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Reportaje

Crece 148% partida de publicidad en Gobierno de BC; exceden contratos presupuesto oficial

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Por Dianeth Pérez Arreola

CUARTA Y ÚLTIMA PARTE

De un año a otro el gasto publicitario del gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda aumentó 148 por ciento, pues en 2022 el congreso local aprobó una partida de 39 millones 693 mil 800 pesos y para el presente año es de más de 98 millones 750 mil pesos para pagarse a empresas dedicadas a la comunicación. Además, los contratos del 2022 exceden con mucho la partida oficial para difusión institucional.

En octubre se hizo una solicitud de transparencia a Gobierno del Estado para que entregara los contratos de publicidad de los primeros tres trimestres del 2022 (número de folio 022756722000017), pues esa información no está consignada en el portal de transparencia como es obligación del Poder Ejecutivo.

La solicitud aparecía “en proceso” y no fue respondida en los plazos establecidos, por lo que se solicitó nuevamente en enero (número de folio 022756723000001). Al no obtener respuesta en el plazo señalado, se interpuso una queja (número de folio 021166023000001) y finalmente se entregaron dos discos compactos con 68 contratos.

Llamó la atención que la numeración no seguía una secuencia, pero llegaba hasta el registro 187. Además, algunos documentos tenían la palabra “TER”, “BIS” o “QUATER” tras un mismo número de contrato, por lo que en teoría la cifra real de acuerdos podría fácilmente superar los 187.

Considerando un solo contrato trimestral de los diez medios con acuerdos económicos más altos, la suma de todos asciende a más de 29 millones de pesos, cuando la partida para comunicación y difusión institucional de 2022 es de menos de 40 millones.

Suponiendo que esos diez medios hubieran obtenido cuatro contratos iguales en el año por la cantidad que obtuvieron en un trimestre, la erogación sería de más de 117 millones de pesos. Y hay que recordar que esos solo son diez contratos de al menos 187.

El monto comprobado mediante las 68 facturas se reparte entre estaciones de televisión, radio, sitios web, redes sociales, salas de cine e impresos. Avila Olmeda tuvo autorización de los diputados locales erogar más de 39 millones de pesos durante 2022, pero en la revisión de 68 contratos de un total de al menos 187, se pagaron facturas por más de 97 millones de pesos.

Hay medios que no aparecen dentro de los 68 contratos y algunos cuestionados al respecto reconocieron que sí tienen un contrato publicitario. Otros acuerdos fueron localizados vía internet o mediante las sesiones de video de Oficialía Mayor, por lo que la lista entregada por esta última dependencia está incompleta.

El gobierno de Morena en Baja California siguió con las mismas políticas de comunicación social de los anteriores, como el de Jaime Bonilla y los panistas. No hay reglas claras sobre la asignación de pauta publicitaria, ni intentos de establecerlas. La marca de Ariel Lizárraga, quien maneja la política de comunicación en el Poder Ejecutivo, se nota. Hay medios consentidos, grandes sumas a difusores de contenido que se hacen pasar por periodistas, preguntas sembradas en las mañaneras, llamadas para pedir que bajen notas informativas, y alusiones a renovaciones de contratos como forma de coacción. Y por supuesto el consabido porcentaje de “comisión”.

De la información entregada a esta reportera se puede desprender una pauta de medios favorecidos. Los medios tradicionales, radio, televisión e impresos, obtienen por lo general contratos más altos por el esfuerzo económico y tecnológico que representan, además de su penetración. Pero no siempre es así.

Por ejemplo, el contrato de Punto Norte, el medio digital con el acuerdo económico más alto, contrasta con el del Semanario Zeta que tiene que enfrentarse al fuerte gasto que representa ser un medio impreso. Zeta recibe tres veces menos ingresos por contratos con Gobierno del Estado que Punto Norte. Se solicitó tanto a Isaí Lara como a Adela Navarro una opinión sobre las características de sus contratos, pero no hubo respuestas.

Más del 70% del gasto publicitario va a 10 empresas

De los 68 documentos entregados por parte del Poder Ejecutivo se desprende el siguiente análisis:

La información presentada tiene insuficiencia de datos, el Gobierno del Estado no proporcionó todos los contratos publicitarios firmados el 2022. Lo que sí aparece es que en 10 empresas proveedoras se concentra más del 70% del gasto publicitario de acuerdo con los contratos revisados. Aclarando que no son todos, con lo que pudo revisar se marca una tendencia.

Al inicio de la administración del gobierno de Marina del Pilar, fue un secreto a voces que los contratos de publicidad se dividieron entre “los grandes” medios de comunicación y “la chiquillada”. Por instrucciones de Ariel Lizárraga Montero, quien maneja la estrategia de comunicación de Gobierno del Estado, los medios grandes fueron enviados a firmar el acuerdo 2022 a la Dirección de Comunicación de Gobierno del Estado, mientras que los pequeños fueron canalizados a Comunicación de Congreso del Estado.

Esto no funcionó, y solo beneficiaba a Lizárraga Montero, quien manejaba en exclusiva esta gran bolsa publicitaria, pero este año ya no funcionó así. Lo que no cambia es el porcentaje que de cada contrato se lleva Ariel, según refieren antiguos colaboradores.

La bolsa publicitaria se hizo una sola, sin importar la soberanía del Congreso del Estado. Aunque es una práctica común que desde Gobierno del Estado indiquen a qué medios darle contratos publicitarios y a quienes castigar, controlar el gasto publicitario de un poder a otro es algo inaudito.

El director de Comunicación del Congreso del Estado, Hugo Ruvalcaba Valladares, expresó que a raíz de la entrada de reformas a la Ley General de Comunicación Social, sirvió para poner orden al manejo de los contratos de difusión institucional. Ahora los medios tienen que presentar la carta de cumplimiento del SAT y testigos de las publicaciones, entre otras cosas.

Indicó que hasta antes de la presente legislatura -la 24- no hay evidencias en el Congreso del Estado sobre cómo se ejerció el gasto de publicidad.

Sobre el procedimiento para otorgar contratos, explicó que cada medio hace una propuesta, es decir, cada medio decide qué quiere incluir en el paquete publicitario: boletines, entrevistas, enlaces, banners y propone su valor.

Ahora en la Cámara de Diputados, los criterios de asignación de publicidad están basados en las métricas que reciben de una agencia externa nacional y otra estatal, que analizan el impacto de los medios en sus páginas web y de redes sociales, aseguró.

“Las reformas a la Ley General de Comunicación tenía sus bemoles pero también sus puntos positivos. Una de las ventajas para los medios era que los comunicados no podían entrar como parte de los contenidos de los contratos, es decir no pueden considerarse dentro del paquete publicitario”, opinó.

También las reformas de la ley asignaban recursos de acuerdo con alcance que tuviera cada medio, lo que obligaba a priorizar; además ubicaba a los medios, que solo existían en redes sociales, en el último rango a la hora de decidir el presupuesto publicitario, lo que hubiera traído una depuración, declaró.

Silencio oficial

No obedecer los criterios establecidos obligaba a la inhabilitación de funcionarios. Las reformas fueron rechazadas debido principalmente a que asignaba el 0.01 por ciento del presupuesto total de los órdenes de gobierno, a comunicación social.

En el Poder Ejecutivo la transparencia es casi nula en el rubro publicitario. Se solicitó en reiteradas ocasiones una entrevista al director de Comunicación de Gobierno del Estado, Néstor Cruz sobre los criterios de contratación, sin obtener respuesta. Los 68 expedientes analizados comprueban el desorden, ocultamiento de datos y la discrecionalidad en el gasto.

En la página de transparencia deberían asentarse los datos de todo el 2022, como es su obligación, pero en gastos de publicidad oficial correspondiente a Oficialía Mayor -dependencia que entregó los 68 contratos- solo aparecen 4 entradas sin datos que permitan identificar al proveedor ni detalles del contrato.

El 23 de febrero esta reportera cuestionó a la gobernadora en la última mañanera donde le permitieron el uso de la voz, sobre su falta de compromiso con la transparencia al no haber signado el acuerdo habitual con el Instituto de Transparencia ni como alcaldesa ni como gobernadora.

Avila Olmeda solicitó que contestara el cuestionamiento el jefe de Gabinete, Alfredo Álvarez, quien se molestó y dijo que no era necesario firmar nada, que ellos tenían la obligación de dar la información y que si los periodistas querían algo, solo tenían que pedirlo. En varias ocasiones se le solicitó tanto a él como a la oficial Mayor, Rocío López Gorosave, la entrega del resto de los contratos, sin resultados.

Reportaje

Faltan en Calexico oportunidades laborales y educativas

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Por Juan Montesló

La incesable crisis económica que vive la ciudad de Calexico, California, viene acompañada de dos grandes factores, uno es la escaza oferta educativa, y el otro, la creciente tasa de desempleo, que desde el año 2020 a la fecha ha rondado entre el 25 y 30%.

Según un estudio realizado por la Corporación de Desarrollo Económico del Valle Imperial la demanda de talento en el año 2024 se centró en tres áreas: negocios, informática e ingeniería, y esperan cerrar la brecha que existe entre los ciudadanos, estudiantes y las empresas contratistas que buscan tener un talento verdaderamente preparado y capacitado. Una realidad que al día de hoy, parece no existir.

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Corrupción

Península Doce, empresa favorecida del gobierno estatal

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Por Jaime Delgado/Periodismo Negro

Península Doce es una empresa que ha logrado obtener numerosos contratos en un periodo de 4 años, entre los gobiernos de Jaime Bonilla y Marina del Pilar Avila, y que sobresale tanto por el número de obras hechas en el sector educativo, como por su indisciplina en la ejecución de las mismas, y que a pesar de eso sigue siendo favorecida por autoridades emanadas de Morena.

La más reciente sin duda fueron los baños del estado de beisbol Nido de Los Águilas, una obra que fue una erogación de 13 millones de pesos, pero de igual forma el gobierno estatal contrató a la empresas para construir módulos de venta de mercancías y comida dentro del inmueble que alberga la Serie del Caribe 2025.

Un empresario hizo llegar los primeros documentos para denunciar que en el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE), a través de Javier Urbalejo Cinco -ex alcalde priista de Tecate y hoy flamante subsecretario de Inversión del gobierno del Marina del Pilar- se está favoreciendo a esa empresa.

Península Doce es una Sociedad de Responsabilidad Limitada en modalidad de Capital Variable. Es propiedad Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, quien ha utilizado la estrategia de licitar bajo otros nombres: el de su cuñada Mónica León Meza y el de su esposa Kenya León Meza.

“Tal pareciera que ser licitante es la mejor opción para poder hacerse millonario, siempre y cuando uno se moche con la autoridad, en esta ocasión el INIFE BC ha sido múltiples veces denunciado por casos contundentes de corrupción sin que a la fecha haya habido alguna consecuencia, soy licitante y estoy plenamente consciente de las dificultades que una persona de a pie sufre para poder ingresar a licitar a una institución de estas”, indicó el denunciante.

Sin embargo, los procesos están sumamente amañados y distan de ser transparentes. En este caso el INIFE es fiel partícipe de estos incidentes, otorgando licitaciones millonarias a familias que se han enriquecido gracias al erario y al uso de empresas fantasmas, comentó.

En este caso sus dueños son esposo, esposa y cuñada; esta triada participa en los mismos procesos donde se supone debería de haber participación de muchas empresas, no obstante han optado por hacer adjudicaciones directas e invitaciones para saltarse los procesos de licitación ya que estos sí son públicos, dijo.

Los nombres de los licitantes son Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, la esposo de Kenya León Meza, quien lícita como Península Doce, hermana de Mónica León Meza, quien a su vez es su contadora, todos con el mismo domicilio fiscal; existen procesos en los cuales los 3 participan generando ganancias millonarias, y claro dando su respectivo diezmo a las autoridades presentes en dichos eventos, señaló.

Cómo funciona la empresa

La relación que existe entre los participantes a las convocatorias de obra de infraestructura educativa, así como las licitaciones, invitaciones y adjudicaciones directas que han ejecutado, les han dado los recursos para echar a andar más negocios. Por ejemplo, usan la misma maquinaria para licitar los tres, registran el mismo domicilio fiscal en los procesos, y a veces para evitar que sea demasiado evidente, participan unos por otros, por ejemplo ha participado la esposa como Península Doce, quien hace tiempo tuvo de representante legal a Salvador Díaz Gutiérrez, y ha participado como proveedora y contratista la hermana y cuñada Mónica León.

La empresa como tal surge el 24 de noviembre de 2011 en la ciudad de Mexicali, está registrada en el padrón de contratistas en el Gobierno del Estado bajo el número PC-BC-MXL-M-15-3433, sin que se le haya aplicado algunas de las causas para cancelación de acuerdo con la Ley de Obras de Baja California.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la empresa fue registrada hasta el 2019, con Notario Público, y con el objeto de hacer obras y diseños de proyectos, entre otras actividades.

Los dueños son Kenya León Meza con la posición mayoritaria por el número de acciones sobre el socio Jesús Francisco Rodríguez Rodríguez, quien funge como gerente de la empresa.

Las licitaciones por invitación

La empresa Península Doce y Mónica León, quienes comparten la misma dirección , que aparece como ubicada en la colonia Maestros Federales -aunque en realidad está en la Ex-ejido Coahuila-, recibieron 16 invitaciones para obtener contratos de obras, además de participar en 6 adjudicaciones directas y en 9 licitaciones públicas.

En total se habla de al menos 31 contratos localizados desde 2020 a 2024, sumando más de 70 millones de pesos, desde el 2020 hasta el 12 de agosto de 2024.

Durante el gobierno de Jaime Bonilla, Península Doce se embolsó más de 37 millones de pesos y durante el gobierno de Marina del Pilar, los beneficios económicos se multiplicaron.

Esta empresa maneja prácticamente un 10 por ciento del presupuesto anual del Instituto encargado de construir infraestructura educativa en Baja California. Cabe destacar que el INIFE es un organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) que encabeza Arturo Espinoza Jaramillo, y esto es importante porque Javier Urbalejo Cinco, quien fue director del INIFE al inicio de la presente administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, a pesar de una serie de observaciones de la Auditoría Superior del Estado, no lo despiden; le dan una subsecretaría en SIDURT.

Acoso a Abogada

Una abogada que prefiere conservar el anonimato, relató que Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez la acosa a raíz de una petición de información que hiciera vía transparencia, y desde donde hubo una fuga de información a través del Instituto de Infraestructura Física y Educativa (INIFE) , que enteró a Díaz Gutiérrez de dicha petición.

Refiere que se dedicaba a ser contacto de licitaciones, por lo que hizo una única petición de información que involucraba al constructor y su empresa en 2022. Díaz Gutiérrez obtuvo una captura de pantalla con los datos personales de la abogada, mostrándosela, y desde entonces cada que alguien solicita información sobre él o Península Doce, le llama a ella para amenazarla, o a alguno de sus familiares.

La abogada ha reclamado al INIFE esta fuga de información institucional. Le informaron que se reunió el Comité de Transparencia para tratar sobre su caso y que el resultado fue que “nadie fue”.

También acudió ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) para contarles sobre lo sucedido con su solicitud. Llenó un formato de queja a mano, pero le manifestaron que no podían hacer nada.

Las observaciones de la ASE al INIFE sobre las obras de la empresa

En el contrato CP-INIFE-BC-MXL-FAM-20-07, de Salvador Alejandro Diaz Gutiérrez, se observó que durante el proceso de auditoría, las propuestas presentadas por los concursantes excedieron el techo financiero, por lo que la obra fue contratada por un monto de 8 millones 991 mil 750 y el mismo día de la firma del contrato se redujeron las metas de la obra mediante convenio modificatorio por 1 millón 491 mil 750 para quedar en 7 millones y medio, por lo que se observa una mala planeación y presupuestación de los alcances reales  de la obra.

En el contrato CP-INIFE-MXL-FAM-22-12, “Rehabilitación de cubiertas de aulas y fosa séptica para la escuela Justo Sierra, sustitución de cubierta en módulo de 3 aulas y módulo sanitario para la escuela Saltillo, construcción de módulo sanitario para la E.S.T. #4 construcción de pozo de absorción y by pass para la escuela Melchor Ocampo, en el municipio de Mexicali”, la auditoría señala que falta todo el documento de bitácora de obra.

Además se observó la falta de boquilla de remate en acceso a baño de hombres y que las losetas en acceso están despegadas y quebradas, en la Escuela Secundaria Técnica 4. En la primaria Melchor Ocampo  se observó una filtración pluvial en cubierta, en área de comedor y cooperativa, así como el plafón y pintura dañados por filtraciones de humedad.

Arturo Espinosa Jaramillo, titular de SIDURT, declaró en entrevista que todas las empresas se deben boletinar y aplicar las sanciones correspondientes si algún funcionario no está siguiendo las observaciones del Orfis o de la propia transparencia interna. No comentó nada sobre la colocación de Urbalejo Cinco en una subsecretaría a su cargo.

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Mexicali

Retrasos y posible conflicto de interés en renta de Teatro Lux

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Los trabajos de adecuación del Teatro Lux, para poder albergar las oficinas del Registro Civil, debieron terminar el 31 de diciembre pasado, según los lineamientos del Comité de Adquisiciones del XXV Ayuntamiento de Mexicali.

Al proveedor Skath Benjamín García Núñez, le otorgaron contratos de adjudicación directa en junio de 2024 para varios trabajos preliminares en el inmueble, y en diciembre de ese año le dieron los de rehabilitación y acondicionamiento.

Los trabajos debieron terminal el 31 de diciembre de 2024. Ese corto lapso hace suponer que los trabajos de rehabilitación ya venían haciéndose desde la firma del primer contrato, el cual creció de menos de millón y medio a 10 millones 655 mil pesos.

Además, la propiedad del Teatro Lux está relacionada con la esposa del expresidente municipal Francisco “Panchito” Pérez Tejada, uno de los personajes más cercanos a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, y también a personajes de la administración municipal, como el exsecretario del ayuntamiento y ahora director de Administración Urbana, Daniel Valenzuela.

Fue desde la administración de Pérez Tejada que el ayuntamiento empezó a enfocarse en el llamado Centro Histórico, y esta operación de rentar un inmueble relacionado con el exalcalde, a pesar de los posibles conflictos de interés, Norma Bustamante sostiene que se trata de algo transparente y legal.

Aun le falta trabajo al inmueble para poder albergar las oficinas del registro civil.

Trabajos preliminares

El 29 de junio de 2024 se firmó un contrato de prestación de servicios entre el Ayuntamiento de Mexicali y Skath Benjamín García Núñez, (01-AYTOMXL-OM-INV-07-24) por 1 millón 337 mil 760 pesos para realizar trabajos preliminares para la reubicación de las oficinas del Registro Civil, en el inmueble del Teatro Lux.

En el contrato se establece que inicia a partir de la fecha de firma del mismo hasta el 30 de septiembre de 2024 -es decir poco más de tres meses-, estableciéndose en la cláusula sexta que “concluirá hasta la terminación y resultados obtenidos derivados de la prestación de los servicios, los cuales deberán ser proporcionados hasta antes del término de la vigencia del presente contrato”.

Descripción de los trabajps preliminares, del contrato firmado en junio de 2024.

Los trabajos a realizar son retiro y limpieza de 1,305 metros cúbicos de escombro en planta baja y alta del edificio, por casi 750 mil pesos; desmonte y retiro de cortinas existentes por 16 mil 500 pesos; suministro y fabricación de sobrepiso de nivelación, por 464 mil pesos. Además, el proveedor proporcionará el suministro y/o colgado de tubería hidráulica y sanitaria en planta baja y alta por casi 54 mil pesos cada uno.

En el Anexo A, se detallan los servicios a realizar y su costo, y en el apartado “Lugar, plazo y condiciones para la prestación del servicio”, indica que los trabajos inician a partir de la firma del contrato “y concluirá hasta el cumplimiento del objeto de los servicios a prestar, dentro de las instalaciones que albergarán las oficinas del Registro Civil, con domicilio en Calle Morelos 63, de la colonia Primera Sección”.

Es decir, mientras que en el contrato se tienen 3 meses para la ejecución y entrega de los trabajos, en el anexo la fecha no está fija. Se termina el contrato, cuando se concluyan los trabajos.

En una entrevista exclusiva con La Voz de la Frontera, el 31 de julio de 2024, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante anunciaba que cambiaría las oficinas del Registro Civil en la próxima administración, al inmueble del Teatro Lux.

En esa nota, encabezada con “Hemos respondido ante la corrupción: Norma Bustamante”, la edil mencionó que la renta del inmueble costaría alrededor de 50 mil pesos mensuales.

En la pasada manifestación contra el reemplacamiento, el viernes 17 de enero en la Plaza de los Tres Poderes, la exalcaldesa Guadalupe Mora, expresó ante el micrófono que la renta del también llamado Cine Lux costaba 26 mil dólares al mes; más de 500 mil pesos.

Trabajos de rehabilitación y acondicionamiento

El 5 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mexicali, donde se trató la adjudicación directa para la rehabilitación y acondicionamiento del edificio que albergará las oficinas del Registro Civil.

Ve la sesión en este enlace.

Ahí se subrayó la importancia e terminar las instalaciones para poder trasladar las oficinas en enero 2025. También se habla de una “contracción financiera” que no han permitido avanzar en tiempo, más el término de la administración, los tres meses previos en los que había prohibición para contratar, por 10 millones 655 mil pesos, con un anticipo del 50 por ciento “y un segundo pago a la conclusión de los trabajos que no deberán exceder del 31 de diciembre”.

La rehabilitación del inmueble está circunscrita en diversas etapas, y menciona en términos generales, pisos, muros, cubículos y plafonería.

Fachada del Teatro Lux

Otras adjudicaciones al proveedor

A Skath Benjamín García Núñez se le otorgaron las adjudicaciones directas AYTOMXL-OM-ADJ-DIR-16-24-BIS para el suministro y la instalación de un generador eléctrico de 400 KW por 6 millones 890 mil pesos en mayo de 2024.

También el 30 de mayo de 2024 se le adjudicó directamente tras declararse desierta la convocatoria dos veces en abril, el contrato para el mantenimiento preventivo de los equipos de aires acondicionados del Gobierno Municipal, por 1 millón 391 mil 400 pesos.

Al multifacético proveedor también le fue adjudicada la instalación de la pista de hielo de la Villa Navideña del 2022 (del 9 de diciembre 2022 al 8 de enero 2023), tras declararse desierto el resultado de la convocatoria emitida apenas el 5 de noviembre de 2022.

Se solicitó una postura de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali sobre el retraso en la obra del Teatro Lux, pero no hubo respuesta. El contrato de renta del inmueble no aparece en la sección de “Transparencia” del Ayuntamiento de Mexicali, donde debería estar disponible.

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