Baja California retrocedió en el ranking nacional del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al ubicarse en la posición 27 de las 32 entidades evaluadas en el estudio Estados #ConLupaDeGénero 2026, dos lugares por debajo de la clasificación obtenida el año pasado.

De acuerdo con el informe del IMCO, Baja California forma parte del grupo de entidades con desempeño medio-bajo en las condiciones para impulsar la participación económica de las mujeres. Entre los factores que explican este resultado destaca una de las mayores caídas a nivel nacional en el indicador de mujeres con educación media superior o superior, aspecto considerado determinante para facilitar su acceso al mercado laboral.

El estudio analiza 16 indicadores agrupados en tres ejes: entrada al mercado laboral, permanencia en el empleo y autonomía económica. Aunque 15 estados registraron avances durante 2026, ninguna entidad alcanzó un nivel de desempeño “muy alto”, lo que evidencia que persisten barreras estructurales para garantizar igualdad de oportunidades laborales para las mujeres.

El IMCO señala que uno de los principales obstáculos continúa siendo la distribución desigual de las labores de cuidado. A nivel nacional, las mujeres dedican 58 por ciento más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado y nueve de cada diez personas que abandonan el mercado laboral para atender responsabilidades de cuidado son mujeres.

El organismo también advierte que las mujeres reciben, en promedio, un salario 13 por ciento menor que los hombres y que únicamente el 38 por ciento de los niños de entre cero y cinco años tiene acceso a un centro de atención infantil, una cobertura que considera insuficiente para favorecer la incorporación y permanencia de las mujeres en el empleo.

En materia de autonomía económica, el informe destaca que el acceso de las mujeres a ingresos propios y a la propiedad de activos, como viviendas, sigue siendo limitado en gran parte del país. Las diferencias entre entidades son amplias: mientras en Veracruz el 38 por ciento de las mujeres no percibe ingresos directos, en Baja California Sur esa proporción es de 17 por ciento.

El ranking nacional es encabezado por Baja California Sur, seguida de Ciudad de México y Nuevo León, mientras que Oaxaca ocupa el último lugar por segundo año consecutivo. Además de Baja California, entre las entidades con mayores rezagos se encuentran Veracruz, Chiapas, Guerrero y Tabasco.

Ante este panorama, el IMCO recomendó a los gobiernos estatales fortalecer los sistemas de cuidados mediante políticas públicas específicas, asignar mayores presupuestos para este rubro y ampliar los permisos de paternidad, con el objetivo de distribuir de manera más equitativa las responsabilidades familiares, incrementar la participación laboral de las mujeres y contribuir al crecimiento económico.

La organización civil Somos México exigió este jueves la liberación inmediata e incondicional del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien considera víctima de un “inaudito atropello” por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado, la agrupación calificó la detención como arbitraria e ilegal, y señaló que se trata de una acción destinada a distraer la atención pública de los escándalos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado que involucran a gobernadores y funcionarios cercanos al actual gobierno federal.

“Los huachicoleros no están en la sociedad civil, sino en el gobierno”, afirma el documento, en el que se acusa a la fiscal Ernestina Godoy de actuar de manera abusiva contra Ruffo mientras, según la organización, ignora “la más grande de la historia” en materia de fraude fiscal y tráfico ilegal de combustibles.

Según Somos México, la detención de Ruffo Appel —prestigiado exgobernador, empresario y ciudadano— forma parte de una cortina de humo para desviar la atención sobre las “grabaciones públicas de la gobernadora Marina del Pilar” y sus supuestas negociaciones al margen de la ley con agentes norteamericanos.

La organización también recordó que en meses anteriores Ruffo Appel había hecho públicas sus denuncias sobre irregularidades en trámites administrativos relacionados con la importación de aduanas y productos energéticos, señalando directamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como responsable de permitir o no evitar el tráfico de huachicol.

“Exigimos la inmediata e incondicional liberación, en virtud de que consideramos esta acción un atropello inaudito en contra del también Consejero Consultivo de esta organización”, concluye el comunicado fechado el 16 de julio de 2026.

Hasta el momento, ni la FGR ni el gobierno federal han emitido una respuesta oficial a las demandas de Somos México. El caso ha generado polémica en círculos políticos y empresariales, donde se debate si se trata de un legítimo acto de procuración de justicia o de un uso político de las instituciones.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, presentó detalles de una operación que supuestamente desmanteló una red de contrabando y evasión fiscal de combustibles, conocida como huachicol fiscal, que generó un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.

Godoy informó a través de un video que la FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra integrantes de esta organización, entre ellos Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, señalado por su presunta participación en el esquema.

La red operaba introduciendo gasolina y diésel provenientes de refinerías de Texas a través de aduanas, mediante declaraciones falsas que subreportaban cantidades o disfrazaban el combustible como otros productos para evadir impuestos, explicó.

Según las investigaciones, la organización utilizó más de 160 carros tanque de ferrocarril para ingresar aproximadamente 15.3 millones de litros de combustible de manera irregular, principalmente distribuidos en Coahuila, Durango y Zacatecas.

La estructura incluía empresas fachada, operadores financieros y logísticos que movilizaron recursos a través de unas 80 cuentas bancarias y transferencias internacionales por más de mil 386 millones de dólares. Solo en evasión de IEPS e IVA se estiman más de 106 millones de pesos.

“Esta es una red que operaba con sofisticación y que afectó gravemente las finanzas públicas”, destacó Godoy, quien enfatizó el compromiso de la FGR para combatir este tipo de delitos de alto impacto.

El caso forma parte de algunas investigaciones sobre huachicol fiscal que han salido a la luz en los últimos meses, y que ya habían involucrado a exfuncionarios y militares en operativos anteriores. La FGR mantiene abiertas carpetas de investigación y busca avanzar en las detenciones pendientes, sin embargo no hay avances en el caso de Gerardo Novenlo, en cuyo predio encontraron millones de litros de hidrocarburo ilegal en Ensenada, ni de del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, ambos familiares del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Video difundido por la FGR.