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Corrupción

Sacó Eva Rodríguez 600 mil pesos del congreso en 4 días; amenazan a ciudadano utilizado para ese fraude

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La diputada morenista Eva Griselda Rodríguez, quien fue presidenta de la mesa directiva del Congreso de Baja California en la XXIII Legislatura, sacó 600 mil pesos en 12 facturas de 50 mil pesos cada una suplantando la identidad de un ciudadano que está siendo amenazado de muerte por denunciar el caso.

César González Contreras, el afectado, ha recibido tres amenazas de muerte para que retire las denuncias que ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado. En la primera, en 2021, un sujeto se aproximó a él y realizó un disparo de arma de fuego; la segunda ocasión, en 2024, fue seguido por un vehículo; la última fue el 20 de febrero de 2025, cuando en una llamada telefónica le dijeron “que le baje de huevos o sino ya sabes que es lo que te va pasar”.

La víctima fue contactado por su primo Alonso Jaquez Contreras, quien trabajaba para la diputada, para que hiciera un plan de análisis financieros y otras actividades para la legisladora. Era febrero del 2020.

La cláusula cuarta del contrato de trabajo que le falsificaron a César González Contreras estipula que ganará 50 mil pesos al mes. Lo firma la diputada Eva Griselda Rodríguez.

El acuerdo fue que recibiría 50 mil pesos de adelanto, de un total de 350 mil pesos. González Contreras entregó la factura por esa cantidad, y al ir con su primo a cobrar ese cheque, éste solo le dio 5 mil pesos, motivo por el cual canceló la factura y decidió no aceptar el trabajo.

En febrero de 2021 se dio cuenta que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le estaban cobrando impuestos que no reconocía. Ahí se dio cuenta que tenía 12 facturas por 50 mil pesos cada una. Ocho de ellas con fecha del 30 de diciembre de 2020 y cuatro con fecha del 3 de enero de 2021. Por ese motivo interpuso una denuncia por suplantación y usurpación de identidad.

En las facturas, González Contreras aparece como si fuera empleado del congreso, con pago por nómina. Solicitó por transparencia copia de los cheques, informe de las supuestas actividades realizadas y copia del contrato que supuestamente firmó. En todos los documentos falsifican su firma.

Jorge Antonio Salazar Miramontes y Paul Francisco Burruel Campos, quien es empleado de base del congreso, firmaron como testigos del contrato de trabajo de César González Contreras, cuya firma falsificaron.

Como testigos del contrato aparecen Paul Francisco Burruel Campos en su calidad de encargado de despacho de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, y Jorge Antonio Salazar Miramontes, encargado de despacho de la Dirección de Administración. También aparece la firma de la diputada Eva Griselda Rodríguez.

La víctima denuncia que las carpetas de sus denuncias no avanzan en la Fiscalía General del Estado. En entrevista señaló que acude con regularidad a preguntar por su caso y no le informan nada, por lo que envió un oficio a la fiscal María Elena Andrade para pedir audiencia el 31 de marzo, cuando acudirá a las instalaciones y estará ahí todo el día en espera de ser recibido.

González Contreras pide que los responsables liquiden su adeudo con el SAT, pues los 19 mil pesos de impuestos que debía por esas facturas del congreso, ascienden ya a más de 32 mil pesos. También solicita que cubran los honorarios que ha pagado en abogados, por 120 mil pesos. El SAT no acepta las denuncias interpuestas y le sigue requiriendo el pago.

Con su primo, Alonso Jaquez Contreras, no mantiene comunicación alguna tras la cancelación de la primera factura.

Corrupción

Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres

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Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.

Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.

El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.

Vínculos familiares y empresariales

Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.

Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.

Contexto político

El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.

Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.

El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.

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Corrupción

Pide el PAN que gobernadora deje el cargo y critica doble moral de Morena

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La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda pida licencia al cargo y deje de coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Además criticó la postura de Morena, que habla de soberanía nacional y tiene una mandataria ofreciendo información de las mesas de seguridad.

Tras la filtración de un segundo audio donde la mandataria acepta que ha dado información a las autoridades estadounidenses y que estaría dispuesta a compartir la información de las mesas de seguridad con ellos, la líder del blanquiazul comentó que esto pudiera constituir un delito en México, además de los que parecen ya estar firmes en Estados Unidos.

“El Partido Acción Nacional ha hecho una serie de exigencias, expresiones; ha levantado la voz en relación a la crisis de estado que tenemos en Baja California. Una crisis gravísima que hoy se ve reflejada en audio filtrados de la gobernadora Marina del Pilar”, opinó.

Mata Lozando recordó que cuando le quitaron la visa a la gobernadora, manifestaron que la gobernadora debía dejar de participar en las mesas de seguridad, pues es preocupante que ella tenga información de esas reuniones de coordinación cuando posiblemente esté involucrada en temas de lavado de dinero y de crimen organizado.

“Hoy lo vemos reflejado en el segundo audio filtrado, lo más relevante de ese audio es que está dispuesta a colaborar con información de las mesas de seguridad a diferentes instancias, autoridades de Estados Unidos para efectos de que le quiten cargos. Además, se confirma que es un diálogo con el FBI y con diferentes autoridades de Estados Unidos… También se confirma que hay cargos establecidos (contra la gobernadora).

La líder del blanquiazul manifestó que otro dato relevante de este segundo audio, es que confirma que la mandataria estatal tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cuando hasta la presidenta de la república manifestó que la gobernadora decía no tener cuentas bancarias, agregó.

El planteamiento del PAN es que se haga cargo y sea responsable de sus actos, pidiendo licencia desde este momento. “El llamado es a la seriedad de su cargo, a que deje de decir mentiras; ha dicho mentiras una tras otra vez desde que le quitaron la visa el año pasado y hoy solo se confirma que sí hay una investigación… estamos en la antesala de cargos, de posible extradición, esto es gravísimo”, remarcó.

Finalmente, declaró que Morena habla de soberanía nacional cuando hoy vemos a una gobernadora pone sobre la mesa su posible colaboración con Estados Unidos con información pública.

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Corrupción

Hay déficit de 16 millones en la caja de ahorros burócrata; convocan a reunión urgente

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La administración del Sindicato de Burócratas a nivel estatal, informó que encontraron un déficit de más de 16 millones de pesos en la caja de ahorros, y culpan a la anterior administración, que lideró Guillermo Aldrete, y quien culpa a su vez al Gobierno del Estado.

Debido a ese déficit, no entregarán el 100 por ciento de los ahorros a los trabajadores, ni han sido informados del porcentaje aproximado que será cubierto.

La delegada del sindicato identificada como Mayra García, dio a conocer que el sindicato quería entregar el ahorro incompleto los días 15, 16 y 17 de julio, sin embargo la junta de delegados lo frenó.

Por ese motivo, están convocando a una reunión urgente el martes 14 de julio, para que la base decida cómo se entregará dicho ahorro.

Por su parte, Guillermo Aldrete publicó un mensaje en sus redes ayer, en el que da una justificación rebuscada: “Lamentablemente nuestro sindicato no ha manejado una contabilidad formal como la gubernamental, por ejemplo, y se ha tenido que trabajar conforme a los planes de trabajo de cada Comité en base a nuestro Estatuto y eventos tradicionales, respetando siempre el beneficio de la Base a la que se representa”.

Agregó que ha solicitado audiencia en varias ocasiones con el líder del sindicato estatal, José Gutiérrez, para dar a conocer los procesos pendientes de cobro ante la autoridad, sin tener respuesta hasta el momento.

“Este desfalco del cual tanto se habla, es un faltante que se ha generado durante años por que la autoridad no ha sido recurrente ni regular en sus pagos, de ahí viene la astucia y el manejo de las finanzas para que a la Base se le cumpla en tiempo y forma sin buscar culpables por una incapacidad de resolver las cosas”, remarcó el exsecretario general burócrata.

Reclamó que se les pida a los sindicalizados afrontar las consecuencias cuando lo que tienen que hacer es resolverles sin perjudicar el bolsillo de los ahorradores.

Finalmente dijo que se trata de una persecución política sindical desde el poder, orquestado desde Gobierno del Estado, que busca división al interior del sindicato.

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