La Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), que encabeza Gerardo Espinoza Rodríguez, hizo un llamado a los padres de familia de Baja California para que promuevan valores como la responsabilidad y el compromiso en sus hijos, asistiendo a clases este próximo 11 de junio de 2026, fecha inaugural de la Copa Mundial de Fútbol.

“Si queremos campeones en la vida, primero debemos formar estudiantes comprometidos”, destacó el consejero presidente mediante comunicado de prensa.

El titular del organismo consideró que eventos de esta magnitud representan valiosas oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes, permitiendo fortalecer su educación integral desde una perspectiva formativa, cultural, científica y deportiva.

Invitó a las instituciones educativas públicas y privadas a aprovechar el contexto del Mundial para desarrollar actividades pedagógicas y formativas vinculadas a los contenidos curriculares. De esta manera, el entusiasmo generado por el evento internacional se traduzca en experiencias educativas significativas.

Espinoza Rodríguez enfatizó que la educación trasciende las aulas y que los grandes acontecimientos internacionales pueden convertirse en poderosas herramientas para despertar la curiosidad, fortalecer los aprendizajes y conectar a los estudiantes con una visión global del mundo.

Por ello, la organización hizo un llamado a que este evento deportivo sea visto no únicamente como un espectáculo, sino como una oportunidad para enriquecer los procesos educativos, promover la participación social y fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones de Baja California.

El Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada por la diputada Yohana Hinojosa Gilvaja para eliminar las ventas exclusivas de uniformes escolares, para dar a las familias más opciones para adquirirlos a precios accesibles.

La reforma modifica los artículos 6, 107 y 120 de la Ley de Educación del Estado de Baja California, estableciendo que la autoridad educativa estatal deberá emitir lineamientos para que las escuelas públicas y particulares, en coordinación con las asociaciones de madres y padres de familia, puedan acordar posibles proveedores de uniformes escolares que ofrezcan las mejores condiciones de calidad y precio.

La legisladora destacó que esta medida responde a una problemática que durante años ha afectado a miles de familias, quienes en muchos casos se han visto obligadas a adquirir uniformes con proveedores específicos, limitando su capacidad de elegir opciones más económicas y de mejor calidad.

“Esta reforma pone en el centro a las familias. Las madres y padres de familia tendrán voz en la determinación de posibles proveedores, evitando prácticas que encarecen los uniformes escolares y afectan directamente la economía del hogar”, señaló.

La iniciativa deja claro que los proveedores acordados serán únicamente una referencia para las familias y que no existirá obligación alguna de comprar con determinado comerciante, respetando en todo momento la libertad de elección.

Durante el análisis legislativo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto reconoció que esta reforma contribuirá a frenar monopolios y exclusividades forzosas en la venta de uniformes escolares, promoviendo procesos más transparentes y justos para las familias bajacalifornianas.

La Secretaría de Educación deberá emitir los lineamientos correspondientes dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Al maestro federal Halim Félix Padilla le fabricaron una licencia sin goce de sueldo en el sistema educativo; documento que debe ser firmado por quien lo solicita, pero no lo solicitó, no lo firmó y no ha recibido ni copia ni notificación de dicho trámite, lo que lo tiene sin recibir sueldo desde el 16 de abril pasado.

La licencia se llama L15, y es una suspensión temporal para arreglar asuntos jurídicos, explicó. El origen del problema se remonta al 7 de agosto de 2023, cuando estando en periodo vacacional, recibe la noticia de que alumnas de la Secundaria General Número 6 de esta capital se habían quejado de él por decir palabras altisonantes en la clase, sin que le hayan aclarado qué fue lo que dijo y cuándo.

Al iniciar el ciclo escolar 2023-2024 fueron a hablar con él dos agentes mujeres de la Fiscalía General del Estado, sin mostrarle documento alguno, recordó. Nunca fue citado a declarar.

El 30 de enero de 2024 le entregan un oficio donde menciona que “en estricto apego a la activación del protocolo para la prevención y atención del acoso sexual y hostigamiento sexual… así como en seguimiento a la recomendación emitida por el Órgano Interno de Control del Instituto del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) de Baja California por el posible hostigamiento sexual y conductas irregulares en perjuicio del alumnado” se le separaba del aula y se le ordenaba presentarse en la coordinación de Programas de Apoyo Educativo.

Hasta entonces se enteró que se le estaba acusando de esa conducta, hecho que niega. Ese documento está firmado por Rafael Ramírez Muñoz, director de Administración de Personal de ISEP, y estaba fechado dos semanas antes, el 16 de enero de 2024.

En el sistema educativo le dan el Número Único de Caso de esa denuncia que nunca le fue notificada, sin embargo en la Fiscalía General del Estado (FGE) no aparece. Pide una constancia de no acción penal en abril de 2024, pero obtiene una por un caso de 2017, cuando se vio involucrado al acompañar a un alumno víctima de abuso sexual con la orientadora escolar para que le contara lo que le había dicho a él.

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 2, a donde acudió buscando que defendieran sus derechos, le dijeron que no había personal en el departamento jurídico y que además no defienden ningún caso que tenga que ver con el protocolo de acoso y abuso sexual, y solo hay una estudiante que atiende el área.

Félix Padilla destacó que mañana tiene cita en la FGE para ver en qué va su caso y ver si obtiene documentos que le permitan su defensa.