A inicios del mes en curso, tuvo lugar una cirugía de corazón abierto en el Hospital 30 del IMSS en Mexicali. Lo que pudiera parecer como un logro de la institución, sobre todo en estos tiempos de carencias, es en realidad un acto que evidencia favoritismos, irregularidades, conflicto de interés y mal uso de los recursos públicos.

Para empezar, ese hospital no está en condiciones de ofrecer esa cirugía. Es más, nunca se han hecho ese tipo de operaciones ahí.

Luego, quien la realizó, el doctor Ballesteros, no forma parte del personal de dicho centro; es un trabajador eventual. Además, introdujeron equipo ajeno a la clínica, equipo muy caro y especializado, esencial para ese tipo de cirugías, que pueden costar más de un millón de pesos. Para cerrar con broche de oro, la anestesista es nada menos que la hija del secretario general del Sindicato de Trabajadores del IMSS, quien al parecer trabaja no en la clínica, sino con el doctor Ballesteros.

El paciente es un hombre con problemas cardiacos originario de Coahuila, que nunca se había atendido en la Clínica 30, pero es padre de una trabajadora de ahí. Acude por primera vez a consulta, se le atiende, se le ingresa y el cardiólogo pide un cateterismo, el cual le realizan a las 36 horas. Al no solucionar este procedimiento el problema de salud que tenía, le dicen que es candidato para una operación de corazón abierto, una cirugía de revascularización.

El 1 de junio piden reservar el quirófano y dos turnos de personal disponible.

Para realizar una cirugía de corazón abierto se necesita un quirófano especializado, un equipo médico multidisciplinario altamente capacitado y una serie de equipos e instrumental específicos, como una máquina de circulación extracorpórea, un ventilador mecánico, monitores especializados, etcétera.

El equipo técnico y humano especializado es del doctor Ballesteros, que trabaja en el sector de la medicina privada. De la operación no hay registros en documentos, todo fueron acuerdos verbales. El costo lo pagó la trabajadora del IMSS, pero se usaron espacios, algunos materiales y personal de la Clínica 30.

Para obtener esa cirugía en el IMSS tiene que haber tres filtros; no se hacen esas operaciones en Mexicali, así que se envían los pacientes a Guadalajara. Si allá no pueden realizarla, los pacientes se envían a Ciudad de México. Si por alguna razón no la pueden realizar allá, se regresa a Mexicali y se arregla por subrogación.

Esto fue conocido y aprobado por la doctora María Guadalupe Pacheco León, directora del Hospital General Regional No. 30 del IMSS, quien ocupa ese cargo desde octubre de 2025.

Una denuncia anónima señala la directora antes tuvo ese cargo en el Hospital de Gineco-Pediatría No. 31 de esta ciudad, reportándose quejas durante su gestión por un estilo de dirección autoritario y prepotente, generando un ambiente laboral hostil. Se reportaron inconformidades derivadas de la asignación de contratos de tiempo extra a personal con categoría de auxiliar de oficina para desempeñar funciones propias del cuerpo directivo o de asistencia personal, así como intentos de modificar procesos asistenciales sin contar con conocimiento técnico suficiente en la atención pediátrica y gineco-obstétrica.

La denuncia explica que desde su llegada al HGR No. 30 se ha caracterizado por mantener una conducta directiva impositiva, confrontativa y en ocasiones intimidatoria hacia el cuerpo directivo, el subdirector médico, jefatura de enfermería, coordinadores médicos de turnos vespertino y nocturno, coordinadores clínicos y jefaturas de servicio excepto la coordinación de cirugía general, generando así un ambiente laboral adverso que inhibe la libre discusión técnica en el hospital.

El texto apunta que Pacheco León manifestó desde el inicio de su gestión el interés de destituir a la jefa de Enfermería, a la jefa de Personal y a la Médica Epidemióloga de turno matutino, lo que se interpreta como un intento de reconfiguración estructural para concentrar el control operativo y presupuestal.

“Se han observado irregularidades en la asignación de funciones, incluyendo la limitación de atribuciones al Coordinador del turno vespertino y la inclusión en el cuerpo directivo de un médico urgenciólogo -sin contratación definitiva en la unidad-, para desempeñar funciones propias de dicha coordinación, lo que vulnera derechos laborales y la normatividad institucional en materia de nombramientos”, precisa el texto.

En cuanto al uso de recursos humanos y financieros, el proceso quirúrgico —actualmente centralizado bajo control de la Dirección— no se apega estrictamente a los lineamientos institucionales. Se reporta contratación considerable de personal afín a la directora, sin que exista evidencia clara de correspondencia con necesidades reales de los servicios. De igual forma, con la finalidad aparente de cumplir metas de productividad, se estarían registrando en plataformas institucionales múltiples procedimientos como los quirúrgicos, aun cuando no requieren sala de operaciones ni cumplen criterios técnicos para ser clasificados como tales, lo que podría constituir distorsión de indicadores, uso indebido de recursos y simulación de productividad institucional, dice la denuncia anónima.

“Las consecuencias operativas han impactado directamente a la derechohabiencia, particularmente en los servicios de Urología (con pacientes que superan dos meses de hospitalización sin resolución quirúrgica), Traumatología y Ortopedia, Neurocirugía, así como en pacientes de Nefrología y Medicina Interna con patologías de resolución quirúrgica diferida. Estos retrasos han derivado en complicaciones graves e incluso fallecimientos, situación que amerita revisión inmediata de indicadores de mortalidad, morbilidad y estancia hospitalaria prolongada”, apunta el texto.

Solicitan una investigación administrativa integral a través de una auditoría técnica y presupuestal del proceso quirúrgico, una revisión de congruencia entre procedimientos registrados y uso real de quirófanos, una revisión de contrataciones recientes y nombramientos directivos y un análisis de indicadores de mortalidad, complicaciones y estancia hospitalaria. Hasta aquí la denuncia anónima.

Pero las quejas no paran ahí. Hay cirujanos en ese hospital que denuncian que hay una fila de procedimientos pendientes por mala planeación, y se hacen gastos dobles porque los estudios preoperatorios pierden vigencia y hay que volverlos a hacer.

“Se llenan formatos, pero no se les da atención de calidad a los pacientes”, expresan los médicos. Los insumos para las operaciones no están completos o no son los apropiados; no hay apego a las normas ni a los protocolos institucionales; se gasta en estudios para pacientes que finalmente no operan, agregan.

El presupuesto dura de marzo a agosto; aquí entran proveedores federales. Luego, cuando se acaba el dinero, se abren presupuestos extraordinarios y ahí ya se adquieren insumos con proveedores locales. Los médicos declaran que han abierto paquetes de instrumental o material quirúrgico que viene manchado de sangre, lo que significa que se vende como nuevo y ni siquiera se desinfecta. Los proveedores locales no entran a licitaciones, son adjudicaciones directas, y para poder ser considerado, se habla del pago de un millón de pesos. Por eso no hay quejas formales por esos “incidentes”.

Además, cuentan que hay una instrucción federal de aumentar el número de procedimientos quirúrgicos para cumplir una meta marcada por las autoridades de salud. Lo que están haciendo es que hacen curaciones en los quirófanos para registrarlas como procedimientos y cumplir así con la cuota que pide la federación; lavado de úlceras, uñas enterradas, curaciones diversas.

Ahí se las dejamos a Desireé Sagarnaga, que no sabemos qué pudo haber dicho en su informe como delegada del IMSS, al que no invitó a la prensa; al doctor Romero, coordinador del IMSS Bienestar en el estado; y al secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, descartó que la destitución del secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas, sea una solución al problema de desabasto de medicamentos que enfrenta la entidad, al asegurar que se trata de una situación derivada de procesos administrativos federales.

La mandataria explicó que el tema está relacionado con el esquema de compras consolidadas que opera el gobierno federal a través de Bienestar y no con decisiones tomadas a nivel estatal.

“Es un tema a nivel nacional, no es un tema de Baja California. La destitución del secretario o del delegado no va a venir a solucionar un problema administrativo de las oficinas centrales donde se está haciendo una compra que todavía no ha llegado a Baja California”, señaló.

Ante cuestionamientos sobre la permanencia de Medina Amarillas al frente de la Secretaría de Salud, Ávila Olmeda afirmó que remover funcionarios no resolvería el problema del suministro de medicamentos.

“Si esto fuera la solución, lo hubiéramos hecho mucho antes, pero no es la solución”, expresó.

La gobernadora indicó que la estrategia del estado será mantener la coordinación con las autoridades federales para agilizar la llegada de insumos médicos, al tiempo que el gobierno estatal continuará realizando adquisiciones propias para garantizar la atención a la población.

“Nosotros vamos a seguir cumpliendo en tiempo y forma y cuando se tenga que comprar medicamentos por parte del Estado lo vamos a hacer. No nos vamos a limitar y no vamos a dejar a la gente sin medicamentos”, afirmó.

Añadió que, una vez que se regularice el suministro federal, se realizarán los procesos de conciliación financiera correspondientes entre ambos niveles de gobierno.

Ávila Olmeda recordó que durante el año pasado el Gobierno del Estado destinó recursos extraordinarios para la compra de medicamentos y adelantó que actualmente se encuentra en marcha un nuevo proceso de adquisición para atender las necesidades del sistema estatal de salud mientras se resuelven los retrasos en las entregas federales.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emitió un posicionamiento sobre la nota publicada aquí respecto a la prescripción de un medicamento con alerta sanitaria.

“ISSSTECALI mantiene una coordinación permanente con las autoridades sanitarias competentes y reitera su compromiso de apegarse estrictamente a la normatividad vigente en materia de adquisición, almacenamiento y suministro de medicamentos”, señalan desde ese instituto.

De acuerdo con información de Issstecali, la cronología del caso del medicamento Osaten 1 mg, cuyo ingrediente es el ketotifeno, precisan que el 4 de junio de 2025 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria a nivel nacional por la comercialización ilegal del producto Osaten 1 mg.

Dos dias después, el ISSSTECALI reportó a la autoridad sanitaria estatal la existencia de algunas piezas del producto en inventario y procedió a su resguardo preventivo, en espera de instrucciones oficiales.

“El 19 de septiembre de 2025, personal verificador de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), en compañía del responsable sanitario y apoderado legal de la empresa Offenbach Mexicana, S.A DE C.V., realizaron la inspección correspondiente y procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”, dice el texto.

Finalmente, la postura de Issstecali indica que el instituto determinó no volver a adquirir dicha marca comercial y subraya que actuaron en todo momento “conforme a las indicaciones emitidas por las autoridades sanitarias competentes, manteniendo comunicación permanente y atendiendo cada una de las medidas de control y verificación establecidas”.

El oficio enviado hace un año, de Issstecali a Coepris.

“La empresa fabricante del medicamento identificó la comercialización ilegal en territorio nacional del producto Osaten (Ketotifeno) sin autorización sanitaria, dado que el registro sanitario de este medicamento actualmente no es vigente y no se ha fabricado desde el 31 de mayo de 2018″, dice el documento del 6 de junio de 2025”, lo cual se contradice con la postura de ISSSTECALI otorgada hoy, donde precisa que “…procedieron al levantamiento de las medidas de seguridad aplicadas al producto, determinando que las piezas eran originales, elaboradas y distribuidas por la citada empresa, por lo que pueden ser prescritas al cumplir con los requisitos legales y sanitarios establecidos”.

Información de internet afirma que el medicamento no se fabrica desde 2018.

La queja de quien tomó el medicamento fue recibida en COEPRIS hoy.

María Cristina Valenzuela Rosas fue quien resultó afectada por la prescripción de Osaten, y este viernes fue a COEPRIS a denunciar la situación. Le dijeron que desde hace tiempo trabajan en coordinación con ISSSTECALI y que ese medicamento ya se había retirado.

Debido a que tomó dos dosis del mdicamento, una en miércoles y otra el jueves, tuvo que acudir de urgencia a ISSSTECALI el jueves por la noche, con síntomas como mareos, alta presión y entumecimiento en la cara.

Tras aplicarle Hidrocortisona para aminorar los síntomas, se negaron a dejarla en observación y a darle una incapacidad.

En la publicación de la nota de Valenzuela Rosas ayer jueves, una persona comentó que a ella también le habían dado Osaten en una clínica periférica de ISSSTECALI, y envió una foto a la primera afectada, por lo que no se trata de un caso islado y puede haber más prescripciones de ese medicamento con alerta sanitaria.

Van al menos dos derechohabientes de ISSSTECALI a quienes ha recetado Osaten.

¿Cuánto medicamento no estará bien en ISSSTECALI? cuestiona Valenzuela Rosas, quien agregó que le parece completamente absurda la respuesta del instituto.