Corrupción
Sacó Eva Rodríguez 600 mil pesos del congreso en 4 días; amenazan a ciudadano utilizado para ese fraude

La diputada morenista Eva Griselda Rodríguez, quien fue presidenta de la mesa directiva del Congreso de Baja California en la XXIII Legislatura, sacó 600 mil pesos en 12 facturas de 50 mil pesos cada una suplantando la identidad de un ciudadano que está siendo amenazado de muerte por denunciar el caso.
César González Contreras, el afectado, ha recibido tres amenazas de muerte para que retire las denuncias que ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado. En la primera, en 2021, un sujeto se aproximó a él y realizó un disparo de arma de fuego; la segunda ocasión, en 2024, fue seguido por un vehículo; la última fue el 20 de febrero de 2025, cuando en una llamada telefónica le dijeron “que le baje de huevos o sino ya sabes que es lo que te va pasar”.
La víctima fue contactado por su primo Alonso Jaquez Contreras, quien trabajaba para la diputada, para que hiciera un plan de análisis financieros y otras actividades para la legisladora. Era febrero del 2020.

El acuerdo fue que recibiría 50 mil pesos de adelanto, de un total de 350 mil pesos. González Contreras entregó la factura por esa cantidad, y al ir con su primo a cobrar ese cheque, éste solo le dio 5 mil pesos, motivo por el cual canceló la factura y decidió no aceptar el trabajo.
En febrero de 2021 se dio cuenta que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le estaban cobrando impuestos que no reconocía. Ahí se dio cuenta que tenía 12 facturas por 50 mil pesos cada una. Ocho de ellas con fecha del 30 de diciembre de 2020 y cuatro con fecha del 3 de enero de 2021. Por ese motivo interpuso una denuncia por suplantación y usurpación de identidad.
En las facturas, González Contreras aparece como si fuera empleado del congreso, con pago por nómina. Solicitó por transparencia copia de los cheques, informe de las supuestas actividades realizadas y copia del contrato que supuestamente firmó. En todos los documentos falsifican su firma.

Como testigos del contrato aparecen Paul Francisco Burruel Campos en su calidad de encargado de despacho de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, y Jorge Antonio Salazar Miramontes, encargado de despacho de la Dirección de Administración. También aparece la firma de la diputada Eva Griselda Rodríguez.
La víctima denuncia que las carpetas de sus denuncias no avanzan en la Fiscalía General del Estado. En entrevista señaló que acude con regularidad a preguntar por su caso y no le informan nada, por lo que envió un oficio a la fiscal María Elena Andrade para pedir audiencia el 31 de marzo, cuando acudirá a las instalaciones y estará ahí todo el día en espera de ser recibido.
González Contreras pide que los responsables liquiden su adeudo con el SAT, pues los 19 mil pesos de impuestos que debía por esas facturas del congreso, ascienden ya a más de 32 mil pesos. También solicita que cubran los honorarios que ha pagado en abogados, por 120 mil pesos. El SAT no acepta las denuncias interpuestas y le sigue requiriendo el pago.
Con su primo, Alonso Jaquez Contreras, no mantiene comunicación alguna tras la cancelación de la primera factura.

Corrupción
Piden auditoría externa en caso BISOM; no habrá devolución del dinero

La alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante, comentó ayer que ya recibieron la respuesta del banco sobre las transferencias hechas desde Bienestar Social Municipal por una supuesta extorsión telefónica y no hay ninguna posibilidad de que les regresen el dinero, ya que fue una transacción legal y voluntaria.
Tras darse a conocer el caso, tanto el administrativo que realizó las transferencias, como el titular de Bisom, José Ramón López, renunciaron a sus cargos.
Sobre la respuesta negativa del banco, el síndico, Óscar Vega Marín, opinó que “es evidente que no pusieron los candados suficientes. Terminaremos nuestra investigación y vamos a deslindar responsabilidades, aplicando las sanciones que correspondan”.
Sobre una denuncia penal, expresó que podrían presentar algunas adicionales a las que ya presentó el extitular del área, dependiendo del resultado de las investigaciones.
El jurídico del PRI, Joel Blas Ramos, quien ya interpuso una denuncia penal contra José Ramón López por el asunto de la entrega de apoyos sociales a sus colaboradores, externó que era lógica la respuesta del banco, pues ya tenían experiencia con el primer robo de 3 millones de pesos.
“Las transferencias fueron hechas deliberadamente y lo que hay es un delito. Los responsables son los que tenían a su cargo los Token. Independientemente que José Ramón hubiera interpuesto la denuncia eso no lo exime de responsabilidad”, aseguró.
Hay que seguir la ruta del dinero y eso lo puede hacer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a petición de la Fiscalia y por desgracia aquí esta el tema; la fiscalia no ha dicho nada, añadió.
El regidor panista Manuel Rude García, señaló que la respuesta del banco era predecible; que la petición solo era parte de la narrativa y estaban ganando tiempo. Remarcó que el hecho es que se robaron el dinero y que juegan con la inteligencia de los ciudadanos; “el dinero ya se perdió, ya no se va a recuperar y lo que sigue es que se castigue de forma ejemplar”.
Por su parte, el edil Gustavo Magallanes, manifestó que el ayuntamiento tiene que presentar una denuncia penal y solicitar una auditoria a Bisom con un despacho externo calificado, tanto para revisar los protocolos de transferencias como para descartar los rumores sobre el manejo de los recursos en esa dependencia.
Corrupción
Piden juicio político para Ayala y Benitez

La presidenta estatal del PAN en Baja California, Liz Mata, acompañada de los diputados panista en el congreso local, presentó hoy una solicitud de juicio político contra los exalcaldes de Ensenada y Tecate, Armando Ayala Robles y Darío Benitez, respectivamente por el caso de las cuotas retenidas y no entregadas a Issstecali.
Mata declaró que en el caso del senador Ayala Robles no es solo del orden administrativo, sino del orden penal, pues aunque diga que ha pagado la realidad es otra, Ensenada es el municipio que más tiene adeudo con Issstecali y eso es un robo a todos los trabajadores del estado.

Sobre la mayoría morenista del congreso, pidió responsabilidad y congruencia, pues las cuentas públicas del senador no están aprobadas y en ese sentido que sean valientes y acepten la procedencia de este juicio.
Pidió que el congreso local lo cite, y advirtió que si no avanza el caso aquí, acudirán a la Cámara de Diputados federal, al Congreso de la Unión, para pedir que se le quite el fuero.
El diputado panista Diego Echevarría, manifestó que quieren que Ayala Robles sea inhabilitado y que la Comisión de Reforma de Estado determine la procedencia del juicio político y citen al senador para que explique el adeudo de 3 mil 600 millones de pesos. Darío Benitez dejó una deuda de 1 mil 500 millones de pesos, agregó.
La dirigente estatal del blanquiazul apuntó que la peor crisis de salud del estado también se deriva de estos actos de corrupción, además que todas las instituciones de salud del estado están en crisis.
“Es increíble que la propia presidenta Claudia Sheinbaum vaya y visite un nuevo hospital en Ensenada cuando el resto está devastado, porque esa es la palabra y además corren a los directivos que señalan las ausencias como fue el caso del Hospital General de Ensenada”, indicó.
Corrupción
Fiscalía tiene congelado primer caso de José Ramón: PRI

José Ramón López, exdirector de Bisom, de donde se transfirieron 390 mil pesos argumentando un fraude telefónico, tiene comprobado el delito de falsedad de declaraciones y la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene congelado el caso, informó Joel Blas Ramos, jurídico del PRI en Baja California.
La Sindicatura determinó que se presume una falta administrativa grave que se le atribuye al presunto responsable por abuso de funciones, y esto tumba los comentarios del síndico procurador, quien dice que muchos funcionarios tienen investigaciones, pero José Ramón tiene ya una resolución y de su propio órgano, explicó.
Óscar Vega, titular de sindicatura, tiene incluso facultades para remitir a la Fiscalía General del Estado el caso de José Ramón López. La pena de falsedad de declaraciones tiene una pena de hasta 10 años de prisión, comentó.
El abogado del tricolor recordó que a la fiscalía se le entregó una carpeta con toda la información, y el exdirector de Bisom cometió el delito de falsedad de declaraciones de la autoridad cuando era regidor, porque mintió sobre la relación de los beneficiados con apoyos sociales y mintió sobre sus percepciones mensuales. López entregó apoyos sociales a dos de sus colaboradores cercanos, quienes ya percibían sueldos de 40 mil y 45 mil pesos al mes como sus asesores.
Fiscalía se niega a dejarles ver la carpeta de investigación alegando que Blas Ramos no es el directamente afectado, que solo hizo valer su derecho constitucional de presentar la denuncia. Por ese motivo presentarán un amparo, pues esta carpeta tiene ya dos años y el tema está congelado, subrayó.
Álvaro Aldrete, presidente estatal del PRI, comentó que es imposible que el tema de José Ramón no se politice, como partido político de oposición tienen la obligación de denunciar las irregularidades y buscan que la carpeta se judicialice. El tricolor fue de los primeros que denunció las corruptelas de este joven desde que fue regidor, dijo.
“En esta renuncia no debe acabar el tema, si creen que porque ya no está vamos a quitar el dedo del renglón están muy equivocados.. Para nada fue un acto generoso ni responsable. Lo responsable sería que regresaran el dinero”, externó.
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