COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La política mexicana vuelve a demostrar que, cuando está en problemas, prefiere montar un espectáculo antes que enfrentar la realidad. La detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, parece menos un acto de justicia que un intento por desviar la atención de otro asunto mucho más delicado.

No hace falta buscar explicaciones complicadas sobre el momento en que ocurrió el arresto. Fue una decisión política mal ejecutada. En Palacio Nacional y entre sus aliados parece haber más preocupación por apagar el escándalo que rodea a la gobernadora Marina del Pilar Ávila que por castigar los presuntos delitos de un exgobernador. Si Ruffo cometió un delito, deberá responder ante los tribunales. Pero el verdadero problema para el gobierno está en otro lado.

Todo apunta a que la detención busca quitar reflectores a los audios filtrados donde, presuntamente, la gobernadora habla de obtener protección e inmunidad a cambio de colaborar con agencias extranjeras. Más allá de quiénes sean sus interlocutores, el asunto de fondo es muy serio. Si un gobernante ofrece información o favores a otro país para protegerse políticamente, el tema deja de ser un simple escándalo y entra en el terreno de la lealtad al Estado mexicano.

Pensar que la opinión pública olvidará ese tema porque detuvieron a un exgobernador de hace décadas es subestimar la inteligencia de los ciudadanos. La maquinaria oficial ha difundido ampliamente la noticia de Ruffo, pero el resultado parece ser el contrario: en lugar de apagar el incendio, ha provocado que más personas vuelvan a mirar hacia Baja California y a preguntarse qué está ocurriendo realmente.

Si el gobierno de Claudia Sheinbaum cree que la justicia puede aplicarse solo cuando conviene políticamente, está corriendo un riesgo muy grande. La vieja estrategia de crear un escándalo para ocultar otro cada vez funciona menos. Hoy la gente tiene más información, compara versiones y saca sus propias conclusiones.

Lo preocupante es que cada vez parece más claro que la Fiscalía actúa con criterios políticos y no únicamente jurídicos. Mientras tanto, los audios que involucran a la gobernadora siguen ahí. No desaparecen con conferencias de prensa ni con detenciones espectaculares.
Al final, el caso Ruffo podría recordarse no por sus implicaciones legales, sino como el intento de un gobierno por desviar la atención de un problema mucho más grave. La pregunta ya no es solamente qué hizo un exgobernador hace años, sino hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para proteger a quienes hoy lo representan.

El laberinto del miedo

Si la detención de Ruffo fue una cortina de humo, lo realmente preocupante es preguntarse por qué el gobierno sintió la necesidad de lanzarla. La respuesta parece sencilla: miedo.

No da la impresión de que el oficialismo esté protegiendo a sus integrantes por lealtad o por principios. Lo hace porque teme que, si alguno se siente abandonado, termine colaborando con autoridades extranjeras para protegerse. Cuando eso ocurre, significa que dentro del propio gobierno la confianza empieza a romperse.

La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta un problema que va más allá de la oposición. El verdadero riesgo parece estar dentro de su propio movimiento. Cuando un grupo político comienza a desconfiar de sus propios integrantes, las decisiones dejan de tomarse con serenidad y empiezan a responder al temor de perder el control.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República del Bienestar da la impresión de actuar más como herramienta política que como una institución dedicada exclusivamente a impartir justicia. Al mismo tiempo, un Poder Judicial del Bienestar cuestionado y debilitado genera la percepción de que existen pocos contrapesos para frenar posibles abusos. Y quien termina pagando las consecuencias es el ciudadano común.

Por eso cada vez más personas depositan su esperanza en instituciones extranjeras. Es una señal muy preocupante para cualquier país. Cuando la gente confía más en autoridades de otro lugar que en las propias, significa que las instituciones nacionales han perdido buena parte de su credibilidad.

Todo indica que veremos más detenciones mediáticas, más conferencias y más intentos por cambiar la conversación pública. Pero esas estrategias difícilmente resolverán el problema de fondo. La confianza no se recupera con propaganda.

La historia demuestra que los gobiernos que actúan desde el miedo suelen cometer sus peores errores. Cuando el objetivo principal deja de ser gobernar y pasa a ser sobrevivir políticamente, las decisiones terminan agravando la crisis.

Hoy la verdadera pregunta no es si el oficialismo logrará contener el desgaste. La duda es cuánto daño institucional dejará antes de que esta crisis llegue a su desenlace.

Antes del desenlace

La decisión de la jueza de vincular a proceso a Ernesto Ruffo Appel y mantenerlo recluido en el penal del Altiplano cambió el tablero político, pero no necesariamente el fondo del problema. A partir de ahora, el gobierno federal puede afirmar que no fue solo la Fiscalía quien actuó, sino también un Poder Judicial que encontró elementos suficientes para continuar el proceso. En términos de comunicación política, Morena consiguió un respiro.

Pero un respiro no es una absolución política. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. Significa, simplemente, que existen indicios para llevar el caso a juicio. La verdadera prueba vendrá cuando las evidencias sean sometidas al escrutinio de un tribunal. Ahí terminará la política y comenzará el derecho. O, al menos, eso debería ocurrir, aunque con los jueces del bienestar todo puede ocurrir.

El problema para el oficialismo es que la sospecha sobre el momento elegido para actuar, insisto, no desaparece. La detención ocurrió en plena tormenta provocada por los audios que involucran a la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La resolución judicial fortalece la narrativa del gobierno, sí, pero no borra la percepción de que el caso también tuvo una utilidad política: cambiar la conversación pública.

Ahora Morena enfrenta un desafío mucho mayor. Si el expediente contra Ruffo es sólido y concluye con una sentencia sustentada en pruebas contundentes, el gobierno podrá presumir que nadie está por encima de la ley. Pero si el caso se desmorona por errores procesales, pruebas insuficientes o inconsistencias, la historia cambiará por completo. Lo que hoy parece un triunfo podría convertirse en el ejemplo más claro de justicia utilizada como herramienta política.

Y hay otro riesgo que el oficialismo no debería minimizar. Mientras despliega toda la fuerza del Estado contra un exgobernador panista, la opinión pública sigue esperando el mismo rigor frente a los señalamientos que pesan sobre funcionarios del propio movimiento. La justicia pierde credibilidad cuando parece tener calendario político y destinatarios selectivos.

Por eso el caso Ruffo dejó de ser solamente el juicio de un exgobernador. Se convirtió en el juicio de la propia Fiscalía, del nuevo Poder Judicial y del discurso presidencial que promete una justicia pareja para todos.

Al final, la pregunta ya no es si Ernesto Ruffo será declarado culpable o inocente. La verdadera incógnita es si el gobierno podrá demostrar que este proceso responde exclusivamente a la ley y no a la necesidad de sobrevivir a una de las peores crisis políticas que ha enfrentado desde que llegó al poder. Porque una sentencia puede cerrar un expediente, pero solo la imparcialidad puede cerrar la duda.

La aprehensión del exgobernador Ernesto Ruffo Appel es la noticia de esta semana, tras la revelación de más audios de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, más sensibles cada uno que el anterior.

Desde el momento en que acepta la autenticidad de las pláticas grabadas, la mandataria ya no tiene mucho márgen de acción. Solo queda tratar de explicar que lo que dijo, sí lo dijo, pero no como lo entendemos todos, sino en su muy particular punto de vista.

La idea de culpar al exgobernador morenista Jaime Bonilla hasta el tercer audio, desarma esa versión y quedan en evidencia varias cosas: tiene pésimos asesores o toma pésimas decisiones; es extremadamente ingenua o extremadamente mitómana; la estrategia de irse contra Ruffo habla de la gravedad de sus asuntos y la urgencia de acallarlo con algo tan grande, tan mediático y tan mal medido, que sin duda ya está viendo que le salió contraproducente. Si hubieran agarrado al mismo tiempo a los funcionarios y exfuncionarios morenistas involucrados en casos de huachicol, a lo mejor se la creíamos, pero resulta que el ensenadense fue el único afectado tras supuestas investigaciones.

En otro tema, sigue la corrupción en los alcoholímetros de Tijuana. Ya lo habíamos publicado en noviembre de 2024, y sigue sucediendo ahora mismo: empleados del ayuntamiento de la coqueta ciudad, que forman parte en las detenciones, solicitan a los ciudadanos dinero para arreglar en lo económico su situación, por lo que no están ingresando al municipio esas cantidades.

El modus operandi es que les piden documentos, los citan cerca de los corralones con dinero en efectivo y documentos oficiales, para hacer un trámite no oficial. A ver si el nuevo presidente municipal, Abdiel Gutiérrez, hace algo, o veremos si Ismael Burgueño solo le encargó que cuidara el negocio.

Adrián Medina Amarillas está considerando aceptar la candidatura a la diputación federal distrito 1. Al doctor le gustó el servicio público, en el que ha tenido varios tropiezos, y su cabeza ha sido pedida por distintos actores políticos. Aún así, le late el corazoncito por entrarle a la política federal.

Conseguirle trabajo a su hija Mónica, creadora de contenido para redes sociales, fue uno de esos tropiezos. Primero estuvo en comunicación social, cuando Néstor Cruz era el titular del área, y luego, malamente, le inventaron un cargo que no existía en el Issstecali, un organismo en quiebra al que le siguen cargando la mano acomodando burócratas.

Por cierto, que Mónica es suplente del diputado local Jaime Cantón. Ambos pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, y desde antes de las elecciones salieron a la luz conflictos entre ellos, ya que al parecer a Cantón no le gustó que Mónica tuviera más atención en las redes sociales y la hicieron a un lado hasta hacerla prácticamente invisible en lo que respecta a su relación con esa diputación.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

El Día del Abogado en México se ha convertido en fiesta de molinos disfrazados de gigantes. El sistema de justicia, tanto local como federal, gira entre corrupción, simulación y falta de acceso real a la justicia. En los tribunales se repiten fraudes disfrazados de elecciones. En los federales se pregona justicia abierta que no abre camino a los desaparecidos ni a los vulnerables. La justicia aparece como doncella vendada, cuando debería mostrarse como dama incorruptible y clara.

Muchos notables callan como mudos. Otros se arriman al poder como moscas a la miel. El mérito no vale si se anda cerca del amo. La mayoría de las facultades de derecho, que deberían ser templos de saber, se prestan a campañas y discursos huecos como mesones de feria, incluso permitiendo que sus espacios se usen para simulaciones políticas que comprometen su neutralidad. Más papeles que justicia. Más sellos que verdades.

Incluso la Suprema Corte organiza eventos de “justicia abierta y cercana al pueblo”. Pero esa justicia sigue siendo simulación: se anuncia como nueva, pero permanece vendada y oculta, envuelta en retórica popular. Ironía pura: el día que debería ser fiesta de la dignidad jurídica se convierte en escaparate de discursos huecos.

No todo está perdido. Hay jóvenes que estudian leyes con convicción, abogados que aún creen en la justicia y maestros y litigantes en retiro, como exjueces, magistrados y ministros éticos que siguen vivos.

El Derecho no es negocio, es servicio. La ética no se predica como sermón, se vive como pan de cada día. Sin embargo, el mensaje que reciben los estudiantes es devastador: el mérito no importa si se está cerca del poder.

La justicia no se tuerce sola. Se tuerce porque hay ciudadanos que la empujan hacia la trampa. Empresarios que contratan abogados sin ética para ganar pleitos injustos, familias que buscan favores en lugar de derechos y ciudadanos que aceptan la corrupción como si fuera camino natural.

El ciudadano no es escudero de la justicia, es cliente que paga por torcerla. La justicia se corrompe cuando la sociedad la tolera como moneda de cambio.

También se dignifica cuando el pueblo exige rectitud y premia a los abogados que sirven con honor. La justicia no puede sostenerse sin respeto a los principios constitucionales. La irretroactividad, el respeto a la propiedad privada, a la certeza jurídica y los derechos humanos no son adornos, son pilares.

La independencia judicial es condición indispensable para que los juzgadores sean capaces de recordar, como en Berlín, que siempre debe haber jueces y magistrados dispuestos a frenar el abuso del poder. Las facultades de derecho deben revisar sus planes de estudio para formar abogados críticos y comprometidos. La crítica debe acompañarse de propuestas: transparencia en tribunales, rendición de cuentas y ética profesional desde la formación.

Existen caballeros y damas de la abogacía que aún dignifican la profesión: estudiantes, litigantes, jueces y ciudadanos que rechazan la corrupción. Ellos son los que demuestran que, pese a todo, aún hay jueces en Berlín.

La justicia, aunque hoy parezca sometida al capricho del poder, todavía puede ser un gigante noble, pero solo si se la enfrenta con convicción y ética.

Este 12 de julio de 2026 no debe ser solo un día de discursos huecos. Recordemos que desde 1960, cuando se instituyó oficialmente el Día del Abogado en México, la intención era honrar la dignidad de la profesión y el compromiso con el Estado de Derecho.

Hoy, más que nunca, esa conmemoración debe ser un recordatorio de que aún hay caballeros y damas de la abogacía que defienden la justicia. Felicitamos a quienes, desde la academia, el litigio, el juzgado y el retiro, sostienen la justicia como pan de cada día. Y a la ciudadanía que elige rectitud sobre simulación.

El Día del Abogado en México no debe ser ritual vacío. Debe ser compromiso con la dignidad de la profesión. La verdadera fiesta será cuando la justicia deje de ser privilegio y se convierta en derecho efectivo para todos. “Porque la justicia no se honra con brindis ni aplausos huecos, sino con sentencias justas, con litigios defendidos con empatía y ética y con enseñanzas académicas que forman generaciones capaces de resistir al poder.”

*Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.