Estatal
Violencia contra la mujer: arraigada y normalizada en Baja California
Por Dianeth Pérez Arreola
Entrevista con el presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López.
¿Podría explicar el dato que dio hace poco sobre que al 80 por ciento de los acusados por violencia contra la mujer, los perdonaban sus víctimas?
La cifra específicamente, me fui corto. La situación ya verificando en números, es la interpretación que le dieron a la palabra. Los delitos de violencia contra la mujer para mí es un tema prioritario; no dictamos la sentencias porque se llega a una salida alterna de solución.
Me decían bueno, si tienes 100 judicializaciones y 100 delitos porque no tienes 100 sentencias. Porque las partes optan por una salida alterna de solución del conflicto, que es la suspensión del procedimiento, en la cual se le otorga el derecho de un consentimiento a la ofendida y en el 86% de las veces de esos asuntos, optan por una salida alterna. Yo creo que ahí la sacaron un poco de contexto.
Una mujer violentada perdona siete veces antes a su agresor antes de ir a denunciar; si otorgas siete veces el perdón, si llegas ahí y todavía no lo quieres mandar a una sentencia condenatoria, tácitamente aceptas un arreglo por cualquier situación.
Y aún así esta es la cifra más escandalosa: para que tengas tú como agresor o como ciudadano, tengas derecho a optar por esta salida alterna de suspensión del procedimiento, tienes que no haberla solicitado dos años antes. Yo le comentaba a los jueces penales: lo que tú me estás diciendo es que el delito más judicializado es violencia contra la mujer, que de esos casos casi el 85-90 por ciento se va por una salida alterna, y que para tener derecho a la salida alterna tienes que no haberla pedido dos años antes, significa que son diferentes agresores y eso lo puede constatar con mis compañeros magistrados. Eso significa que aquí alguien le pega a su señora.
Hay que buscar por qué las violentadas aceptan estas salidas. Es un círculo de violencia, es evidente que la gente si se espera tanto para denunciar es evidente que hay que tener una solución.
¿Cuál es la razón principal por la que acceden?
Eso es un poquito complicado, yo creo que tácitamente la sabemos todos: es cuestión económica, es cuestión de los hijos, es cuestión a veces de la casa.
Fue entonces que nosotros empezamos a crear la figura de juzgados especializados de violencia contra la mujer, en la cual, el mismo juez te va a resolver ahí mismo esos asuntos: te va a resolver dónde vas a vivir, quién va a tener a los niños, cuánto te van a dar de pensión, y si necesitan refugio.
¿Cuándo empezará a dar resultados?
Es muy escandaloso la cantidad de delitos judicializados de violencia contra la mujer. Había que crear una solución. Esto es un proceso o es un proyecto que tuvimos que modificar la ley. La verdad no lo inventamos nosotros, yo lo vi en Coahuila y me lo traje de allá. Se lo planteamos al Ejecutivo, lo planteamos a los diputados, hicimos la ley con nuestras manitas, pero todo eso es tardado.
Esto ya lo aprobaron, ya lo publicaron, ya empezamos nosotros con la capacitación y acabamos de empezar; mi idea es que estén andando antes de que me vaya yo en noviembre.
¿Cuántos casos de violencia familiar tienen en los juzgados?
Nos llegan 10 denuncias diarias. El año pasado recibimos 1800 asuntos. En 2021, tuvimos mil. Eso es algo muy bueno porque se ve que la gente se está animando a denunciar. Esos son los casos en proceso porque hay unos que se quedan en fiscalía.
La violencia contra la mujer es algo escandaloso. Yo no conocía su dimensión. Mandamos dos asuntos diarios de violencia contra la mujer al Centro de Justicia contra la Mujer, o sea, llegan dos personas que quieren arreglarse, pero a la hora que el especialista, el mediador, la escucha, dice “no te puedes arreglar, tu estás violentada”, con agresiones inimaginables.
Sí es algo muy escandaloso, es algo muy normalizado que debemos de cambiar. Somos 17 magistrados y lo digo abiertamente, aunque ya se han rajado algunos, pero le digo por la cuestión de la normalización, que había siete magistrados que no querían que se llamaran Juzgados de Violencia contra la Mujer. Eso es algo que para mí fue muy representativo.
¿Las mujeres no dimensionan la magnitud de la violencia que viven y los agresores, la que ejercen?
Ellas a veces no lo dimensionan y las agresiones están totalmente fuera de toda proporción. Si los colectivos de mujeres contra la violencia vicaria tienen que hacer protestas y manifestaciones para que las instituciones reaccionen, vale la pena, porque también las matan. Es un tema cultural y ya muy arraigado y normalizado. El romper esa inercia nos cuesta; estamos haciendo cosas, pero falta mucho.
¿Cómo está Baja California en el tema de violencia contra la mujer?
Tenemos la alerta de género. Veinte estados la tienen. Estamos muy mal. Hay que tratar de resolverlo, de ser más rápidos. Mi compromiso es resolver rápido, ser eficientes, eso es a lo que yo me comprometo. Estoy convencido que un amplio porcentaje, o sea, más de la mitad de los asuntos de violencia contra la mujer, su generador de violencia es la ineficiencia del sistema de justicia familiar.
Si nosotros tuviéramos un sistema de administración de justicia familiar en el que tú como mujer fueras, demandaras, te divorciaras, te dieran la pension, y todo eso en tres meses, a lo mejor no te tienes que aguantar la violencia. Eso sí estoy convencido. Hace 20 años que no abrían un juzgado familiar en el estado. Veinte. Tijuana hace 20 años tenía la cuarta parte de la población. Ese es el compromise, estamos trabajando, pero es muy difícil mover instituciones y aparte no hay recursos.
¿Qué acciones han tomado en los juzgados donde hay acusaciones, quejas o denuncias contra los jueces?
Ya iniciamos un procedimiento por unas cuestiones de ahí de unas fotografías que salieron en las redes, y estamos analizando el actuar del juzgador.
Lo más importante para un Estado de Derecho es tener jueces fortalecidos. Hay que recordar que pues estamos en una institución en la que la mitad de los clientes no salen contentos. Entonces sí lo vamos a analizar. Sí lo vamos a hacer, pero ahora sí que con su bebida garantía de audiencia al mismo juzgador que justifique, que analice, que motive, a ver si es cierto que su actual es correcto.
No se trata de de de castigar por lo que resolvió, porque esa es una facultad de ley que tienen todos los juzgadores del mundo. Lo importante es que lleguen jueces capacitados y que lleguen jueces calificados.
Lo más importante es que haya un proceso de selección de primer mundo donde pregunten al aspirante que quiera ser juez, qué preferencias tiene, cuál es su lenguaje, sus perspectivas, y todo eso.
Ya que está de juez, ya que resuelve, la libertad que deben de tener los jueces es una garantía muy importante para cualquier sistema de justicia. Nosotros no somos jueces de los jueces; entonces si él en su criterio dice bueno, para mí es más seguro que el menor esté con el padre o con la con la madre, eso eso no va a estar mal, a menos, que se haya brincado un convenio, un tratado o una ley.
¿Cuántas quejas contra jueces hay?
Hay 87 quejas activas en el estado. Sí son muchas. El único detalle es que casi todas son porque perdieron un juicio: es que me desechó una prueba, es que no fue favorable, es que entonces eso ya es apelable. Nosotros no somos última instancia: resuelve el juez y lo revisa el magistrado.
¿Cómo están aplicando las perspectivas de infancia y de género? Si había resistencias aquí mismo para nombrar los juzgados de violencia contra la mujer, ¿cómo podemos esperar que dimensionen la importancia de aplicar estas perspectivas?
Definitivamente tenemos que capacitarlos. Decían cuando implementaron el nuevo sistema de justicia penal, que hay que desaprender y luego aprender, pero eso cuesta el doble.
Obviamente es capacitación, es escuchar, es insistir día tras día tras día y va a haber algunos que vamos a batallar con ellos. Ha cambiado mucho el tribunal; creo que dos años para acá, ha evolucionado. La Corte misma, máximo tribunal del país también ha evolucionado bastante. Creo que es un proceso donde las instituciones no van a la misma velocidad que la sociedad, quizás.
¿Cómo operará el Observatorio Ciudadano?
Es un órgano que analizará las sentencias que emitan los jueces, con perspectiva o que debieron haber tenido perspectiva. El martes pasado nos juntamos para analizar los perfiles de la gente que va a conformar ese comité técnico. Es algo muy importante, algo extremadamente innovador, el hecho de que la sociedad civil tenga de primera mano la información y el actuar de los jueces. No para calificarlo, pero sí para conocerlo.
El observatorio determinará qué casos verá. Yo creo que deben ser todos aquellos donde exista perspectiva de género. Algo muy delicado y que nos tenemos que capacitar, es que la perspectiva es en todas la materias y a veces no estamos acostumbrados. También en materia civil y mercantil, no solo familiar y penal.
Centros de convivencia
Para un sistema de administración de justicia integral familiar, las recomendaciones fueron tener más jueces de control, más jueces familiares y más centros de convivencia. Abrimos el de la Unidad Xochimilco y el del Bosque de la Ciudad; además otro en Tecate y próximamente habrá uno en Ensenada y el INDIVI nos va a proporcionar un inmueble en comodato para abrir un centro de convivencia en Tijuana. Mexicali tiene dos centros porque los casos de violencia contra la mujer son muchos más que en el resto de los municipios.
En noviembre termina su periodo, ¿se va a reelegir?
Lo que digan mis compañeros. Yo termino en noviembre, es la responsabilidad para la que me eligieron hace 3 años. Estoy muy contento, me gusta mucho mi trabajo, creo que hemos entendido todos el área de oportunidad que tenía el tribunal y ya corresponderá a ellos decidir si quieren que siga o si viene un relevo.
Corrupción
Desaparecen de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mexicali bienes por casi medio millón
La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.
Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.
Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.
Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.
Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.
El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.
Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.
El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

Estatal
Interceptan embarcación con 3 mexicanos en San Diego
El 19 de julio, aproximadamente a las 11:05 de la mañana, el Centro Conjunto de Operaciones Portuarias de San Diego detectó una embarcación que cruzaba la línea fronteriza marítima cerca de Point Loma.
La tripulación de una embarcación interceptora costera de la Subdivisión Aérea y Marina de San Diego, que operaba en la zona, respondió rápidamente e interceptó una embarcación de 18 pies con tres migrantes ilegales a bordo que se identificaron como ciudadanos mexicanos.
La embarcación fue remolcada hasta la Base Naval de Ballast Point, y los individuos fueron entregados a la Patrulla Fronteriza para su posterior procesamiento.
Estatal
Denuncia a Marina del Pilar esperando misma celeridad de la justicia que caso Ruffo
La denuncia penal que interpuso Héctor Osuna Jaime ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la posible comisión de diversos delitos, es para probar si efectivamente la justicia funciona, comentó el exalcalde tijuanense.
La denuncia está firmada por Héctor Osuna Jaime, Francisco Antonio García Burgos y otros, con el asesor jurídico Juan Marcos Gutiérrez González, y es por posible revelación de secretos, delitos contra la seguridad de la nación, conspiración y delitos cometidos por servidores públicos.
Osuna Jaime señaló que la acusación se basa en conversaciones grabadas y difundidas públicamente en las que la mandataria estatal habría tenido contacto con personas que se presentaron como intermediarios vinculados a autoridades estadounidenses.
Dijo que varios ciudadanos se sumaron a la denuncia, ya que la dieron a conocer en el marco de la protesta de ayer lunes contra el repentino proceso legal contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, un acto visto por muchos como una cortina de humo tras la develación de los audios de Avila Olmeda.
El documento detalla que la acusación es por revelación de secretos, basado en los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, al presuntamente compartir o ofrecer información reservada conocida por razón de su cargo.
También por tentativa de delitos contra la seguridad de la Nación, si existieron actos ejecutivos orientados a transmitir la información; además por conspiración, basado en el artículo 141 del CPF, por el posible acuerdo con terceros para cometer delitos contra la seguridad nacional; y finalmente por delitos cometidos por servidores públicos, agravados por su calidad de gobernadora.
Osuna Jaime declaró que espera se abra una carpeta de investigación con la misma celeridad que se está actuando contra Ruffo Appel por huachicol fiscal, mientras que hay personajes ligados a Morena con fuertes señalamientos de ese y otros delitos a quienes la justicia no ha tocado.
-
CorrupciónHace 6 mesesRafael Buenrostro Martín, enlace estatal para el negocio del huachicol
-
EstatalHace 6 mesesAfirma Luz Elena Chávez que gobernadora sí llegó a Madrid
-
CorrupciónHace 4 mesesCompra casa de 1MDD Armando Carrazco en La Jolla
-
EstatalHace 2 mesesDenuncia acoso de magistrado en 2025 y sigue esperando justicia
-
EstatalHace 4 mesesCallan detención de exfuncionario de Issstecali sorprendido transportando sustancias ilícitas
-
CorrupciónHace 4 mesesAcepta Carrazco adquisición de casa en La Jolla
-
CorrupciónHace 6 mesesDenuncian nepotismo y acoso en la Secretaría de Educación de BC
-
CorrupciónHace 3 mesesExponen crisis política por Rocha Moya; mencionan a Marina del Pilar


