En la trama del contrato de los uniformes pagados y no entregados, todos los involucrados apuntan a otro como el responsable del desfalco. Lo cierto es que hay varias irregularidades que involucran a funcionarios de la administración de Bonilla que permanecen hasta hoy.

Las autoridades emitieron orden de aprehensión contra Iván López Báez y cinco funcionarios más, por destinar 31 millones de pesos del Fondo Nacional de Nómina Educativa y Gasto Operativo a la compra de los uniformes cuando los alumnos aún estaban tomando clase en línea y a distancia debido a la pandemia. Por ese motivo está interpuesta la denuncia tanto en la Fiscalía General del Estado, como en la General de la República, al estar involucrados fondos federales.

Todo empezó el 8 de abril de 2021, cuando se emitió un fallo sobre la licitación OM-ISEP-072-2021. Se analizó la propuesta de Magdalena Mercado Jabalera/Comercializadora Jaba, que ascendía a 29 millones 499 mil 364 pesos. El comité de adquisiciones procedió a declarar desierto el proceso de licitación al haber una discrepancia entre los solicitado y lo ofertado, en específico sobre la falda escolar.

Apenas el día anterior, el 7 de abril, había tenido verificativo el acto de presentación y apertura de proposiciones en su segunda etapa, en el que se dio a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas que fueron aceptadas en la primera etapa.

Firman el fallo quienes integran el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficialía Mayor de Gobierno de Baja California, Lino Fernando Limón Félix , jefe del departamento de invitaciones y licitaciones, en suplencia del Oficial Mayor, Israel Clemente González.

Cabe destacar que Limón Félix fue basificado sin cumplir los requisitos. Fue dado de alta en su cargo en febrero de 2020 y le dieron una plaza en octubre de ese mismo año. Al menos otros 10 empleados de Oficialía Mayor fueron basificados durante la administración del gobernador Jaime Bonilla y colocados en puestos estratégicos donde se manejaban y autorizaban recursos.

Los otros funcionarios que integraban el comité, son Ernesto Alonso Hernández Unzón, coordinador de servicios; Carlos Rodríguez García, en suplencia del titular del ISEP, Iván López Báez; José Isaí Torres Márquez, coordinador fiscal, en suplencia del titular de la Secretaría de Hacienda, Adalberto González Higuera -quien fue Oficial Mayor antes de Clemente González-; y tres representantes del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP).

Trece días después, el 21 de abril de 2021, se emite el contrato por adjudicación directa DAD-ADQ-ISEO-34-21 que beneficia a Mercado Jabalera, por la misma cantidad que había propuesto en el procedimiento anterior, más del 8 por ciento de IVA. Total: 31 millones 859 mil 313 pesos con doce centavos.

El documento señala que la proveedora tiene como actividad empresarial el comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina; otros intermediarios de comercio al por mayor y comercio al por menor de artículos para la limpieza.

En el apartado segundo, punto número 5, dice que “Que cuenta con la capacidad técnica y con los recursos humanos y materiales suficientes para cumplir con las obligaciones que contrae en virtud de este contrato”.

El contrato involucraba la entrega de 35 mil 500 uniformes de niño, que incluían suéter, camisa tipo polo y pantalón escolar y 33 mil 289 uniformes de niña, consistentes en suéter, blusa tipo polo y falda escolar, para ambos sexos en 20 tallas diferentes y a entregarse en los almacenes de ISEP de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito.

El contrato está firmado por Iván López Báez, apoderado legal de ISEP, a quien el entonces secretario de Educación, Catalino Zavala, había otorgado un poder general para actos de administración, según consta en escritura pública con fecha del 29 de octubre de 2020, registrado ante la Notaría 15 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 6 de noviembre de 2020.

La supervisión y seguimiento del contrato se establece en el documento; nombran a Manuel Ramírez Estrada, coordinador general de Educación Básica de ISEP “o por quien este determine”

Magdalena Mercado Jabalera es una empleada del Sistema Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Tiene cargo de recepcionista y percibe un sueldo mensual neto de 15 mil pesos más 5 mil pesos de compensación. Su domicilio está ubicado en una colonia popular, la Flores Magón.

Ella es empleada de base desde el 30 de julio de 2021. La fecha de ingreso y de base, es el mismo día, como muchos otros durante la administración de Jaime Bonilla. En esa fecha era oficial mayor Israel Clemente, quien tenía una relación sentimental con Thanya Diaz de León, funcionaria que se enquistó en Oficialía Mayor y que pesar de haberse evidenciado que era aviadora, sigue trabajando para la administración de Marina del Pilar Avila Olmeda. Fue basificada también durante el periodo de Bonilla, con la ayuda del entonces líder del Sindicato de Burócratas, Manuel Guerrero.

Una fuente que pide el anonimato cuenta una anécdota que no fue confirmada ni desmentida por la ahora fiscal María Elena Andrade. El informante refiere que al salir a la luz el nombre de Magdalena Mercado Jabalera como la proveedora de los uniformes, la entonces titular del Sistema Penitenciario mandó llamar a la recepcionista y cuestionó su participación en el contrato.

Mercado Jabalera le habría confesado que en realidad ella era prestanombres del primer oficial mayor, Jesús Núñez Camacho. Este servidor público duró 31 días en el cargo por salir involucrado en el asunto de los “moches”, al principio de la administración de Bonilla. Después fue reubicado como titular, nada menos que en el sistema penitenciario, y con fecha de abril del 2021.

Es significativo que fuera precisamente en esa dependencia donde se le otorgara a la proveedora una base, y que Núñez tomara posesión como comisionado a días que se concretara el contrato de los uniformes.

Cuestionado sobre el tema en aquel entonces, Núñez Camacho dijo desconocer el caso y se desligó del contrato en cuestión.

Por su parte, Israel Clemente insistió que no podían otorgar contratos sin la aprobación de la dependencia correspondiente, en este caso ISEP/Secretaría de Educación, porque según él, tienen facultad jurídica y cada una decide cómo y con quién se maneja su presupuesto. Subrayó que Oficialía Mayor recibía las propuestas de las dependencias, luego presentan las propuestas de proveedores y solo firman si las aprueban o no.

También preguntado en 2023 sobre el tema, el exsecretario General de Gobierno de la presente administración y secretario de Educación en la administración pasada, Catalino Zavala, declaró lo contrario. Dijo que quien solicita, no elige proveedores, y que existe un procedimiento administrativo a través de los comités de adquisiciones que involucra a contraloría, a Oficialía Mayor, a Compras y que la parte que solicita no decide.

Recordó que en esa época él salió de la administración a coordinar la campaña de Marina del Pilar para gobernadora. Dijo entonces que no daban a conocer más información -por ejemplo quiénes son los otros funcionarios que están señalados en la denuncia de Gobierno aparte de Iván López Báez- para seguir el debido proceso y no entorpecer las investigaciones.

El exsecretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, manifestó que en caso del contrato de los uniformes, solo saben que se pagó un servicio y no se entregó, por lo que dieron vista a los órganos internos de control. Ese es el protocolo que les corresponde, y la denuncia ya le corresponde a otras instancias, subrayó.

Sobre el proceso de compras y adjudicaciones, explicó que hay una ruta. Que se manifiesta la necesidad de un producto o servicio y que Oficialía Mayor es quien decide, no la dependencia. En esto coincide con Zavala y contradice lo dicho por Israel Clemente.

Por su parte, el exgobernador Jaime Bonilla, apuntó que no tiene ninguna notificación de esa denuncia por el contrato incumplido de los uniformes. Resaltó que se enteró del caso por la prensa al darse a conocer la denuncia, no durante su gestión.

Achacó la responsabilidad del incumplimiento a su entonces secretario de Educación, Catalino Zavala, de quien dijo lo está protegiendo el gobierno de Marina del Pilar, pues “es el que dio la instrucción”.

Añadió que tras la pandemia hubo un cambio de prioridades y que se desvió la atención de esos temas, pues pensó que al estar en contingencia sanitaria se había suspendido la compra de uniformes.

Sobre el papel de Oficialía Mayor durante su gestión, comentó en entrevista el año pasado que nunca le gustó la idea de que los funcionarios echaran raíces en esa dependencia, por eso la continua rotación -hubo 7 oficiales mayores en dos años de gestión-, y reafirmó que era esa instancia la que marcaba la pauta en las adjudicaciones.

Comentó también que se le ha criticado mucho por la cantidad de adjudicaciones directas en su gobierno, pero que el actual a multiplicado por cinco esta cifra.

El exoficial mayor Israel Clemente apunta a la dependencia solicitante como responsable; el exsecretario de educación, Catalino Zavala, apunta a Oficialía Mayor; sobre la proveedora todo parece indicar que apunta a una red de corrupción que operaba dentro de Oficialía, y que involucra a los oficiales mayores Clemente y Núñez, y a quien tiene tiempo decidiendo a los proveedores de gobierno: Thanya Diaz de León.

Con la causa penal 08382/2023, hubo una audiencia el pasado 27 de enero, para prórroga del plazo de investigación. El delito por el que se le acusa a Iván López Báez -inocente hasta que se demuestre lo contrario- es el uso de documentos falsos (para obtener un beneficio). Como resultado de esa audiencia, se tuvo que a petición del fiscal y con la conformidad de los intervinientes, se decreta prórroga de plazo para cierre de investigación de cuatro meses, el cual termina hoy 15 de febrero de 2025, aunque falta el periodo para fijar una nueva audiencia.