COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo
Julieta Ramírez Padilla descubrió que la prensa puede ser una maravilla cuando la elogia y un instrumento de la guerra sucia cuando le incomoda. Ahora, convertida en coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, anuncia que quiere una relación más abierta, empática y transparente con los periodistas. ¡Qué bueno! Nunca es tarde para descubrir las bondades del diálogo, particularmente cuando se tiene la mira puesta en la gubernatura.

La joven política ofrece escuchar las exigencias, dudas y demandas de los comunicadores. Habrá que ver. Porque una cosa es convocar a los reporteros para explicarles las bondades de la transformación y otra muy distinta sentarse frente a ellos cuando las preguntas no vienen precisamente con flores.

Julieta también reconoció que durante el proceso interno de Morena hubo guerra sucia, páginas creadas para atacar y pautas millonarias. No dio nombres en las declaraciones que conocemos, pero la acusación merece atención. Si hubo dinero para fabricar campañas de desprestigio, sería saludable conocer quién lo puso, quién lo recibió y quién hizo el trabajo. La transparencia, después de todo, también sirve para iluminar los rincones de casa.

Lo curioso es que la flamante coordinadora parece olvidar que las inconformidades no nacieron exclusivamente en las redacciones. Dentro de su propio partido hubo quienes cuestionaron el procedimiento que la llevó al nombramiento. Evangelina Moreno Guerra, por ejemplo, impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral y reclamó condiciones de equidad en la contienda interna.

¿También eso fue guerra sucia? ¿O las dudas son legítimas únicamente cuando las formula alguien que no amenaza el proyecto político propio?

Porque ahí está el detalle: Morena presume las encuestas como el gran instrumento democrático para elegir a sus abanderados, pero cuando alguien cuestiona el procedimiento, la celebración de la democracia suele adquirir un incómodo parecido a una reunión familiar en la que todos deben estar de acuerdo con quien reparte la herencia.

Julieta tiene derecho a defender su designación. Lo que no puede exigir es que los demás renuncien a examinarla.

Después vino la parte internacional del discurso. La coordinadora habló de la derecha mexicana con proyección internacional, del resurgimiento del fascismo y de presiones diplomáticas, económicas y políticas contra México. También llamó a los periodistas a no prestarse a narrativas intervencionistas.

Vaya responsabilidad la que pretende encomendarles. Además de investigar, preguntar y fiscalizar al poder, ahora los periodistas tendrían que pasar por una especie de aduana ideológica para demostrar que sus publicaciones no atentan contra la soberanía nacional.

Conviene recordar algo elemental: cuestionar a un gobierno mexicano no convierte automáticamente a nadie en agente extranjero, como tampoco criticar a Morena significa trabajar para la derecha. Hay periodistas que hacen propaganda, desde luego; los hay también que investigan, documentan y exhiben aquello que el poder preferiría mantener fuera de la conversación pública. Confundir ambas cosas es una manera bastante cómoda de desacreditar al mensajero sin responder el mensaje.

Julieta elogió al periodismo como una lumbrera en medio de la dictadura y recordó a los hermanos Flores Magón. El reconocimiento es pertinente. Lástima que la historia del periodismo mexicano también esté llena de gobiernos que aplaudían la libertad de expresión mientras las preguntas les parecían razonables y la condenaban cuando dejaban de serlo.

La coordinadora debería tener presente que la prensa no está para hacerle la vida fácil ni a ella ni a nadie. No es su departamento de relaciones públicas, tampoco una oficina de aplausos contratados. Su función es incomodar al poder, venga de donde venga.

Y aquí llegamos al verdadero asunto. Julieta no solamente necesita mejorar su relación con los medios. Necesita demostrar que puede gobernar sus propias reacciones frente a la crítica, distinguir entre una campaña de desprestigio y una investigación periodística, y responder con argumentos en lugar de repartir etiquetas.

Su cercanía política con Marina del Pilar Ávila forma parte de su trayectoria y, por tanto, también de su responsabilidad pública. La nueva coordinadora no puede pretender que su proyecto sea examinado en una vitrina aislada de los seis años de gobierno que están por concluir. Si quiere continuidad política, tendrá que aceptar también las preguntas sobre esa continuidad.

La designación le abrió una puerta importante rumbo a 2027. No le entregó un cheque en blanco, mucho menos la gubernatura. Todavía tiene que convencer a los ciudadanos y demostrar que su liderazgo va más allá del respaldo de la dirigencia partidista y de los acuerdos internos.

Su ofrecimiento de apertura es una buena noticia, si se traduce en hechos. Que haya acceso a la información, respuestas oportunas y respeto a quienes preguntan. Que no se confunda la publicidad con la información ni la crítica con la conspiración.

Porque la empatía que Julieta ofrece a los periodistas no puede funcionar como un contrato de reciprocidad: yo te trato bien y tú hablas bien de mí.

La prensa no necesita una coordinadora que la quiera mucho. Necesita una política que entienda para qué sirve.

Y si Julieta realmente aspira a gobernar Baja California, más vale que empiece a acostumbrarse: los periodistas no siempre preguntan lo que los políticos quieren contestar.
Precisamente para eso existen.

Morena: democracia por docena

Morena abrió el registro para aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación en Mexicali y ya hay, por lo menos, una docena de interesados en ocupar la silla principal del Palacio Municipal. El partido presume entusiasmo y participación. Por el número de inscritos, cualquiera pensaría que la democracia está de fiesta. Pero cuidado: una cosa es abrir la puerta y otra muy distinta saber qué hacer con quienes entran.

Dicen que hay más aspirantes registrados que parejas inscritas en las bodas colectivas que promueve el Ayuntamiento. La diferencia es que los enamorados, por lo menos, suelen conocerse antes de comprometerse. En Morena, en cambio, basta con anotarse para comenzar a soñar con la alcaldía.

El problema no es que haya muchos aspirantes. Al contrario, la competencia puede enriquecer la vida pública. El problema es confundir cantidad con calidad democrática, como si llenar una lista de nombres fuera suficiente para acreditar transparencia, capacidad y vocación de servicio.

¿Dónde están los criterios claros para evaluar a los participantes? ¿Qué experiencia administrativa tienen? ¿Qué conocen de los problemas de Mexicali? ¿Quién examinará sus resultados, sus propuestas y su conocimiento de una ciudad que no se gobierna con discursos partidistas ni lealtades de ocasión?

La democracia no consiste en organizar una fila para ver quién llega primero al registro, sino en garantizar reglas claras, información pública y una evaluación seria de quienes aspiran a gobernar.

Porque si el método consiste en registrar a todos, levantar una encuesta y después pedir unidad en torno al elegido, no estamos necesariamente ante una competencia democrática.

Estamos ante una simulación con lista de asistencia. Y así cualquiera puede presumir participación. Lo difícil es demostrar que, detrás de tantos nombres, hay capacidad para gobernar Mexicali. Ahí es donde la lista se reduciría bastante.

Baja California ante el nuevo decreto federal (DOF 14 de octubre de 2026)

Por Guillermo Rivera Millán

La conversación nacional sobre tecnología en las escuelas tomó forma con el Acuerdo 09/09/26, publicado el 9 de septiembre de 2026, que estableció condiciones para el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales dentro de los planteles. Aquella medida atendió la dimensión escolar del problema y ordenó a los estados —incluido Baja California— armonizar sus instrumentos jurídicos y realizar ajustes territoriales conforme a sus realidades. Sin embargo, el Acuerdo se limitó al espacio escolar. El Decreto de Entornos Digitales Seguros, publicado el mencionado 14 de octubre, amplía ese marco y aborda el entorno digital completo donde niñas, niños y adolescentes enfrentan los riesgos más graves.

El decreto es de orden público, de interés general y de observancia obligatoria. Por primera vez, México establece medidas específicas que las plataformas digitales —redes sociales, videojuegos, tiendas de aplicaciones y cualquier servicio que permita interacción o difusión de contenido— deben implementar para garantizar entornos seguros para menores. La definición es amplia y abarca prácticamente todo el ecosistema digital que utilizan las infancias y adolescencias.

El contenido sustantivo del decreto es contundente. Prohíbe que las plataformas permitan el acceso, exposición o recomendación de contenido que promueva acoso y ciberacoso; abuso o violencia sexual; discursos de odio y extremismo; intercambio de contenidos que inciten a la violencia, especialmente en el entorno escolar; conductas ilícitas o apologías del delito; material sexual explícito; y riesgos asociados a salud mental como autolesiones o trastornos alimenticios. Esta clasificación obliga a las empresas tecnológicas a modificar sus algoritmos, sus sistemas de recomendación y sus criterios de moderación.

Las obligaciones para las plataformas son igualmente relevantes. Deben implementar mecanismos confiables de verificación de edad —no basta la autodeclaración—, retirar de forma inmediata cuentas o contenidos prohibidos, activar configuraciones de privacidad estrictas por defecto, habilitar reportes accesibles, permitir supervisión parental y realizar evaluaciones periódicas de riesgos asociados al diseño y funcionamiento de sus servicios.

Además, deben compartir reportes estadísticos con autoridades para fortalecer estrategias de salud mental. Este punto es crucial: el decreto vincula explícitamente el entorno digital con la salud emocional de las y los adolescentes.

El decreto también incorpora obligaciones de colaboración con autoridades de seguridad y justicia: designar puntos de contacto disponibles 24/7, preservar evidencia digital por 90 días y alertar de inmediato sobre cuentas o contenidos que atenten contra la vida, dignidad o integridad de menores.

En un estado como Baja California, donde los riesgos digitales se entrelazan con dinámicas de violencia, movilidad y vulnerabilidad, esta coordinación es indispensable.

La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública reciben mandatos específicos: diseñar programas de salud mental, fortalecer habilidades socioemocionales, promover el uso crítico y ético de plataformas digitales y organizar actividades de bienestar escolar. La estrategia del “ABC de las emociones”, los buzones confidenciales y los protocolos de acompañamiento se convierten en herramientas obligatorias dentro de la Nueva Escuela Mexicana.

Los transitorios confirman que este decreto es solo el inicio. Se instruye a instalar una Mesa de Trabajo para elaborar propuestas de regulación más robustas y se obliga a las plataformas a documentar sus acciones en un plazo máximo de treinta días. Es un avance significativo, pero todavía sin sanciones ni autoridad reguladora definida. La legislación vendrá después.
Baja California puede avanzar sin esperar a que las plataformas cumplan o a que las mesas federales produzcan resultados.

El marco jurídico estatal permite incorporar desde ahora los riesgos digitales mencionados en el decreto en el Programa de Protección Integral Escolar, la Ley de Educación, la Ley de Seguridad Escolar, la Ley de Acoso Escolar, la Ley de Salud y la Ley de Atención al Autismo. Incluso es viable impulsar una Ley Estatal de Protección Digital de la Niñez, enfocada en la gestión de riesgos digitales en escuela, hogar y comunidad, sin invadir facultades federales sobre plataformas. El uso responsable de dispositivos dentro del plantel puede complementarse con una política integral que atienda los riesgos fuera de él.

El decreto federal es un avance. Baja California tiene la oportunidad de convertirlo en una política territorial efectiva que proteja a sus niñas, niños y adolescentes dentro y fuera del plantel, con una visión preventiva, comunitaria y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

• *El autor es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México A.C.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Quince años después de su nacimiento, Morena descubrió la fórmula para resolver de una vez por todas los problemas de México: organizar un festejo en el Auditorio Nacional, reunir a la familia política, repartir elogios y publicar un comunicado donde el partido se declara protagonista de la historia, intérprete de la voluntad popular y heredero de las más nobles causas nacionales.

Lo que no explica es cómo llegó a la conclusión de que México renació gracias a su existencia. Modestia, lo que se dice modestia, no parece ser una de las virtudes que se cultivan en la Cuarta Transformación.

El documento difundido el 7 de octubre es una auténtica joya de la propaganda política. Morena asegura haber cumplido las esperanzas del pueblo mexicano, construido un país justo, democrático, igualitario, incluyente y pacífico. Todo en unas cuantas líneas, como si gobernar fuera cuestión de redactar buenos deseos y no de entregar resultados.

¿Un México pacífico? Bastaría preguntarles a las familias de desaparecidos, a quienes buscan a sus hijos entre fosas clandestinas y a los ciudadanos que viven bajo la amenaza del crimen organizado si comparten semejante diagnóstico. Para ellos, la transformación puede tener otros significados, bastante menos festivos.

Pero el comunicado no está para arruinar la celebración con realidades incómodas. Está para celebrar, ensalzar y, de paso, recordar que Andrés Manuel López Obrador es el fundador, guía moral y referente ético de un movimiento que, según sus dirigentes, sigue fielmente sus enseñanzas.

Aquí aparece la primera ironía: el partido que presume una revolución de las conciencias parece convencido de que repetir una consigna equivale a cumplirla.

No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Tres principios sencillos que, de llevarse a la práctica, bastarían para justificar cualquier proyecto político. El problema comienza cuando dejan de ser compromisos exigibles y se convierten en estampitas para adornar discursos.

Porque la honestidad no se demuestra con homenajes al fundador, sino con cuentas claras. La congruencia no se acredita con fotografías de dirigentes sonrientes, sino con explicaciones convincentes ante cada señalamiento. Y la lealtad al pueblo no consiste en invocarlo a conveniencia, sino en aceptar que ese mismo pueblo tiene derecho a cuestionar, reclamar y exigir responsabilidades.

Más divertido todavía resulta que el comunicado reivindique las libertades de expresión, asociación y manifestación, mientras condena las noticias falsas, las campañas de difamación y la manipulación de la opinión pública. Nadie podría oponerse a combatir la mentira. La pregunta es quién decide qué es mentira y quién pretende arrogarse el derecho de repartir certificados de verdad.

En una democracia, la crítica no es una conspiración y el periodismo incómodo no constituye, por definición, una campaña de desprestigio. Quien ejerce el poder debe aprender a distinguir entre una calumnia y una pregunta que no desea responder. Lo contrario es confundir la libertad de expresión con el aplauso obligatorio.

También llama la atención el insistente llamado a la unidad. Alfonso Durazo la considera una causa sagrada y otros dirigentes aseguran que Morena es un instrumento de todos. Magnífico. Aunque sería interesante saber si esa unidad incluye a quienes discrepan de las decisiones de la cúpula, cuestionan los métodos de selección de candidaturas o descubren que, cuando llega la hora de repartir posiciones, algunos militantes resultan bastante más iguales que otros.

Porque una cosa es la unidad en torno a principios y otra, muy distinta, cerrar filas para proteger intereses, conservar privilegios y evitar que alguien mueva las aguas.

A quince años de su nacimiento, Morena ya no puede refugiarse eternamente en la épica de sus orígenes. Es el partido en el poder y, por tanto, debe responder por sus decisiones, sus omisiones y sus resultados. La historia no se escribe únicamente con discursos triunfalistas ni se transforma por decreto.

El comunicado concluye recordando las enseñanzas de López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar. Qué bueno que las recuerden. Ahora sólo falta que las practiquen con la misma convicción con que las imprimen.

Porque después de quince años, el verdadero examen de Morena no consiste en demostrar cuánto ha cambiado México gracias al partido, sino cuánto está dispuesto el partido a cambiar para estar a la altura de México. Y esa, por lo visto, sigue siendo una asignatura pendiente.

Ya siéntese, señora

Apenas terminó la gira nacional para presumir los resultados de su informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció otra. Ahora recorrerá hospitales e instalaciones del IMSS-Bienestar para comprobar, según explicó, que haya medicamentos, médicos y personal suficiente. Dicho de otra manera, irá a verificar que el sistema de salud funciona como debería funcionar todos los días, sin necesidad de que la presidenta se aparezca para recordárselo a sus responsables.

¡Qué tranquilidad! Si la señora presidenta visita un hospital, seguramente los medicamentos aparecerán, los médicos se multiplicarán y las citas pendientes se resolverán por generación espontánea. Y si todo está bien, tendremos una excelente noticia. Si no, siempre habrá algún funcionario al que cargarle el muerto, aunque la responsabilidad última recaiga en el gobierno que encabeza.

La pregunta es inevitable: ¿de verdad son necesarias tantas giras presidenciales? Por supuesto que no. Al menos no con semejante frecuencia, después de un recorrido nacional que, bajo el disfraz de rendición de cuentas, tuvo mucho de promoción política y bastante de movilización partidista.

Porque una cosa es gobernar y otra andar permanentemente en campaña. Y cuando la presidenta apenas termina de presumir sus logros y ya prepara las maletas para supervisar hospitales, resulta difícil no sospechar que el calendario político pesa más que las necesidades administrativas.

Sobre todo porque el próximo año habrá elecciones y Morena necesita conservar su mayoría en la Cámara de Diputados. Casualidad, dirán los optimistas del oficialismo. Pero en política, como en la vida, las casualidades repetidas empiezan a parecer estrategia.

Y luego está el dinero. Ese pequeño detalle que suele desaparecer de los discursos cuando se trata de organizar concentraciones multitudinarias para demostrar el amor del pueblo por sus gobernantes.

Hagamos cuentas, con las reservas que merece una estimación que no sustituye una auditoría. Si tomamos como referencia los 850 mil asistentes que, según las cifras oficiales mencionadas, fueron movilizados durante la gira del informe, y calculamos un gasto promedio de mil 500 pesos por persona entre transporte, logística, mobiliario, alimentos y otros apoyos, el resultado es de mil 275 millones de pesos. Sí, leyó usted bien: mil 275 millones.

No estamos afirmando que ése haya sido el gasto comprobado ni que cada asistente haya recibido mil 500 pesos en efectivo. Para saberlo se necesitan facturas, contratos y cuentas transparentes. Precisamente eso sería lo interesante: que alguien explicara cuánto costó realmente el espectáculo, quién lo pagó y de dónde salió cada peso.

Porque ese dinero, de haberse destinado a equipar hospitales, comprar medicamentos, contratar personal o mejorar instalaciones, podría haber tenido una utilidad pública mucho más tangible que llenar plazas y auditorios para escuchar discursos que, en buena medida, ya conocemos.

Y aquí es donde la nueva gira adquiere un sabor particularmente irónico. Mientras la presidenta anuncia recorridos para comprobar que no falte nada en los hospitales, su gobierno debería explicar por qué hace falta una supervisión presidencial para garantizar servicios que tendrían que funcionar sin cámaras, comitivas ni aplausos.

Un sistema de salud no se mide por las fotografías de la mandataria recorriendo pasillos, sino por la receta que el paciente puede surtir, el médico que encuentra cuando lo necesita y la atención que recibe sin tener que esperar meses.

La presidenta no necesita recorrer México para demostrar que gobierna. Necesita gobernar para que los mexicanos no dependan de sus recorridos.

Y si el propósito es supervisar, que supervise. Pero que publique resultados, corrija deficiencias y haga responsables a quienes no cumplen. Lo demás es turismo político con cargo al erario y una extraordinaria oportunidad para que los aspirantes de Morena recuerden quién manda, quién reparte y quién puede aparecer en la fotografía.

A estas alturas, los mexicanos ya no necesitan otra gira para escuchar que todo marcha maravillosamente. Necesitan que las cosas marchen, aunque la presidenta no esté presente.
Así que, como diría el clásico de los memes, ante tanta vuelta, tanto discurso y tanta campaña disfrazada de gobierno: ¡Ya siéntese, señora! Y póngase a gobernar.