Por Dianeth Pérez Arreola
La asociación civil “Unidos por el Bienestar del Menor y la Familia” solicitó desde finales de noviembre del año pasado una cita con la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda para tratar el tema de la violencia vicaria y aun no tienen respuesta.
Este grupo forma parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. La representante de la asociación, Paulina Gutiérrez Rubalcava, expuso que han pedido la cita también a través de las redes sociales aprovechando las transmisiones de la gobernadora, pero sin éxito.
Manifestó que urge tratar el tema de la violencia institucional, pues cuentan con varios casos donde las mujeres violentadas no son protegidas ni se pone primer lugar el bienestar de los menores de edad.
También denunció que, a pesar de haber presentado una iniciativa sobre la violencia vicaria, la diputada Michel Sánchez prefirió copiar la iniciativa de ley de la Ciudad de México, sin embargo, cambiaron el término “violencia vicaria” por “violencia por interpósita persona”, además de que no se contempla presupuesto alguno, solo es una modificación en papel.
En el Artículo 6 de la pretendida ley, se incluyen las violencias psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, obstétrica, digital y mediática, pero no la institucional, precisó Gutiérrez Rubalcava.
Este concepto es importante, explicó, porque ella tiene abierto un caso de violencia vicaria y tuvo que interponer un amparo para ver su propia carpeta de investigación, lo que cabría dentro de la violencia institucional.
También citó el caso de una madre a quien le fue arrebatado su pequeño hijo tras ser atropellada por su expareja. Denunció que durante el tiempo que su bebé estuvo a cargo del DIF, éste presentó piojos, tenía golpes y lastimaduras que pudieran indicar abuso sexual. A pesar de que se presentó la denuncia correspondiente, no han oído nada del estado de las investigaciones.
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