Luego de una audiencia que se prolongó por más de un día y concluyó este domingo, un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, así como a otros siete imputados, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una investigación relacionada con un presunto esquema de importación ilegal de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”.

Tras diversos recesos y un debate que se extendió por más de 24 horas, el juez determinó imponer prisión preventiva a Ernesto “N”, exmandatario bajacaliforniano, así como a Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, quienes permanecerán internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal.

En tanto, José María “N” y Guillermo “N” enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana “N” permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Al concluir la etapa inicial de la audiencia, las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si los vincula o no a proceso.

De acuerdo con la FGR, las detenciones fueron resultado de una investigación de alta complejidad desarrollada en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, relacionada con operaciones presuntamente irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.

La autoridad federal sostiene que la red investigada habría operado mediante un esquema de contrabando de hidrocarburos, consistente en introducir combustible al país con declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes a los realmente transportados o declarando los cargamentos como productos distintos para evadir el pago de impuestos.

Según la Fiscalía, este tipo de operaciones ocasiona un daño económico al erario y, además, representa una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.

La FGR recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia y que su responsabilidad penal únicamente podrá determinarse mediante una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

La aprehensión del exgobernador Ernesto Ruffo Appel es la noticia de esta semana, tras la revelación de más audios de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, más sensibles cada uno que el anterior.

Desde el momento en que acepta la autenticidad de las pláticas grabadas, la mandataria ya no tiene mucho márgen de acción. Solo queda tratar de explicar que lo que dijo, sí lo dijo, pero no como lo entendemos todos, sino en su muy particular punto de vista.

La idea de culpar al exgobernador morenista Jaime Bonilla hasta el tercer audio, desarma esa versión y quedan en evidencia varias cosas: tiene pésimos asesores o toma pésimas decisiones; es extremadamente ingenua o extremadamente mitómana; la estrategia de irse contra Ruffo habla de la gravedad de sus asuntos y la urgencia de acallarlo con algo tan grande, tan mediático y tan mal medido, que sin duda ya está viendo que le salió contraproducente. Si hubieran agarrado al mismo tiempo a los funcionarios y exfuncionarios morenistas involucrados en casos de huachicol, a lo mejor se la creíamos, pero resulta que el ensenadense fue el único afectado tras supuestas investigaciones.

En otro tema, sigue la corrupción en los alcoholímetros de Tijuana. Ya lo habíamos publicado en noviembre de 2024, y sigue sucediendo ahora mismo: empleados del ayuntamiento de la coqueta ciudad, que forman parte en las detenciones, solicitan a los ciudadanos dinero para arreglar en lo económico su situación, por lo que no están ingresando al municipio esas cantidades.

El modus operandi es que les piden documentos, los citan cerca de los corralones con dinero en efectivo y documentos oficiales, para hacer un trámite no oficial. A ver si el nuevo presidente municipal, Abdiel Gutiérrez, hace algo, o veremos si Ismael Burgueño solo le encargó que cuidara el negocio.

Adrián Medina Amarillas está considerando aceptar la candidatura a la diputación federal distrito 1. Al doctor le gustó el servicio público, en el que ha tenido varios tropiezos, y su cabeza ha sido pedida por distintos actores políticos. Aún así, le late el corazoncito por entrarle a la política federal.

Conseguirle trabajo a su hija Mónica, creadora de contenido para redes sociales, fue uno de esos tropiezos. Primero estuvo en comunicación social, cuando Néstor Cruz era el titular del área, y luego, malamente, le inventaron un cargo que no existía en el Issstecali, un organismo en quiebra al que le siguen cargando la mano acomodando burócratas.

Por cierto, que Mónica es suplente del diputado local Jaime Cantón. Ambos pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, y desde antes de las elecciones salieron a la luz conflictos entre ellos, ya que al parecer a Cantón no le gustó que Mónica tuviera más atención en las redes sociales y la hicieron a un lado hasta hacerla prácticamente invisible en lo que respecta a su relación con esa diputación.

Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.

Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.

El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.

Vínculos familiares y empresariales

Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.

Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.

Contexto político

El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.

Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.

El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.