del PAN es que se haga cargo y sea responsable de sus actos, pidiendo licencia desde este momento. “El llamado es a la seriedad de su cargo, a que deje de decir mentiras; ha dicho mentiras una tras otra vez desde que le quitaron la visa el año pasado y hoy solo se confirma que sí hay una investigación… estamos en la antesala de cargos, de posible extradición, esto es gravísimo”, remarcó.
Finalmente, declaró que Morena habla de soberanía nacional cuando hoy vemos a una gobernadora pone sobre la mesa su posible colaboración con Estados Unidos con información pública.
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