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Estatal

Un sistema de justicia lento e ineficiente, permitió una pesadilla que duró 5 años

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Una serie de ineptitudes y trámites burocráticos ocasionó que una madre tardara cinco años en recuperar la custodia de su hija, tiempo en el que el padre la maltrataba física y psicológicamente.

Elisa, la madre de Natalia -nombres ficticios para proteger su identidad- narró la pesadilla que empezó en 2020 y aun no termina del todo.

Elisa narró que con el padre de la menor, Roberto Reyes Gutiérrez, sufrió violencia económica y psicológica.

Las cosas empeoraron a tal punto que se separan y ella le pide el divorcio en febrero de 2020. La niña, entonces de 3 años se queda con ella y el padre la visita regularmente.

El 1 de septiembre el padre se la lleva a comer y le avisa a Elisa que no se la regresará hasta que firmen la custodia compartida.

Roberto le permite a la madre dos llamadas por teléfono con la niña y se rompe todo contacto.

El 22 de septiembre Elisa logra que le den la custodia provisional de Natalia, pero él no se deja notificar.

En noviembre de ese año consigue medidas de apremio contra el padre de la niña. Van al domicilio de Roberto y el actuario Jorge Villa le dice que no hay nadie en el domicilio, a pesar de que van acompañados por un cerrajero y las autoridades.

Ella en su desesperación se brinca la barda y los deja pasar. El actuario, con el pretexto de que la niña estaba llorando, dice que no puede proceder a llevársela, lo cual es validado por la juez Carmen Alicia López Galindo.

Tras conseguir convivencias en los Centros de Convivencia Familias (Cecofam), que evolucionan a convivencias de transición, donde le permitían a Elisa llevarse a Natalia, aunque muchas de las veces él no cumplía con llevarle a la niña porque argumentaba que estaba enferma.

Desde que el caso quedó en manos del juez Víctor Manuel Ruiz de Chávez, avanzó mucho, cuenta Elisa. El 8 de mayo del 2023 por fin dictan sentencia a favor de Elisa, en la custodia de su hija. Roberto de alguna manera sabía la decisión de la justicia, y promueve un amparo y una queja. Elisa no fue notificada de la sentencia que la favorecía.

El 30 de mayo de 2024 fue la última vez que Elisa vería a Natalia en mucho tiempo. Como Roberto ya sabía que le quitarían a la niña, ya no le permite a la madre verla ni hablar ni hablar con ella.

En noviembre de ese año esperan una nueva sentencia, pero la burocracia en los juzgados hace que se retrase hasta febrero de 2025, cuando por fin le conceden a Elisa la custodia con medidas de apremio; con el argumento de que la niña tiene un ataque de ansiedad, no la lleva al juzgado, donde debía entregarla.

El 21 de marzo es la fecha fijada para que Roberto entregue a su hija, y como hay medidas de apercibimiento, es decir, si no entrega a Natalia va a la cárcel, se presenta con la niña y una pequeña maleta.

Después de casi un año, por fin Elisa pudo ver a su hija. La pequeña, de 8 años mostraba una alienación parental grave. Durante los cinco años que duró la batalla legal, Elisa se enteró que Roberto casi no llevaba a la niña a la escuela; que la pequeña estaba descuidada en su apariencia, sucia, con sobrepeso y que era víctima de acoso escolar.

Elisa entrega un dispositivo de memoria con las imágenes y videos que le envió Roberto donde aparece la niña, semidesnuda en la cama. Natalia dijo a su madre que su padre la tocaba y que permitía que sus amigos también lo hicieran. La niña expuso a su madre y más tarde a las autoridades, que su padre la golpeaba y le tomaba fotos de los moretes para decir que quien la agredía era su madre y su abuela. Que la dejaba sin comer, que la insultaba. Natalia tenía hígado graso, ovarios poliquísticos, resistencia a la insulina.

En el aspecto psicológico las cosas no fueron mejor. Tenía fuertes tendencias suicidas, sentimientos de culpa, baja autoestima y problemas de apego emocional. Elisa decide interponer una denuncia penal por abuso sexual, corrupción de menores, pornografía infantil, y delitos contra la imagen y la intimidad, que se sumaban a las que tenía ya por violencia vicaria, violencia familiar, falsedad de declaraciones, pensión alimenticia y la custodia de la niña.

Ese día que por fin le entregan a su hija, Elisa y la niña se tienen que ir por la parte de atrás del edificio, pues Roberto está haciendo escándalo en la entrada. Al llegar a casa, lo único que tenía la maleta con la que le entregó a Natalia, era un suero y un trapo, cuenta Elisa.

Hubo una audiencia donde la fiscalía, habiendo tanta información para hundir a Roberto, no llegó bien preparada y tenían que diferir, extendiendo el proceso legal y la angustia de Elisa. Roberto lloró y expuso su conversión al cristianismo como mejor defensa.

El 3 de octubre entrevistan a la niña en una audiencia secreta donde contó todo lo que vivió en esos cinco años de infierno.

Natalia toma medicamentos diarios para la diabetes y la alta presión, lleva tratamiento psicológico y psiquiátrico, y en estos meses ha mejorado mucho, expresa su madre. Solo ese día de la entrega, la niña quiso hablar con su padre por teléfono para ver si estaba bien. Ya no preguntó por él.

Elisa destaca que se supone que estaba archivada la carpeta donde Roberto la acusaba a ella y a su madre de golpear a la niña, pero les pusieron una audiencia por ese delito el próximo 20 de noviembre, pero aun no han sido notificadas oficialmente.

Se nota la negligencia y la parcialidad de la justicia, apunta Elisa, pues el objetivo puede ser que no se entere y declararla sustraída de la justicia. Mientras tanto, Roberto, quien se benefició de una justicia lenta y burocrática está libre, sin fecha de audiencia por los delitos sexuales, a pesar de que hay declaraciones de la menor en este sentido.

El hombre manipuló el sistema y ese retraso permitió abusos cada vez más graves para con su hija. Elisa reprocha el pésimo trabajo de fiscalía, pero la custodia total de su hija le da fuerzas para seguir las batallas legales y que el padre de su hija pague por su negligencia y sus abusos.

La madre de la pequeña relata finalmente que ha dejado instrucciones sobre la custodia de su hija, previendo una fatalidad. Si fue capaz de hacerle lo que le hizo a su propia hija, será capaz de todo con ella, declara Elisa, quien no confía en la protección que la justicia pueda darle.

Estatal

Ayuntamiento proyecta invertir cerca de 20 MDP para renovar el cableado

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El Ayuntamiento de Mexicali inició un diagnóstico integral de las instalaciones eléctricas del Palacio Municipal ante las fallas registradas durante este año, las cuales se han duplicado e incluso triplicado en comparación con el año anterior y estiman que el costo podría ser cercano a los 20 millones de peso.

La alcaldesa Norma Bustamante informó que, a diferencia de años anteriores, cuando las reparaciones se realizaban únicamente en las áreas afectadas, en esta ocasión se llevó a cabo una revisión completa del edificio para detectar posibles riesgos, incluso en espacios donde aparentemente no existen problemas.

Explicó que el objetivo es conocer el estado real de toda la infraestructura eléctrica y contar con un diagnóstico que permita atender de manera definitiva las fallas que presenta el inmueble.

Por su parte, el tesorero, Roger Sosa, dio a conocer que el Ayuntamiento contempla una inversión de alrededor de 20 millones de pesos para sustituir el cableado general del edificio, al considerar que el sistema actual requiere una renovación integral.

Las autoridades municipales mencionaron que por el momento no hay una fecha concretada para reaperturar el edificio; sin embargo, se prevé que pudiera dar a lo largo de la próxima semana.

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Corrupción

Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón

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La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.

Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.

Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.

Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.

Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.

El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.

Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.

El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

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Estatal

Interceptan embarcación con 3 mexicanos en San Diego

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El 19 de julio, aproximadamente a las 11:05 de la mañana, el Centro Conjunto de Operaciones Portuarias de San Diego detectó una embarcación que cruzaba la línea fronteriza marítima cerca de Point Loma.

La tripulación de una embarcación interceptora costera de la Subdivisión Aérea y Marina de San Diego, que operaba en la zona, respondió rápidamente e interceptó una embarcación de 18 pies con tres migrantes ilegales a bordo que se identificaron como ciudadanos mexicanos.

La embarcación fue remolcada hasta la Base Naval de Ballast Point, y los individuos fueron entregados a la Patrulla Fronteriza para su posterior procesamiento.

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