Política
La opulencia del estratega de comunicación
SEGUNDA PARTE
Por Dianeth Pérez Arreola
Un viñedo en el Valle de Guadalupe, 25 hectáreas en Valle Seco en Ensenada, y tres terrenos en un exclusivo residencial en Playas de Rosarito son las propiedades de Ariel Lizárraga Montero que se pueden documentar en el Registro Público de la Propiedad. Nada mal para quien gran parte de su vida profesional ha sido funcionario público.
“Iniciativa Fuerza Baja California A.C.”
El primer registro que aparece cronológicamente en los datos recabados en el Registro Público de la Propiedad es la constitución de la Asociación “Iniciativa Fuerza Baja California” (partida 5272581), cuya intención era aglutinar a varios sectores de la sociedad civil y a diferentes corrientes políticas para poner los reflectores sobre Fernando Castro Trenti y apuntalar sus intenciones a obtener la candidatura del tricolor a la gubernatura.
El 29 de marzo de 2012 se constituyó la iniciativa, cuyo objeto era “la realización de actividades tendientes al mejoramiento y conservación de la calidad de vida de la comunidad bajacaliforniana; la realización de acciones encaminadas a la conservación, mantenimiento y protección del medio ambiente; y la coordinación con las diversas instancias de gobierno e instituciones, tanto municipales, estatales y federales en proyectos y programas de mejoramiento de nuestra comunidad”.
La administración estaba conformada por Julio Felipe García Muñoz como presidente; como secretario, Ariel Lizárraga Montero; el tesorero era Horacio Ruvalcaba Sánchez; los vocales: Benjamín Bautista Ortega, Marcelo de Jesús Machain Servín y Daniel Romero Mejía.
García Muñoz y Lizárraga Montero coincidieron en el gobierno municipal de Hank en Tijuana y posteriormente en la XX legislatura, donde el primero fue diputado y el segundo, director de Comunicación. Ruvalcaba Sánchez trabaja en el Congreso del Estado; representa al director de administración en las sesiones del Comité de Transparencia.
El resto de los integrantes están ligados al gobierno municipal de Tijuana, y a Castro Trenti. Cabe destacar que la alcaldesa Montserrat Caballero es muy cercana a este personaje; incluso le ofreció la Secretaría de Gobierno en 2022.
Benjamín Bautista Ortega era director general de Procesos Parlamentarios en la XX Legislatura y actualmente jefe administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Ayuntamiento de Tijuana. Marcelo de Jesús Machain Servín es oficial mayor del gobierno municipal tijuanense, y Daniel Romero Mejía fue asesor de regidores en el ayuntamiento de Tijuana tres meses al inicio del 2022. Al final del segundo mes fue nombrado titular del secretariado ejecutivo de la SSPC cuando la encabezaba Gilberto Landeros. El empresario y excandidato a la alcaldía tijuanense también trabajó junto a Castro Trenti en la embajada Argentina.
Hacienda Vista Mar, Playas de Rosarito
En abril y mayo de 2012 hubo tres operaciones de compraventa en lotes continuos en el fraccionamiento Vista Mar, ubicado en Playas de Rosarito, por un total de 37 mil 700 dólares equivalentes a 435 mil 944 pesos.
Con fecha 11 de abril 2012 (folio 525306, partida 6031123). Lote 10 manzana 935 en fraccionamiento Hacienda Vista Mar, Rosarito BC. Predio urbano, con superficie de 224.93 metros cuadrados, sin construcciones, por un monto de 18 mil 500 dólares, equivalentes a 179 mil 944 pesos.
El siguiente fue el 16 de mayo 2012 (folio 525305, partida 6031122). Lote 8 manzana 935 en fraccionamiento Hacienda Vista Mar, Rosarito BC. Predio urbano, con superficie de 160 metros cuadrados, sin construcciones, por un valor de 9 mil 600 dólares, equivalentes a 128 mil pesos.
Ese mismo día, el 16 de mayo 2012 fue la otra compraventa (folio 525307, partida 6031124). Lote 9 manzana 935 en fraccionamiento Vista Mar, Rosarito BC. Predio urbano con superficie de 160 metros cuadrados, sin construcciones, con costo de 9 mil 600 dólares, equivalentes a 128 mil pesos.


Hacienda Montero, Ensenada
Hacienda Montero está en una parcela del ejido El Porvenir, en Ensenada BC. Al momento de la compra, en junio de 2013 era un predio con superficie de 56 mil 359 metros cuadrados, sin construcciones. Su valor de avalúo fue de 2 millones 590 mil pesos, aunque según un deslinde se estipula la superficie real en 42 mil 753 metros cuadrados y por tanto el valor de la operación desciende a 1 millón 948 mil 835 pesos (folio 762289, partida 5259552)
“Somos uno de los pocos viñedos de ladera al estilo europeo que hay en la zona. Las laderas son el suelo ideal para la uva por ser suelos bien drenados y con altos contenidos de minerales al ser rocosos y tener amplia exposición al sol”, indica la descripción del lugar en su sitio de internet.

El lugar, ubicado muy cerca de la famosa Cocina de Doña Esthela, ofrece 3 paquetes de degustaciones. El primero incluye tres de sus cinco vinos y cuesta 300 pesos. El segundo paquete incluye tres vinos tintos por 425 pesos, y el último es la degustación de los cinco vinos por 590 pesos.
Una cata guiada con recorrido a vinícola y viñedos cuesta mil 200 pesos; una cata guiada de vinos tintos, 900 pesos. Los vinos de esa empresa han ganado dos galardones: la Medalla de Oro en el New York International Wine Competition en 2019, y la Medalla de Plata en el Concours Mondial de Bruxelles en 2020.

Es una empresa en la que Ariel ha invertido millones de pesos. Nada que ver con aquella minúscula boutique de vinos propiedad de su familia.
Sus consentidos en los medios le han ayudado a promocionar su empresa, como el difusor de contenido Jousin Palafox, en un video. Sol León, la influencer que llevó la gobernadora a una conferencia mañanera para hablar de cirugía plástica, cuando las madres contra la violencia vicaria tenían medio año pidiendo audiencia. León también promocionó Hacienda Montero.

Además de Ruth Duarte, quien grabó un video en ese lugar. En la página de Facebook de la influencer, anota como dirección web la página del periodista Alfredo Álvarez.
En el primer semestre de este 2023, hubo una fiesta en Hacienda Montero a la que pidieron asistir a varios políticos y funcionarios para darle lucimiento. Algunos invitados experimentaron la invitación como una obligación más que como una cortesía, pero había que demostrar que el propietario se codea con la crema y nata de la política, sobre todo a los grandes nombres del Valle de Guadalupe, que no admiten a Lizárraga Montero en su selecto círculo.
Valle Seco, Ensenada
Este registro del 13 de agosto de 2014 señala que se trata de un predio tipo rústico ubicado en Valle Seco, Ensenada BC de 25 hectáreas (folio 617932, partida 5272581). Es un área algo escondida a la que se accede por camino de terracería antes de llegar al Valle de Guadalupe por la carretera Tecate-Ensenada.
La zona tiene varios cuerpos de agua y un par de industrias grandes, ganado y algunos viñedos. Cuando Antonio Magaña y Lizárraga Montero eran cercanos, hablaron de comprar terrenos en Valle Seco, pero finalmente no se concretó esa sociedad.



Al escribir las claves catastrales de sus predios en Ensenada en el portal de ese ayuntamiento, aparece la leyenda “este predio cuenta con un convenio con el municipio por lo que no es cobrable. Favor de comunicarse a Recaudación de Rentas”, lo que parece indicar que tiene adeudos pendientes.
Una fuente asegura que Lizárraga Montero fue multado hace tiempo por extraer agua de pozos para regar los viñedos sin autorización, aunque en Conagua, niegan tener registro de alguna multa. Las sanciones por sobreexplotación de acuíferos varían según las circunstancias y las leyes locales; las sanciones pueden incluir multas, suspensión de permisos de extracción de agua y clausura de pozos. Las multas y sanciones podrían aumentar en caso de reincidencia o de daños ambientales significativos.
Estatal
PAN propone hasta 140 años de prisión para “narcopolíticos”
La diputada federal, Eva María Vásquez, informó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 y una adición al artículo 123 Bis del Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de establecer penas máximas para políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.
Expuso que las sanciones podrían alcanzar hasta 140 años de prisión cuando se trate de servidores públicos o actores políticos involucrados con organizaciones criminales, a fin de evitar que quienes estén en la función pública tengan acuerdos o presuntos vínculos con grupos delictivos.
La legisladora panista afirmó que existe un presunto “narco pacto” con grupos criminales y demandó a las autoridades en el poder a romper cualquier acuerdo de esa naturaleza.
Durante su declaración, Eva María Vásquez también cuestionó los mecanismos internos de Morena para impedir la infiltración del crimen organizado en la política; aseguró que, pese a los filtros anunciados por ese partido, presuntamente existen figuras políticas que mantienen cercanía o reciben protección de sectores vinculados con el poder.
Con ejemplos, la diputada federal mencionó los casos recientes de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Andy López Beltrán, entre otros integrantes y figuras cercanas a Morena; sostuvo que existe “mucha tela de donde cortar” y consideró que una revisión de las principales filas de Morena permitiría identificar a personas que, desde su perspectiva, deberían ser investigadas.
Estatal
Pide CCE traducir compromisos del 2do informe en beneficios reales
Tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California emitió un llamado a la administración federal para pasar de los anuncios a las acciones concretas.
El organismo empresarial enfatizó que el desarrollo del país debe reflejarse en la inversión productiva, el fortalecimiento de las PyMEs, la seguridad de las familias y la generación de empleo formal.
A través de un comunicado firmado por Octavio Sandoval López, presidente coordinador de los CCE del estado, el sector productivo reconoció los logros en materia salarial, la apertura al diálogo y la estabilidad en indicadores macreconómicos.
Entre estos destaca la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, así como el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.9 por ciento en el segundo trimestre.
Sin embargo, el organismo advirtió sobre rezagos en la economía real, como la baja inversión productiva pues la inversión fija bruta lleva más de 18 meses estancada.
Además, solo el 7.8 por ciento de la IED corresponde a nuevos proyectos, mientras que la inversión privada cayó al 17.9 por ciento del PIB -su nivel más bajo desde 2020- y la pública se situó en un 3.3 pir ciento.
También, el CCE alertó que la deuda pública se aproxima a los 21 billones de pesos. De no lograr un crecimiento económico sostenido superior al 3 por ciento anual, el país enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión, encareciendo el pago de intereses.
Entre enero y julio de 2026 se registraron 243,078 nuevos puestos ante el IMSS, cifra equivalente a menos de la mitad de los 700 mil empleos que requería el mercado laboral en dicho periodo, precisa el comunicado.
En el rubro de seguridad, el sector empresarial puntualizó que una de cada dos empresas fue víctima de algún delito entre octubre de 2025 y marzo de 2026, siendo la extorsión el delito con mayor incidencia.
Además, expresaron preocupación por el registro nacional de más de 132 mil 800 personas desaparecidas, indicando que la baja en la percepción de violencia no refleja del todo la realidad que viven los ciudadanos y las unidades económicas.
Respecto a los proyectos de infraestructura para Baja California y el noroeste del país, el comunicado señala retrasos en obras clave, como las plantas de generación eléctrica en Mexicali y Sonora que corresponden a la administración anterior.
La planta desalinizadora en Playas de Rosarito no ha iniciado obras y los 5,000 paneles solares contemplados para Mexicali no han concluido su instalación, destaca el CCE estatal.
De cara a la próxima revisión del T-MEC, el CCE bajacaliforniano instó a fortalecer la certidumbre jurídica, mejorar el abasto de energía, agua y gas, así como modernizar las carreteras y cruces fronterizos.
“El diagnóstico debe partir de cómo se siente la gente, no de cómo se siente el Gobierno”, concluyó el pronunciamiento respaldado por los consejos coordinadores empresariales de Tecate, Ensenada, Mexicali, Tijuana y Rosarito.
Estatal
PRI acusa al IEEBC de retrasar investigación contra Julieta y favorecer a Morena
Esta mañana el representante jurídico del CDE del PRI, Joel Blas, cuestionó la actuación del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ante el retraso en la atención de una denuncia relacionada con presuntos actos anticipados de campaña por parte de la senadora con licencia Julieta Ramírez.
Señaló que la denuncia fue presentada desde el pasado 9 de abril y que fue hasta ayer 1 de septiembre cuando el organismo electoral abordó el tema de las medidas cautelares, casi cinco meses después.
Explicó que dichas medidas contemplan el retiro de mantas, bardas y contenidos de algunos sitios de internet, pero responsabilizó al IEEBC de no haber actuado oportunamente; aseguró que el instituto comenzó a atender el caso luego de que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado lo obligara a hacerlo, determinación que, dijo, fue ratificada por la Sala Guadalajara.
Para concluir Joel Blas adelantó que el partido está a la espera de ser notificados con respecto a las medidas cautelares y como sospechan que Morena impugnara la decisión, por lo que estarán al pendiente.
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