Por Dianeth Pérez Arreola
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Miguel Ángel Mora, denunció la detención arbitraria de hasta 600 personas y la internación involuntaria de personas dependientes del uso de drogas en 2019 y 2020 como parte de un plan maestro del 23 Ayuntamiento de Mexicali, encabezado entonces por la hoy gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.
El presidente de la CEDH, estuvo acompañado de María de Lourdes Angulo Corral, de la Asociación Verter, quien añadió que se entrevistaron con gente que escapó o salió de los centros de rehabilitación -por cierto ninguno de ellos certificado por la CONADIC- quienes narraron cómo fueron detenidos por la policía municipal y llevados a los centros, dónde eran violentados físicamente y algunos fueron llevados a centros de otras ciudades.
El Ayuntamiento de Mexicali inició en 2019 un plan maestro para la recuperación del espacio público en el centro histórico de Mexicali, específicamente en la Plaza del Mariachi y la Chinesca, recordó Mora Marrufo. Estas detenciones e internamientos fueron documentados desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2020 donde se pudo acreditar, en cuatro casos específicos que presentó hoy lunes en rueda de prensa, una violación a los derechos humanos de la libertad personal por medio de una detención arbitraria.
La autoridad puede detener a alguien cuando haya alguna falta administrativa o la comisión de un delito, explicó; también hay una falta de evidencia para acreditar que hubo una voluntad de las personas que fueron internadas en diversos centros de rehabilitación, donde específicamente en el caso de «Bianca», no se puede acreditar que la firma que consta en el documento sea efectivamente de ella, y hay contradicciones en el informe de policía homologado.
Angulo Corral, de Asociación Verter, dijo que el Ayuntamiento de Mexicali no existen diagnósticos situacionales referentes a personas en situación de calle ni fármacodependientes, por lo que por su experiencia, piden ser incluidos en las mesas de trabajo que proponen como una de las medidas de reparación.
Verter y la CEDH piden garantías de no repetición, que capaciten a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y jueces municipales en materia de derechos humanos y un plan diagnóstico con perspectiva de derechos humanos, entre otras medidas.
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