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Corrupción

Es Sonora líder en irregularidades: ASF

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Sonora, Campeche y Sinaloa concentraron el 40% de los probables daños a la Hacienda Pública presentados en la última entrega de resultados de las auditorías

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

La labor fundamental de la Auditoría Superior de la Federación es la vigilancia del uso de los recursos públicos federales. Como órgano técnico de la Cámara de Diputados, es uno de los contrapesos fundamentales para el ejercicio del gasto gubernamental, pues a través de sus diferentes auditorías es posible identificar irregularidades, problemas de diseño, desempeño o francos robos en despoblado, como fueron las empresas fantasma de Javier Duarte o el esquema de La Estafa Maestra.

Recientemente la ASF entregó a la Cámara de Diputados su segundo paquete de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2020. Es necesario recordar que antes de 2016, la ASF realizaba una única entrega de sus resultados 14 meses después de que concluía el gasto de un año específico —conocimos los resultados de la Cuenta Pública de 2015, por ejemplo, hasta febrero de 2017—. A partir de la Cuenta Pública de 2016, la ASF dividió sus reportes en dos entregas parciales, una en junio y otra en octubre, junto con una entrega final en febrero del siguiente año. Así, hoy podemos tener una idea de las irregularidades del gasto del año pasado. 

En su segunda entrega de la fiscalización del gasto de 2020, la ASF ha identificado 12,655 millones de pesos en irregularidades (una cifra equivalente a todo lo que gasta la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir delitos del orden federal), de los cuales 12,252 millones permanecen como dinero pendiente de ser recuperado o aclarado y 402 millones ya han sido devueltos por las instituciones vigiladas. 

Las auditorías realizadas por la ASF pueden dividirse de acuerdo a la finalidad para la que se destinó el recurso investigado. De esta manera, la siguiente gráfica muestra que, de acuerdo a la clasificación funcional del gasto, las irregularidades se pueden dividir en cinco categorías. Entre ellas, el Gasto Federalizado —es decir, el presupuesto que transfiere la federación a los gobiernos locales— concentra la mayor parte de las irregularidades con un monto de 10,794 millones de pesos. En segundo lugar, el rubro de Desarrollo Económico sufrió daños por 865 millones. En tercer lugar, la Auditoría detectó que el presupuesto para el Desarrollo Social tuvo irregularidades que le pudieron costar 658 millones a la Hacienda Pública. En cuarto lugar, las tareas de Gobierno tuvieron anomalías por 325 millones. Por último, aquellas auditorías no incluidas en el marco de referencia del Gasto Federalizado presentaron problemas por un monto de 14 millones. 

De acuerdo con los datos presentados en la segunda entrega de la auditoría a la Cuenta Pública de 2020, se determinó que en los estados y municipios hubo un posible daño patrimonial por 10,794 millones, de los cuáles sólo se han recuperado 313 millones. El monto de las irregularidades de esta categoría representa el 85% de la segunda entrega. Esto se explica parcialmente porque la mayor parte de los recursos investigados pertenecen a esta categoría, pero no es una justificación suficiente. El Gasto Federalizado representó el 51% de la muestra auditada, lo cual significa que se identificó una mayor proporción de irregularidades en el gasto de los gobiernos locales que en otros rubros.

Otra manera de analizar el gasto federalizado es dividirlo geográficamente. De esta manera se puede conocer con mayor precisión quiénes eran los responsables de la administración local mientras se presentaron irregularidades en el uso de los recursos públicos. En ese sentido, el siguiente mapa muestra que los tres estados con mayores anomalías eran gobernados por el Partido Revolucionario Institucional durante el periodo analizado. En primer lugar, Sonora concentró irregularidades por más de dos mil millones de pesos mientras Claudia Pavlovich era gobernadora. En segundo lugar, Campeche presentó tiene que aclarar el uso de 1,043 millones durante la gestión de Carlos Miguel Aysa en 2020. En tercer lugar, Sinaloa presentó irregularidades por 965 millones el año pasado.

Una vez identificado en qué entidades se presentaron mayores montos de usos indebidos del presupuesto, es importante considerar que cada estado recibe montos muy distintos de la federación. Por tanto, es importante contrastar el monto de las irregularidades con respecto a los recursos que fueron auditados. Tomando en consideración estos factores, la siguiente gráfica muestra que aún considerando la muestra auditada, Sonora, Campeche y Sinaloa mantuvieron una alta tasa de anomalías.

Las tres auditorías del Gasto Federalizado con mayores montos de posibles daños a la Hacienda Pública suman 1,438 millones de pesos en irregularidades. Esto ha ocasionado que la ASF emita nueve observaciones de carácter económico —normalmente conocidas como pliegos de observaciones— que, en caso de no aclararse adecuadamente en el tiempo correspondiente, darán paso a investigaciones de responsabilidad administrativa, denuncias de hechos o juicio político. A continuación se presentan los resultados de dichas auditorías.

  • La auditoría con mayores irregularidades es la número 169 realizada a la Universidad Autónoma de Coahuila. En dicho procedimiento se encontraron probables desvíos por 554 millones de pesos debido principalmente a que hasta el momento la UAC no ha comprobado el destino final de múltiples transferencias del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2020.
  • En segundo lugar, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no pudo justificar debidamente el ejercicio de 450 millones. Principalmente porque no se acreditó  que el pago de servicios personales se realizará conforme a las autorizaciones de puestos, números de plazas, tabuladores, estímulos y prestaciones. 
  •  En tercer lugar, la auditoría 884 al Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero sumó irregularidades por 434 millones por no acreditar el destino de las transferencias a cinco cuentas por el monto señalado.  

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Corrupción

Denunciará PRI ante FGE a funcionarios municipales y estatales

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El Partido Revolucionario Institucional interpondrá una denuncia penal a funcionarios municipales y estatales por asistir a eventos de campaña y por probable uso de recursos públicos.
Los señalados son Francisco Echeverría, secretario particular de Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali; José Ramón López, director de Bienestar Social Municipal de ese mismo ayuntamiento; y diversos funcionarios de Issstecali.
El jurídico del PRI, Joel Blas Ramos, anunció lo anterior en conferencia de prensa este martes, donde estuvieron presentes la dirigente estatal del partido Lupita Gutiérrez Fregoso y el delegado del CEN del tricolor en Baja California, Benjamín Fournier Espinosa.
Los señalamientos para los servidores municipales son haber asistido a eventos de campaña, pues precisó que el fundamento legal dice que ningún funcionario ni con licencia, ni con vacaciones, puede asistir a actos proselitistas, ni siquiera por las tardes.
Sobre la denuncia que involucra a personal de Issstecali, como se publicó en Brújula News, se tienen indicios de uso de recursos públicos para reuniones de planeación de campañas, en forma de uso de instalaciones públicas, explicó.
Además presentará denuncias ante autoridades electorales señalando a Darío Benitez, candidato del PES a la alcaldía de Tecate por la no desvinculación de Morena, para ser candidato de otro partido, manifestó. Esta acusación también alcanza a varios miembros de su planilla.
En días pasados Blas Ramos presentó denuncias ante autoridades electorales contra el candidato de Morena a la alcaldía de San Felipe, José Luis Dagnino y miembros de su planilla, pues presentaron el trámite de licencia a ellos mismos, cuando debió ser el Congreso del Estado ante quien debieron solicitar el trámite, al ser nombrado por este poder, el concejo fundacional.
También denunciaron la candidatura de Ismael Burgueño a la alcaldía de Tijuana, contea el que aportaron pruebas y elementos sobre el tema público que pesa sobre ese aspirante: la denuncia de pensión alimenticia, asunto que por la secrecía del caso, el jurídico no mencionó.
Por último, Blas Ramos relató que también impugnaron la candidatura de Elugio Valencia, aspirante de Morena a la diputación del noveno distrito local con sede en Tijuana, por posible presentacion de documentos apócrifos para su registro.
Por su parte, la dirigente estatal declaró que siguen viendo el cinismo de las autoridades, quienes están incidiendo en el proceso electoral.

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Corrupción

Miente alcaldesa sobre beneficio a Bomberos

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La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, miente sobre los beneficios a los bomberos, comentaron trabajadores de ese departamento.

En redes sociales, algunos comunicadores publicaron un boletín de campaña de Bustamante, donde dice que “una de las principales razones que la motivaron a participar en la reelección es el continuar la dignificación de las y los bomberos”.

Dice haber aumentado cerca del doble el salario del personal operativo de confianza, además de incrementar el bono de riesgo, adquirir unidades y equipamiento, lo cual niegan los bomberos entrevistados y que prefieren hablar desde el anonimato.

El bono de riesgo, el cual asciende a 350 pesos, es desde hace años la misma cantidad, informaron.

Sobre las unidades, más que incrementar el número, ha disminuido y tanto las máquinas como el equipamiento y el personal es insuficiente. Como muestra, parte de la empresa Zahori arde fuera de control en estos momentos -14:30 horas- porque no hay unidades ni recursos para controlarlo.

Pero sí hubo para darle una camioneta de modelo reciente al director de Bomberos, Rubén Darío Osuna, a quien señalan junto con Edson López Vilchis de manejar una red de cobro de moches a empresas que no cumplen con la normatividad, situación que ya han expuesto anteriormente.

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Corrupción

Tiene regidor Tamai a familiares en la nómina municipal

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La exesposa, el hijo y la tía del regidor morenista Sergio Tamai están en la nómina municipal. Rosalba Olmos Guzmán, expareja del funcionario, está asignada al área de regidores, y aunque su sueldo es de 10 mil pesos al mes, sus compensaciones alcanzan los 22 mil pesos.

La trabajadora no tiene estudios superiores. Cuenta con una capacitación para el trabajo en un instituto para formación de servidores públicos. No aparece como empleada en el portal de transparencia, pero el propio regidor, contestando una solicitud de información, da cuenta de que Olmos Guzmán es parte del personal de su regiduría.

También está en esa lista proporcionada por Tamai García, su tía, Claudia Imelda García Arce, una licenciada en Derecho que ya trabajaba para anteriores ayuntamientos, pero que vio incrementadas sus percepciones en esta administración.

García Arce trabajó en el 22 ayuntamiento, el del panista Gustavo Sánchez, y ganaba cerca de 30 mil pesos mensuales. Ahora percibe 33 mil pesos de sueldo mensual más 13 mil 183 pesos de compensación, más de 46 mil pesos en total.

Buscando información sobre ella en internet, aparece en una lista actualizada a noviembre de 2023, como consejera del PAN.

No da cuenta del siguiente empleado en su lista, pero su hijo Sergio Ricardo Tamai Olmos también está en la nómina municipal. No fue encontrada cédula profesional a su nombre. Trabaja como auxiliar administrativo en la Secretaría del Ayuntamiento, con un sueldo de 10 mil pesos mensuales y una compensación de 6 mil.

Tampoco en la lista está la hermana de la exesposa también trabaja en el municipio. Xóchitl Carmelita Olmos Guzmán, sin cédula profesional encontrada a su nombre, ya laboraba antes en el ayuntamiento. En 2021 ganaba 25 mil pesos mensuales y cero de compensación y ahora percibe 31 mil pesos más 3 mil de compensación.

Quienes sí están en la lista entregada por Tamai, son sus asesores: Enrique Rocabado Castro, un abogado que gana 45 mil pesos al mes y Kevin Mitchell Lagunas Garibay, sin cédula profesional encontrada a su nombre, con un sueldo de 40 mil pesos mensuales.

En el portal de transparencia aparece otro Tamai, Sergio Moroni Tamai Carranza, y en la lista proporcionada por el regidor hay una Alexandra Guadalupe Baltazar Carranza, que pudieran ser también familiares del funcionario.

Se le pidió al regidor una postura sobre la cantidad de familiares trabajando en su regiduría y el ayuntamiento pero no hubo respuesta.

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