En el mensaje de hoy, con motivo de los dos años de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que las acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos no pueden convertirse en el “principal elector” de México, subrayando que la historia demuestra que las intervenciones extranjeras no generan justicia ni bienestar para los pueblos.

“Eso no lo podemos permitir”, enfatizó la mandataria, y subrayó que el gobierno mexicano no defenderá la corrupción ni la colusión con la delincuencia, y que para combatir estos flagelos existen las instituciones del Estado mexicano, principalmente la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.

Sheinbaum resaltó que el combate a la corrupción ha sido imparcial, al señalar que la Fiscalía ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos cuando se ha comprobado su vinculación con actividades criminales.

En materia de seguridad, presentó los siguientes datos: en 20 meses se ha logrado una reducción del 49 por ciento en homicidios dolosos y del 20 por ciento en delitos de alto impacto. “Vamos a seguir dando resultados en seguridad, atendiendo a las y los jóvenes y acabando con la impunidad”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo reiteró que su gobierno no opta por la “guerra” como en el pasado, sino que construye “paz con justicia”. En este contexto, se dirigió directamente a las autoridades del vecino país del norte, señalando que para disminuir la violencia en México es indispensable que Estados Unidos detenga el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y atienda el grave problema de consumo de drogas en su propio país.

“Así como nosotros actuamos en el nuestro, ellos también deben romper las cadenas de distribución de drogas y el lavado de dinero que ocurre en los Estados Unidos”, indicó.

Sheinbaum subrayó que México cree en la cooperación internacional y en el trabajo conjunto, pero rechazó cualquier forma de subordinación. “Cooperación no significa subordinación, colaboración no significa sometimiento”, aseveró.

La lucha contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida, pero no puede usarse como pretexto para debilitar principios fundamentales del derecho internacional como la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Finalmente, la Presidenta reafirmó la disposición de México a colaborar para evitar que las drogas crucen la frontera, por convicción humanista y por el dolor que este problema causa en las familias estadounidenses.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Llegó agosto antes de tiempo. No en el calendario, sino en la política mexicana. Comenzó oficialmente la temporada del acarreo, esa vieja tradición nacional que durante décadas fue exhibida como símbolo del autoritarismo, del clientelismo y de la simulación democrática.

Curiosamente, quienes más la condenaban hace apenas ocho años son hoy quienes la practican con mayor entusiasmo, mayores recursos y menor pudor.

Bastó que se acercaran los llamados informes, concentraciones políticas y actos de exaltación gubernamental para que cientos de autobuses, camiones, vans y toda clase de vehículos comunitarios reaparecieran y se multiplicaran en las carreteras de Baja California.

El sábado por la tarde, las calles de Mexicali ofrecieron una postal conocida: caravanas completas con destino al Auditorio del Estado para el informe de la senadora Julieta Ramírez Padilla.

Al mismo tiempo, desde distintos municipios se organizaban contingentes para viajar hacia Tijuana para llenar la Avenida Revolución y celebrar los supuestos logros de la presidenta Claudia Sheinbaum y la llamada Cuarta Transformación.

Nada nuevo bajo el sol. La diferencia es que ahora quienes organizan estos espectáculos juraban ser distintos.

Resulta difícil no recordar aquellos tiempos en que Morena denunciaba con indignación cada autobús contratado por los gobiernos priistas y panistas. Entonces el acarreo era corrupción. Era manipulación. Era una ofensa a la democracia. Era una prueba irrefutable de que el pueblo no acudía por convicción sino por obligación.

Hoy, sin embargo, parece que el acarreo cambió milagrosamente de naturaleza. Ya no es acarreo; ahora le llaman “movilización”. Ya no son operadores políticos; son “promotores de la transformación”. Ya no son beneficiarios presionados; son “ciudadanos comprometidos”. Y ya no son recursos públicos; son, según la narrativa oficial, simples gastos logísticos para acercar al pueblo con sus gobernantes.

No importa que sigan faltando médicos y medicinas, que la inflación siga su curso y que la inseguridad avance por más que se maquillen las cifras oficiales.

La realidad es menos poética.

Miles de beneficiarios de programas sociales son convocados una y otra vez para servir de escenografía humana en eventos diseñados para alimentar proyectos personales. A ellos se suman los burócratas que entienden perfectamente que la invitación de sus superiores tiene mucho de obligatoria y poco de voluntaria.

El mensaje es sencillo: hay que llenar plazas, auditorios y avenidas para que las fotografías luzcan espectaculares y los videos transmitan una fuerza política que muchas veces no existe de manera espontánea.

Porque de eso se trata. No de rendir cuentas. No de informar. No de escuchar a la ciudadanía.
Se trata de producir imágenes.

Imágenes para redes sociales. Imágenes para los noticieros. Imágenes para las futuras campañas.
En teoría, los informes de actividades deberían ser ejercicios de transparencia. En la práctica, se han convertido en actos anticipados de promoción política disfrazados de rendición de cuentas.

Algunos ni siquiera esperan los tiempos establecidos y adelantan sus informes porque las aspiraciones electorales tienen prisa.

Lo verdaderamente indignante es el costo. Cada autobús contratado, cada litro de combustible consumido, cada estructura de movilización desplegada representa dinero que sale directa o indirectamente del bolsillo de los contribuyentes. Recursos públicos utilizados para satisfacer el ego de funcionarios que necesitan auditorios llenos para convencerse de su propia relevancia.

La ironía es brutal.

Los mismos que prometieron acabar con las viejas prácticas del régimen terminaron perfeccionándolas. Los mismos que denunciaban el corporativismo ahora dependen de él. Los mismos que aseguraban que el pueblo acudía libremente a respaldarlos son incapaces de arriesgarse a convocar sin garantizar previamente el transporte, la logística y la presión política necesaria para asegurar el lleno.

El acarreo sigue siendo acarreo, aunque le cambien el nombre. Sigue siendo una deformación de la vida democrática, aunque se envuelva en discursos de transformación. Y sigue siendo una falta de respeto para los ciudadanos, aunque los organizadores se empeñen en presentar cada autobús repleto como una muestra genuina de entusiasmo popular.

La temporada apenas comienza. Y todo indica que veremos muchos más camiones, muchas más plazas llenas y muchas más fotografías cuidadosamente encuadradas. Lo que sigue ausente es precisamente aquello que prometieron traer: una nueva forma de hacer política.

El barril sin fondo del ISSSTECALI

Hay una máxima en las finanzas públicas que la clase política de Baja California insiste en ignorar: no se puede sanar un cuerpo enfermo inyectándole sangre si la hemorragia interna sigue abierta.

El ISSSTECALI se desangra. Con un déficit actuarial que supera la escalofriante cifra de 312 mil millones de pesos, la institución de seguridad social del estado camina directo al abismo, arrastrando consigo la viabilidad financiera de municipios enteros y del propio presupuesto educativo. Pero mientras el barco se hunde, la tripulación en el puente de mando sigue acomodando los sillones.

El reciente e implacable informe del Observatorio Ciudadano de Baja California (OBSERBC) no es un frío legajo de números; es la radiografía de una indolencia burocrática institucionalizada. Es inadmisible que, durante once años consecutivos, bajo el mando de cuatro directores distintos, la introducción de las Cuentas Públicas haya sido copiada y pegada textualmente, cambiando solo la fecha.

Esa inercia del copy-paste no es un simple descuido administrativo; es el reflejo de una apatía profunda, una simulación donde lo importante es cumplir con el trámite burocrático en el Congreso mientras el fondo de pensiones colapsa.

Es aquí donde la mirada se posa, inevitablemente, sobre su actual director, Luis Gilberto Gallego. Al asumir el timón de una institución en quiebra técnica, las prioridades tendrían que ser de una disciplina quirúrgica. Sin embargo, en plena tempestad, el instituto se dio el lujo de diseñar cuatro nuevos departamentos administrativos —Coordinación de Cuenta Pública, Emisiones, Revisiones Administrativas y Sub-recaudación— a un costo de 700 mil pesos anuales cada uno.

Lo grave no es solo el gasto; lo verdaderamente ácido es que estas “jefaturas” se crearon violando la propia norma orgánica, pues no cuentan con personal operativo a su cargo. Son estructuras vacías, jefes sin batallón, creados aparentemente para engordar el aparato estatal o saldar compromisos de escritorio.

Si Luis Gilberto Gallego quiere demostrar un interés genuino y una preocupación real por salvar al ISSSTECALI, tiene que pasar de los lamentos públicos a las cirugías mayores. El verdadero saneamiento financiero no comenzará pidiendo más ampliaciones presupuestales al Gobierno del Estado para tapar el bache del mes; comenzará limpiando la casa por dentro. Urge una reingeniería burocrática que extirpe la grasa administrativa y la opacidad.

¿Dónde está la preocupación del director cuando vemos que los servicios financieros y bancarios se dispararon de un presupuesto de 9.9 millones a 781 millones de pesos ejercidos en un año? ¿Cómo se justifica que más del 70% de las compras de medicamentos ocurran fuera de licitaciones públicas transparentes?

Si hay voluntad política, el director debe ordenar hoy mismo una auditoría de puestos, congelar de manera absoluta las plazas administrativas vacantes y revisar con lupa las Condiciones Generales de Trabajo.

No es justo que los ciudadanos y los trabajadores que sí cotizan subsidien rifas millonarias y bonos discrecionales para una cúpula burocrática atrincherada.

Entrarle en serio al ISSSTECALI exige humanizar el problema. Detrás de las frías gráficas del déficit hay maestros jubilados con nombres y apellidos esperando medicamentos que no llegan y hospitales saturados. Cada peso que se gasta en una jefatura fantasma o en comisiones bancarias opacas es un peso que se le roba a la salud de los derechohabientes.

La moneda está en el aire para Luis Gilberto Gallego. O pasa a la historia como el director que se atrevió a desmantelar los feudos burocráticos y negociar las duras verdades con el sindicato, o se convertirá en un nombre más de la lista de aquellos que prefirieron la comodidad de aplicar el copy-paste mientras el instituto terminaba de quebrar.

Para salvar al ISSSTECALI ya no quedan parches contables; solo queda la valentía de la reingeniería estructural. La burocracia ya no puede seguir devorándose el futuro de Baja California.

Este sábado es el informe de la senadora morenista por Baja California Julieta Ramírez, exasistente de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y pareja sentimental del secretario del Bienestar estatal, Netza Jáuregui.

El primer informe de la legisladora con cero iniciativas propias aprobadas, se llevó a cabo en 2025 en la explanada de la bandera monumental en Mexicali, un espacio público que se llenó en gran medida gracias al acarreo. Este segundo informe será en el auditorio estatal, un inmueble administrado por el estado y del que ya hemos pedido por escrito las condiciones del préstamo o arrendamiento, en su caso.

El rol legislativo de Julieta es más de defensa, vocería y lealtad a la agenda de la 4T que de autoría de iniciativas emblemáticas (o las que sean). Es común en legisladores de mayorías fuertes: presentan pocas iniciativas individuales y se enfocan en aprobar la agenda presidencial y repetir hasta el cansancio el discurso morenista de manera general pero sin entrar en detalles de personajes o hechos que evidencian la corrupción o los nexos con el crimen organizado de funcionarios guindas.

Este domingo se llevarán a cabo concentraciones en todo el país para la “celebración” de los dos años de Claudia Sheinbaum en el poder. Empleados de confianza de todos los niveles de gobierno y de todas las dependencias, han expresado que se les han dado instrucciones verbales -que no quede huella que no y que no- para acudir con sus propios recursos y de preferencia acompañados, a la concentración en Tijuana a las 8 de la mañana. Esto da pie para analizar los siguientes puntos:

1. Abuso de poder

La burocracia pública -federal, estatal y municipal-, debería servir al Estado mexicano, no al partido en el poder ni a la figura presidencial. Obligar a empleados a asistir a un acto político en su día de descanso es una forma de clientelismo coercitivo que convierte al gobierno en una maquinaria de movilización partidista. Y sí, seguramente dirán que también lo hacían el PRI y el PAN, pero recordemos que ellos dijeron que eran diferentes, y cada año que pasa mientras están en el poder, se desdibuja el argumento del pasado como justificación.

2. El domingo es día de descanso

El domingo es para la familia, el reposo, la religión o simplemente recuperar energías. Forzar a la gente a levantarse temprano, viajar, gastar sus recursos y “aplaudir” en un evento político se traduce como la subordinación de los trabajadores a la celebración del poder; el chantaje de obedecer o perder el trabajo.

3. Simulación de apoyo masivo

Cuando se obliga a los burócratas a movilizarse y se les pide que lleven “acarreados”, lo que se busca no es un diálogo con la ciudadanía, sino fabricar una imagen de fortaleza y apoyo. pero si el apoyo fuera tan amplio y orgánico como se dice, bastaría con invitar voluntariamente. Los verdaderos líderes llenan plazas con apoyo genuino, sin acarreos, sin amenazas.

4. Normalización de prácticas autoritarias

Uno de los riesgos más graves de estos gobiernos con mayoría abrumadora es la tentación totalitaria: usar el control del aparato estatal para perpetuarse. Obligar a empleados públicos a participar en actos de culto a la personalidad (o al movimiento) es un clásico de regímenes que confunden “el pueblo” con “mis seguidores”. Y aunque no es ilegal en sentido estricto, por supuesto es éticamente reprobable y corrosivo para la democracia.

5. ¿Y la oposición?

Hay que decirlo con claridad: este tipo de prácticas no empezaron en 2018 ni en 2024. Hubo acarreados y uso de recursos públicos en sexenios anteriores del PRI y del PAN. Pero eso no justifica nada; ya basta de traer lo malo del pasado para justificar lo malo del presente. La continuidad de malas prácticas no es “transformación”, es reproducción del viejo sistema con nueva retórica.

En conclusión, una presidenta segura de sus logros debería confiar en que la gente acuda por convicción, no por miedo a perder el empleo. Qué verguenza para los gobiernos estatales tener que recurrir a esta estrategia. Cuando el poder necesita demostrar su fuerza obligando a sus propios empleados a aplaudir, es señal de que algo no anda bien.

Lo que está generando acciones como esta, es primero, resentimiento de los burócratas, de base o de confianza, al sentirse moneda de cambio para quedar bien con la presidenta. Segundo, el crecimiento de informantes desde adentro del poder, ante la evidencia de que quienes ostentan el poder no solo no son iguales, sino peores que aquellos a quienes criticaron, al darse cuenta del desaseo de recursos económicos, humanos y materiales que existe en toda oficina gubernamental; y tercero, la pérdida de libertades, la erosión de la democracia y la dificultad de encaminar las cosas a una normalidad en la relación entre gobernantes y gobernados que probablemente nunca ha existido en México.