Columna
Matices: Indicios
Hoy salieron a la luz más indicios de que detrás de la revocación de las visas de Marina del Pilar y Carlos Torres, no está una “decisión administrativa”.
Hubo un incidente el domingo. El secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Rodrigo Llantada, fue retenido el domingo cuando pasaba a Estados Unidos, en segunda revisión. Aunque él lo niega, fuentes dentro de Morena lo confirman.
El 8 de junio de 2024 una abogada interpuso una denuncia contra Llantada Avila y quien resulte responsable, por los delitos de fraude procesal, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, en un expediente con número único de caso 0202-2024-18067, al que aporta 65 pruebas.
La abogada retiró la denuncia tiempo después, pero entre las evidencias aportadas están alteraciones de deslindes y otros documentos, además de generarse hojas de inscripciones y trámites en tiempo récord en el Registro Público de la Propiedad, al parecer con la colaboración de la funcionaria de esa dependencia, Isis Mariel Romero Pelayo, quien aparece en todos los trámites que involucran a Llantada Ávila y es candidata a magistrada a pesar de tener una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado por fraude.
Lee aquí el reportaje El Zar inmobiliario Rodrigo Llantada, acusado de fraude.
Recordemos que también negó haber sido retenido por horas en inspección secundaria el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Favila, a quien autoridades estadounidenses habrían interrogado largamente antes de revocarle la visa junto con la de al menos 13 de sus colaboradores.

Hay rumores de que es inminente que le quiten también la visa a los funcionarios morenistas Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Rubén Rocha, Evelyn Salgado, Cuauhtémoc Blanco, Layda Sansores; y legisladores como Ricardo Monreal y Adán López.
Si eso pasa, ya no habría duda que la retirada de las visas se debe a una investigación de altos vuelos de Estados Unidos, que terminará en la renuncia, licencia o cárcel para muchos de esos funcionarios.
Si hablamos de personajes y funcionarios cercanos a Marina del Pilar que estén muy preocupados por esta situación, tenemos a su socio Llantada; a su “monetizador” Raúl Villareal; a su oficial mayor David Cervantes, quien maneja los recursos del estado y ha incrementado notablemente los ingresos de su empresa desde su cargo público. Otro preocupado socio de la gober debe ser Kurt Honold, quien no entiende qué es un conflicto de interés y hace su papel de funcionario junto al de empresario, sin que le importe la ventaja de tener información privilegiada.
Por cierto, si los americanos quisieran saber los gastos en vestuario y accesorios de la titular del ejecutivo, deberían pedir los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y débito de su asistente personal, Rosella Rojo. Al parecer el marido también colabora en alguna medida con Marina del Pilar.

En la conferencia del PAN de hoy, Liz Mata destacó la noticia de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga una red de corrupción en las aduanas fronterizas del norte del país, en el contexto de la lucha contra el contrabando de gasolina y otras irregularidades fiscales, conocido como “huachicol fiscal”.
Luis Torres, hermano de Carlos Torres y por tanto cuñado de la gobernadora, habría sido mencionado en una denuncia por su presunta implicación en esta red de contrabando de combustibles, junto con funcionarios del SAT y agentes aduanales.
Hay que recordar que hace semanas se presentó en la mañanera de Claudia Sheinbaum, un reportero que preguntó sobre la introducción ilegal de vehículos en las aduanas de Mexicali y Tecate y una supuesta protección de Luis Torres a un agente aduanal corrupto: Roberto Ruiz Armas. No sabemos si es una de tantas preguntas sembradas, o si es un cuestionamiento auténtico, pero la presidenta aprovechó para decir que se está investigando y que se han retirado patentes a agentes aduanales y se seguirá haciendo.
El caso es que el nombre de Roberto Ruiz Armas está en la investigación por el “huichicol” encontrado en El Sauzal, en Ensenada; 8 millones de litros de combustible en un predio propiedad del exsenador morenista Gerardo Novelo, amiguísimo de Andrés Manuel López Obrador, publica el periodista Héctor de Mauleón hoy.
También expone el nombre de Baltazar Terrazas Ciapara como uno de los principales funcionarios corruptos de las aduanas bajacalifornianas, a quien el periodista menciona como cuñado y socio de Luis Torres.

Después de la CESPT, en 2019 Luis Torres fue nombrado secretario de Protección al Ambiente, con Francisco Vega.
Algunas fuentes señalan al cuñado de la gobernadora como uno de los grandes beneficiarios de los decretos de carros “chocolate”, dejando pasar miles de vehículos en perjuicio de la industria nacional y del negocio de los importadores.
Hablando de aduanas, no debemos olvidar a David Pérez Tejada Padilla, quien a finales de 2020 fue retirado del cargo de administrador de la aduana de Tecate, junto a Viridiana Soria Amador, de la aduana de Tijuana y Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, de la aduana de Mexicali, acusados por recibir sobornos a cambio de permitir el contrabando e ingreso de autos “chocolate”, dentro de los cuales se escondían, además, armas de fuego, según lo publicado en La Silla Rota.

Después de salir de la aduana porque era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, la gobernadora decidió inventarle el cargo de “Director de Economía Binacional” en su gabinete, el cual dejó en junio de 2023 para ser el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, donde estuvo hasta septiembre de 2024, cuando les pidieron la renuncia a todos los titulares de los Institutos Nacionales de Migración.
David es hermano del expresidente municipal y mecenas de Marina del Pilar desde que hacía sus primeros pininos en la política, “Panchito” Pérez Tejada Padilla, quien entra como Pedro por su casa tanto en el Ayuntamiento de Mexicali como en la oficina de la gobernadora.
Otros preocupados deben ser Armando Carrasco, director de la CESPM, y Netza Jáuregui, secretario del Bienenstar, a quienes han mencionado en narcomantas “por no cumplir acuerdos”, es decir, por recibir dinero del narco para las campañas y luego no dar posiciones prometidas en diferentes oficinas de gobierno.
Sin duda, esta historia continuará.
Columna
Matices: La operación secreta en la Clínica 30 del IMSS
A inicios del mes en curso, tuvo lugar una cirugía de corazón abierto en el Hospital 30 del IMSS en Mexicali. Lo que pudiera parecer como un logro de la institución, sobre todo en estos tiempos de carencias, es en realidad un acto que evidencia favoritismos, irregularidades, conflicto de interés y mal uso de los recursos públicos.
Para empezar, ese hospital no está en condiciones de ofrecer esa cirugía. Es más, nunca se han hecho ese tipo de operaciones ahí.
Luego, quien la realizó, el doctor Ballesteros, no forma parte del personal de dicho centro; es un trabajador eventual. Además, introdujeron equipo ajeno a la clínica, equipo muy caro y especializado, esencial para ese tipo de cirugías, que pueden costar más de un millón de pesos. Para cerrar con broche de oro, la anestesista es nada menos que la hija del secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMSS, quien al parecer trabaja no en la clínica, sino con el doctor Ballesteros.
El paciente es un hombre con problemas cardiacos originario de Coahuila, que nunca se había atendido en la Clínica 30, pero es padre de una trabajadora de ahí. Acude por primera vez a consulta, se le atiende, se le ingresa y el cardiólogo pide un cateterismo, el cual le realizan a las 36 horas. Al no solucionar este procedimiento el problema de salud que tenía, le dicen que es candidato para una operación de corazón abierto, una cirugía de revascularización.
El 1 de junio piden reservar el quirófano y dos turnos de personal disponible.
Para realizar una cirugía de corazón abierto se necesita un quirófano especializado, un equipo médico multidisciplinario altamente capacitado y una serie de equipos e instrumental específicos, como una máquina de circulación extracorpórea, un ventilador mecánico, monitores especializados, etcétera.
El equipo técnico y humano especializado es del doctor Ballesteros, que trabaja en el sector de la medicina privada. De la operación no hay registros en documentos, todo fueron acuerdos verbales. El costo lo pagó la trabajadora del IMSS, pero se usaron espacios, algunos materiales y personal de la Clínica 30.
Para obtener esa cirugía en el IMSS tiene que haber tres filtros; no se hacen esas operaciones en Mexicali, así que se envían los pacientes a Guadalajara. Si allá no pueden realizarla, los pacientes se envían a Ciudad de México. Si por alguna razón no la pueden realizar allá, se regresa a Mexicali y se arregla por subrogación.
Esto fue conocido y aprobado por la doctora María Guadalupe Pacheco León, directora del Hospital General Regional No. 30 del IMSS, quien ocupa ese cargo desde octubre de 2025.
Una denuncia anónima señala la directora antes tuvo ese cargo en el Hospital de Gineco-Pediatría No. 31 de esta ciudad, reportándose quejas durante su gestión por un estilo de dirección autoritario y prepotente, generando un ambiente laboral hostil. Se reportaron inconformidades derivadas de la asignación de contratos de tiempo extra a personal con categoría de auxiliar de oficina para desempeñar funciones propias del cuerpo directivo o de asistencia personal, así como intentos de modificar procesos asistenciales sin contar con conocimiento técnico suficiente en la atención pediátrica y gineco-obstétrica.
La denuncia explica que desde su llegada al HGR No. 30 se ha caracterizado por mantener una conducta directiva impositiva, confrontativa y en ocasiones intimidatoria hacia el cuerpo directivo, el subdirector médico, jefatura de enfermería, coordinadores médicos de turnos vespertino y nocturno, coordinadores clínicos y jefaturas de servicio excepto la coordinación de cirugía general, generando así un ambiente laboral adverso que inhibe la libre discusión técnica en el hospital.
El texto apunta que Pacheco León manifestó desde el inicio de su gestión el interés de destituir a la jefa de Enfermería, a la jefa de Personal y a la Médica Epidemióloga de turno matutino, lo que se interpreta como un intento de reconfiguración estructural para concentrar el control operativo y presupuestal.

“Se han observado irregularidades en la asignación de funciones, incluyendo la limitación de atribuciones al Coordinador del turno vespertino y la inclusión en el cuerpo directivo de un médico urgenciólogo -sin contratación definitiva en la unidad-, para desempeñar funciones propias de dicha coordinación, lo que vulnera derechos laborales y la normatividad institucional en materia de nombramientos”, precisa el texto.
En cuanto al uso de recursos humanos y financieros, el proceso quirúrgico —actualmente centralizado bajo control de la Dirección— no se apega estrictamente a los lineamientos institucionales. Se reporta contratación considerable de personal afín a la directora, sin que exista evidencia clara de correspondencia con necesidades reales de los servicios. De igual forma, con la finalidad aparente de cumplir metas de productividad, se estarían registrando en plataformas institucionales múltiples procedimientos como los quirúrgicos, aun cuando no requieren sala de operaciones ni cumplen criterios técnicos para ser clasificados como tales, lo que podría constituir distorsión de indicadores, uso indebido de recursos y simulación de productividad institucional, dice la denuncia anónima.
“Las consecuencias operativas han impactado directamente a la derechohabiencia, particularmente en los servicios de Urología (con pacientes que superan dos meses de hospitalización sin resolución quirúrgica), Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía, así como en pacientes de Nefrología y Medicina Interna con patologías de resolución quirúrgica diferida. Estos retrasos han derivado en complicaciones graves e incluso fallecimientos, situación que amerita revisión inmediata de indicadores de mortalidad, morbilidad y estancia hospitalaria prolongada”, apunta el texto.
Solicitan una investigación administrativa integral a través de una auditoría técnica y presupuestal del proceso quirúrgico, una revisión de congruencia entre procedimientos registrados y uso real de quirófanos, una revisión de contrataciones recientes y nombramientos directivos y un análisis de indicadores de mortalidad, complicaciones y estancia hospitalaria. Hasta aquí la denuncia anónima.
Pero las quejas no paran ahí. Hay cirujanos en ese hospital que denuncian que hay una fila de procedimientos pendientes por mala planeación, y se hacen gastos dobles porque los estudios preoperatorios pierden vigencia y hay que volverlos a hacer.
“Se llenan formatos, pero no se les da atención de calidad a los pacientes”, expresan los médicos. Los insumos para las operaciones no están completos o no son los apropiados; no hay apego a las normas ni a los protocolos institucionales; se gasta en estudios para pacientes que finalmente no operan, agregan.
El presupuesto dura de marzo a agosto; aquí entran proveedores federales. Luego, cuando se acaba el dinero, se abren presupuestos extraordinarios y ahí ya se adquieren insumos con proveedores locales. Los médicos declaran que han abierto paquetes de instrumental o material quirúrgico que viene manchado de sangre, lo que significa que se vende como nuevo y ni siquiera se desinfecta. Los proveedores locales no entran a licitaciones, son adjudicaciones directas, y para poder ser considerado, se habla del pago de un millón de pesos. Por eso no hay quejas formales por esos “incidentes”.
Además, cuentan que hay una instrucción federal de aumentar el número de procedimientos quirúrgicos para cumplir una meta marcada por las autoridades de salud. Lo que están haciendo es que hacen curaciones en los quirófanos para registrarlas como procedimientos y cumplir así con la cuota que pide la federación; lavado de úlceras, uñas enterradas, curaciones diversas.
Ahí se las dejamos a Desireé Sagarnaga, que no sabemos qué pudo haber dicho en su informe como delegada del IMSS, al que no invitó a la prensa; al doctor Romero, coordinador del IMSS Bienestar en el estado; y al secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas.

Columna
Matices: La fiesta de Julieta
Este viernes pasado, a las 3 de la tarde, Alejandro Meléndrez puso su rancho con caballerizas refrigeradas, para la comida organizada para recaudar fondos para la campaña a la gubernatura de la senadora morenista Julieta Ramírez.
El organizador fue Netza Jáuregui -el que le compró una casa a mitad de precio a su anfitrión-, y entre los invitados estaba el exsecretario de Agricultura del estado, Juan Meléndrez, quien hay que destacar, es suplente del senador Armando Ayala, quien también está haciendo su luchita por lograr la candidatura a la silla grande de Baja California.
En la comida acordaron apoyos millonarios con los presentes, y le dejaron de tarea al suplente que convenciera a Ayala de dejar de lado sus aspiraciones porque la buena es Julieta. ¿Qué prometieron a cambio de esos apoyos? Pues seguro lo mismo de siempre, ser proveedores de gobierno, cargos, plazas, adjudicaciones y lo que haga falta, porque el prometer no empobrece.

Hoy anuncian que con recursos extraordinarios del estado, la Secretaría de Salud de Baja California recibió en su almacén estatal un primer lote de medicamentos e insumos para surtir las farmacias de los Hospitales Generales que han registrado faltantes.
Se compraron más de 70 claves de fármacos y materiales, mismos que empezaron a llegar a la capital del Estado este lunes, informó el Secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas. En boletín de prensa precisaron que son poco más de 20 mil unidades de medicamentos, los cuales serán distribuidos de manera inmediata en el Hospital General de Mexicali, el Hospital General de Tijuana, el Hospital Zona Este de Tijuana, el Hospital Materno Infantil de Mexicali, el Hospital Materno Infantil de Tijuana, el Hospital General de Rosarito, el Hospital General de Tecate, y Hospital General de Ensenada, así como centros de salud estratégicos ubicados en zonas vulnerables.
O sea, démonos cuenta que los insumos y medicamentos faltaban en todos los hospitales y centros de salud del estado. La situación de la salud pública nunca había estado tan mal como ahora, con la gran idea del IMSS Bienestar, que no ha sido capaz de cumplir con los mínimos estándares de servicio y abasto, porque el pretexto de la “transcición” ya pasó.
Ayer anduvo de visita el doctor Romero en el Hospital General, dizque supervisando y viendo qué hacía falta. El elevador sigue parado, los montones de ropa de cama y toallas siguen creciendo, y los medicamentos e insumos que llegaron hoy los puso el estado.
Comunicación de la Secretaría de Salud no respondió la petición de información sobre cuánto le tocará a cada hospital; son 8 nosocomios y una cantidad indeterminada de centros de salud, así que tal vez les toquen 20 cajas de medicamentos y limitados insumos, que aunque anunciados con bombo y platillo, en la práctiva lo que les toque les durará a lo sumo dos o tres semanas.

Hablando de salud, nos hacen llegar la información de esta recomendada, Cassandra Terán Norzagaray, de quien nos cuentan es amiga de las hijas de cierto secretario de salud. Gana 27 mil pesos por mes más compensación por no hacer nada.
“Se la pasa en dirección, ni oficina tiene, pero no saluda no habla con nadie es una persona muy prepotente, es digamos del staff del secretario junto con el horrendo corrupto y groserisimo también de Enrique Campos”, señalan empleados de esa dependencia.
Se supone que trabaja desde el 2023 en Isesalud, pero nadie sabe quien es, apenas la empezaron a ver.

Y siguiendo con el tema de salud, sigamos hablando del medicamento Osaten, que ya han reportado tres derechohabientes haberla recibido en prescripción. El lote de medicamento fue comprado por Dagoberto Valdés cuando era Director de Issstecali, aunque hay un documento de una visita de inspección, el 19 de septiembre de 2025, donde establecen que el lote era auténtico, sin adulterar o falsificar y pueden ser prescritos sin problemas.

Solo que en internet no hay ninguna información en ese sentido. Ese documento de Coepris en Baja California es el único que dice que el medicamento se puede prescribir sin problemas.
La empresa Offenbach Mexicana, S.A. de C.V., identificó la comercialización ilegal en territorio nacional del producto Osaten (Ketotifeno) sin autorización sanitaria, dado que el registro sanitario de este medicamento actualmente no es vigente y no se ha fabricado desde el 31 de mayo de 2018. O sea, no es que sea falsificado, es un problema administrativo relacionado con el registro sanitario, lo que lo hace peligroso porque dice Cofepris que “se desconoce si cuenta con estudios que avalen su calidad, seguridad y eficacia. Además, no se tiene evidencia de la calidad de las materias primas, ni del proceso de fabricación, almacenamiento y transporte”.

Veremos qué dice Coepris al respecto.
Finalmente, nos reportan que representantes de las plataformas de streaming han estado visitndo restaurantes y bares para ver lo de las transmisiones de los juegos del mundial de fútbol, y resulta que pretenden cobrarles mil pesos por mesa, no una cantidad especial por los derechos del evento, como sucede a veces con otros eventos deportivos, independientemente de cuántas personas las vean.
Columna
Matices: Pagos en Tijuana
Que Ramón Vázquez Valadez, diputado con licencia y cuatísimo del alcalde tijuanense Ismael Burgueño sea el nuevo secretario del Ayuntamiento en la coqueta ciudad, no fue gratis. Nos contaron detalles del reparto de delegaciones a cambio del voto de apoyo (y unánime). Las mochilas con personajes caricaturizados del entonces legislador y del alcalde tijuanense, levantaron polvo en su momento; “que todo mundo se entere que soy totalmente leal” parecía decir el mensaje.
Aquí una lista de las delegaciones repartidas, para qué regidor y qué ganancia política tiene:
San Antonio de los Buenos | Miguel Loza Ginuez (Ex-PAN / Tránsito a MC) | Ajuste Estratégico: Se entrega esta delegación en pleno crecimiento urbano para consolidar su voto “bisagra”. Al romper con el bloque azul, debilita la contención opositora y asegura un voto clave hacia el centro-izquierda.
Playas de Tijuana | Pablo Yáñez Plascencia (Morena) | Control oficialista en zona de perfil alto, residencial y turístico, desplazando la influencia externa.
Centro | Ranier Alejandro Falcón Martínez (PES BC) | Voto de legitimidad y consenso externo (comercio establecido y turismo).
Otay Centenario | José de Jesús Franco / Melissa Pacheco (PVEM) | Voto aliado corporativo; control del sector industrial maquilador y aduanas.
La Mesa | Joel Fabián Guardado Reynaga (PT) | Voto aliado de izquierda tradicional; control de zona comercial de alta plusvalía.
La Presa Este | Rogelia Arzola Santillán / Estructura de Base (Morena) | Operación directa en el sector con mayor rezago habitacional de la periferia.
La Presa A.L.R. | Arturo Aguirre González / Michel García Arceo (Morena) | Control del padrón social y comercial popular más dinámico del este.
Sánchez Taboada | Magaly Ronquillo Palacios / Mónica Padilla (Morena) | Gestión y contención comunitaria basada en comités de bienestar social.
Cerro Colorado | Heriberto Lemuel Ramírez Jiménez (Fuerza por México) | Voto aliado sectorial; zona residencial de nivel medio.
Por cierto vean esta ridiculez; le hicieron un corrido al nuevo funcionario. ¿Así o más arrastrados?

El nuevo secretario dejó su curul en el Congreso del Estado nada menos que a su hijastro, Jesús Daniel Razo Córdova, pero “no es nepotismo”. El nuevo legislador tiene 23 años y ya veremos si sale improductivo como Eligio Valencia o se pone a trabajar, como Michel Sánchez, por tomar ejemplos de su mismo partido.

El diputado Armando Samaniego anda llorando por la compra de votos del PRI en Coahuila -lo cual está mal si se comprueba-, y hasta se llevó a José Ramón a hacer bola a aquella entidad, como si tuviera la calidad moral de andar persiguiendo mapaches electorales.
A ver si está así de atento en su propia entidad cuando Morena ande acarreando gente a votar, pidiéndole que tome foto a su boleta y amenazándolos con no darles apoyos sociales, como pasó en la elección del 2024.
Hasta las 20:20 horas de este domingo 7 de junio, con 60 por ciento de las actas capturadas, el PRI va ganando todo en Coahuila.
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